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El corte de cinta, esa ceremonia inaugural de una obra pública que regocija a jerarcas y a muchos políticos —especialmente en tiempos de campaña electoral— es, en realidad, el cierre de un proceso por lo general largo que sorteó diferentes etapas burocráticas, técnicas y, en algunos casos, también políticas. En el corazón de ese trámite está una institucionalidad con poca visibilidad pero que tiene asignado un rol clave: el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
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Fue creado mediante la Ley de Rendición de Cuentas de 2011, iniciando la administración del presidente José Mujica, como un conjunto de normas y procedimientos fijados para “ordenar y orientar el proceso de inversión pública en el país, sin perjuicio de las autonomías y competencias constitucionales, a fin de optimizar la asignación de recursos públicos con ajuste a las políticas sectoriales nacionales diseñadas por el Poder Ejecutivo”.
El SNIP, que funciona en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), alcanza a “toda institución que proyecte y ejecute inversión pública”, en particular los organismos comprendidos en el Presupuesto Nacional; los entes autónomos y servicios descentralizados industrial y comercial del Estado; los gobiernos departamentales; las personas de derecho público no estatal; las entidades privadas de propiedad estatal, y las sociedades de economía mixta. Están obligadas a formular sus proyectos de inversión pública —de capital físico, humano o de creación de conocimientos (investigación y desarrollo)— según los lineamientos y las metodologías establecidas por el SNIP, y deben presentar los estudios correspondientes y registrar estos planes en el Banco de Proyectos de Inversión Pública que lleva el sistema. Sin informes que los avale, no pueden llevarlos adelante; también durante su ejecución deben informarle al SNIP el avance físico y financiero.
Al cierre del año pasado el banco tenía inscriptos 1.256 proyectos, la mayor parte (709) fueron promovidos por organismos de la administración central y por los entes (360). Esa cifra total fue ligeramente menor a la de 2021 (1.297), pero está por debajo de las cantidades del gobierno de Tabaré Vázquez (1.345 en 2018 y 1.398 en 2019), informó a Búsqueda la OPP en respuesta a un pedido de acceso a la información pública. En 2020 fueron 1.174, un dato que decantó de una “racionalización” efectuada al registro —solo para ese año— por las nuevas autoridades de la administración multicolor, eliminando los proyectos por montos menores a $ 1.000 y que no estaban en ejecución; también agruparon aquellos que “contribuían a un mismo objetivo” pero estaban inscriptos varios por separado. En total, se depuraron de la estadística 266 planes.
Al cierre del año pasado había registrados en el banco decenas de proyectos que juntos sumaban $ 51.826 millones y otros con inversiones en dólares por US$ 1.368 millones en total.
Procedimiento
Todos los planes, independientemente de su fuente de financiamiento, tienen que ser presentados ante el SNIP y registrados en el banco. Una vez inscriptos, el SNIP controla que cumplan con los requisitos formales y, de ser así, se los considera admitidos y el sistema determina el nivel de exigencia correspondiente al proyecto.
La OPP, a través del SNIP, debe emitir un informe de conformidad técnica al conjunto de los estudios para cada una de las etapas de la fase de preinversión. Ese informe es el requisito mínimo para poder iniciar los trámites para el financiamiento. A su vez, en un plazo máximo de 90 días la oficina encabezada por el colorado Isaac Alfie debe emitir un dictamen técnico favorable. En caso de que la OPP realice observaciones a un estudio en la etapa de preinversión, queda “pendiente” hasta que el organismo proponente levante las objeciones. Sin ese dictamen técnico favorable, un plan no puede continuar su ciclo de vida dentro del SNIP.
De las estadísticas de la OPP surge que, al término de 2022, había 36 proyectos en fase de preinversión (la mayoría eran de los gobiernos departamentales, 20 en total) y 1.220 en ejecución.
El listado de proyectos entregado en papel —y no en hojas de cálculo— dificulta la sistematización y el análisis de la información. Entre los más grandes en pesos están, por ejemplo, uno del Ministerio de Vivienda de “transferencia de capital” ($ 1.234 millones) en Canelones y otro en $ 3.842 millones en Montevideo, así como un par de “capital fijo” de Transporte y Obras Públicas en Florida ($ 1.191 millones) y Rocha ($ 1.935 millones). La Administración Nacional de Educación Pública también tiene planes por montos relativamente altos, entre ellos, alguno de “capital fijo” en la capital por $ 2.207 millones.
Entre los proyectos relativamente chicos lista, por ejemplo, uno en Soriano del Ministerio de Economía ($ 39.137) o varios de la Corte Electoral por $ 40.000, también en “capital fijo”. El Ministerio del Interior tiene una inversión por $ 15.000 en Flores.
Puerto
De todos los proyectos ingresados al banco, solo uno fue rechazado —es decir, que no se le otorgó el dictamen técnico—, pese a lo cual fue habilitado por intervención del Poder Ejecutivo mediante una resolución tomada en 2019. Se trata de una inversión para la “readecuación y refuncionalización del Puerto de Punta Carretas” por un monto de $ 530 millones, una licitación promovida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que incluyó la construcción de una marina para embarcaciones deportivas. La respuesta de la OPP adjuntó esa norma, firmada por el entonces presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Economía de la época, Danilo Astori, dándole curso a esa obra pese a no contar con el visto bueno técnico de la OPP. Pocos días después, la constructora adjudicataria, Saceem, inició los trabajos.
El proyecto quedó suspendido en 2021 en el contexto de la pandemia de Covid, a la vez que surgieron dudas acerca de su viabilidad económica en su diseño original.
