Como ovejas al matadero

¿Por qué ocurre esto? La analista y abogada penalista española Bárbara Royo razona que la necesidad de la gente en informarse sobre temas criminales ocurre porque pretenden descifrar las razones y circunstancias que llevan a un semejante a cometer atrocidades que ellos, los “buenos”, no podrían ni siquiera pensar en llevarlas a cabo. Para Royo influye la fascinación, una atracción irresistible y morbosa que esos hechos despiertan. No en vano el vespertino uruguayo El Diario, especializado en la información policial con acento en el sensacionalismo, llegó a vender entre los años 60 y 70 casi 50.000 ejemplares diarios, un volumen que difícilmente pueda repetirse, ya que hoy no lo alcanzan todos los diarios juntos.

Por esa razón a fines de 2020 decenas de abogados especializados crearon la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay (AAPU). Esta entidad de naturaleza gremial tiene como principal objetivo proteger las garantías del derecho de defensa, que para muchos el CAU no atiende como es debido.

El día de esa creación, el monopolio gremial que tuvo el CAU en los últimos 93 años se terminó. La irrupción de la AAPU, integrada por combatientes frontales como Juan Fagúndez, Jorge Barrera, Juan Carlos Fernández Lecchini, José Luis González, Laura Robatto, Alejandro Balbi o Enrique Moller, entre varias decenas, presagiaba enfrentamientos debido a los diferentes estilos de actuar y de comunicar.

El 29 de mayo los penalistas asestaron el primer golpe. Mediante un comunicado calificaron de “injustas y repudiables” las expresiones de la abogada del Consultorio Jurídico de la Udelar Soledad Suárez, representante de Romina Celeste Papasso, que denunció al senador Gustavo Penadés por abuso sexual. Los dichos de la abogada sin especialización en derecho penal descalificaron a Fernández Lecchini por pretender conocer los nombres de todos los denunciantes. El cuestionado actúa como abogado de Sebastián Mauvezin, investigado como “gestor” de menores para otros abusos del senador.

La fiscal Alicia Ghione mantiene esos nombres en reserva para proteger a las víctimas pero el abogado reivindica su derecho a conocerlos para desarrollar un mejor trabajo profesional de defensa.

Esta es una cuestión que definirá un Tribunal de Apelaciones. Lo que irritó a los penalistas fueron las declaraciones de Suárez a Montevideo Portal. Dijo que ante la pretensión de su colega de conocer los nombres se le “prenden todas las alarmas”.

“Yo tengo que proteger a las víctimas siempre, pero ahora más que nunca. ¿Por qué quiere acceder al nombre de los menores? Es una pregunta, que cada uno saque sus propias conclusiones”, añadió. Similares expresiones planteó Papasso en Twitter.

“Las manifestaciones de Suárez y de su representada, que pretenden atribuirle al doctor Fernández Lecchini intenciones aviesas o algún interés espurio de presionar indebidamente a los denunciantes, son injustas y repudiables”, dijeron los penalistas. Remarcaron “que un defensor pretenda conocer el nombre de quien denuncia a su cliente es ignorar el deber elemental que tiene cualquier abogado de saber esos datos para preparar adecuadamente su defensa”.

Los penalistas valoraron como “graves” esas actitudes de Suárez, “aún más reprochables al tratarse de una docente que invoca la representación del Consultorio Jurídico de la Udelar (…), es preocupante que se esté trasmitiendo a los alumnos ese tipo de conceptos y un modelo de comportamiento indebido, incompatible con el adecuado derecho de defensa”.

Casi de inmediato el CAU intervino de oficio y sorprendió porque para llevar agua a su molino y al de Suárez pretende limitar el ejercicio de la libertad de expresión. Argumenta en un comunicado sobre el “respeto” que debe mantenerse entre abogados y cuestiona la “utilización del discurso público” en los medios de comunicación. Las expresiones en contra de estos principios y garantías, dice, “afectan las bases de nuestro Estado de derecho, por lo que merecen nuestro más enérgico repudio y trabajo para ello no siempre saliendo al grito en los diferentes medios de comunicación”.

Pese a este último argumento, el CAU actuó en contra de lo que les cuestiona a los penalistas: distribuyó la resolución de su directiva a todos los medios de comunicación y a través de algunas redes sociales.

Por alguna razón que consideraron conveniente, los directivos del CAU olvidan que la Constitución en su artículo 29 establece el derecho a expresar, difundir, buscar, recibir y compartir información e ideas sin injerencias ilegítimas. Similar al que consagra el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El comunicado del colegio aclara al comienzo que la posición de su directorio integrado por 11 abogados se decidió “por mayoría”. Pero omitió aplicar la transparencia que razonablemente ha exigido en otras circunstancias al dejar sin respuesta alunas interrogantes centrales. ¿Cuál fue la diferencia de votos entre la mayoría y la minoría de los 11 integrantes del directorio? ¿Qué argumentos esgrimió la minoría para no votar a favor del contenido del comunicado? ¿Por qué el CAU no individualiza a unos y a otros directivos? ¿Lo hace para protegerlos frente a sus clientes? ¿Por qué razón oculta esa información detrás de una prédica preñada de intereses ajenos a la denuncia de los penalistas y limitante de la libertad de expresión? (1)

Sería bueno que los directivos consideraran un aserto del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, aunque haya sido expresado a comienzos de 1800: “Si nos quitan la libertad de expresión, nos quedamos mudos y silenciosos y nos pueden guiar como ovejas al matadero”. Todos somos potenciales ovejas.

(1) Según la página web del colegio, los integrantes de la directiva son: presidenta, Laura Capalbo, vicepresidente, Ricargo Mezzera, secretaria, Macarena Fariña, prosecretario, Alfredo Taullard, tesorero, Alejandro Pintos, vocales, Karla Bartel, Natalia Blengio, Mariel Camejo, Marcelo Cousillas, Rodrigo Deleón y Gastón Gianero. El comunicado lo firman Capalbo y Fariña.