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El candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, gremialistas y gobernantes, han cobijado directa o indirectamente al ex director de ASSE, Alfredo Silva, omitiendo que la corrupción no solo debe asociarse con delitos sino con formas amplias de degradación e inmoralidad, como el abuso del poder. Minimizar o desviar la atención por interés partidario o gremial es simple complicidad y una burla para el ciudadano.
No alcanza con estadísticas que indiquen que en Uruguay hay poca corrupción. No lo cree gran parte de la opinión pública. Especialmente cuando se observa que quienes deben protegerlos justifican a los corruptos. Según la Suprema Corte de Justicia, entre 2003 y 2013 se registraron 1.100 procesamientos por delitos contra la administración: uno cada tres días y desde antes, de todos los partidos.
Como defensa de algunos actuales, se ha argumentado que “no se metieron plata en el bolsillo” y actuaron en beneficio de terceros o del Estado. Tramposo: 1) Para determinados delitos no es necesario meterse dinero en el bolsillo; basta con violar la ley; 2) El hombre es libre, puede elegir, y es moralmente responsable de su desobediencia a la ley; 3) ¿Quién puede asegurar que no se llevaron nada? ¿Por simpatía, intuición o sensación térmica?
Los gobernantes, dirigentes políticos o gremiales, rara vez expulsan a los corruptos pese a que esa enfermedad es más virulenta que la peor epidemia. Es mentira que les cortan las manos por meterlas en la lata. Los respaldan como los tahúres con cartas marcadas de justificación en la manga.
El ejemplo más público y sin precedentes históricos fue el de gobernantes manifestando por la calle en contra de los procesamientos del ex ministro Fernando Lorenzo, del ex presidente del Banco República Fernando Calloia y del ex intendente de Treinta y Tres Gerardo Amaral. Sin llegar a ese patético nivel de barras bravas, los respaldos ocurren desde el origen de los tiempos. Apoyaron a Demóstenes, político ateniense, cuando fue acusado en 324 aC de apoderarse de dinero ajeno. Lo condenaron y forzaron a revertirlo. Es inmoral cerrar los ojos e hipocresía hablar del pasado para buscar quién tiró la primera piedra. Los 1.100 son iguales.
Luego de leer con lupa los argumentos del fiscal Gilberto Rodríguez y del juez Néstor Valetti no hay dudas: Heber Tejeira, encargado de la Comisión de Tercerizados de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) —quien fue grabado recibiendo “sobres” para asaditos— y Silva son corruptos, le moleste a quien le moleste.
Sin embargo, como diletante del boxeo, Vázquez hizo esquives y tiró varios ganchos: “Ninguna fuerza política está vacunada contra la corrupción (…) no empezó con mi gobierno (…) nunca hubo un problema (…) esa no es la regla, es la excepción”. Veremos qué pasa en otros hospitales y con el equipamiento de las ambulancias. El KO lo ronda.
El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, no practica boxeo sino patinaje. Admitió que el gobierno tenía “algún dato” sobre lo que pasaba y que “alguna presión ejercía Silva”, pero era “de oídas”. ¡De oídas! ¿Además de patinar mal no sabe leer? En abril de 2012 la Junta de Transparencia y Ética Pública del Poder Ejecutivo envió al Parlamento un extenso informe sobre las irregularidades en ASSE luego de una denuncia del senador blanco Luis Alberto Heber, de noviembre de 2011.
Como los discursos parecieron insuficientes, irrumpió la patota sindical. La presidenta de la FFSP, Beatriz Fagián, amenazó con parar todos los meses para que los trabajadores tercerizados puedan cobrar. Parece que el único que forzaba a las empresas para que pagaran era Silva (“una referencia”) y ahora no está. “Viviremos de paro en paro. Eso es lo que va a pasar porque las empresas nunca cumplen”, advirtió la buena señora.
Para completar el aval a los corruptos, la FFSP instó a sus afiliados a poner dinero para pagar los honorarios del abogado de Tejeira y Silva. ¡Eso es solidaridad! Se corrompen y cuando los pescan hay que pagarles la defensa.
Hace poco, el candidato presidencial colorado Pedro Bordaberry propuso legislar para establecer la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Pensé: “¡Más normas penales!”. Luego, repasando hechos y reacciones, me di cuenta de que tiene razón. Quizá no imprescriptibles, pero sí una prescripción mayor que abarque dos o tres períodos de gobierno. Veremos quién se sube a ese carro.
Los gobernantes pasan y muchos corruptos de todos los partidos quedan. Cuando viene una nueva administración las corrupciones de la anterior pasan a un segundo o tercer plano. Es el momento de la impunidad.
La corrupción en Uruguay, desde apurar un trámite o “arreglar” una multa, pasando por estratagemas para obviar una licitación, hasta filtrarle datos a un empresario para su beneficio comercial, son acciones sistemáticas, digan lo que digan las encuestas y los gobernantes. También institucionales.
Hoy el país atraviesa por una situación de buenos indicadores económicos y laborales, pero por aquello de los ciclos algún día lo bueno se termina. Ya desaparecieron valores, ética y paradigmas. Entonces como hoy en España, Italia, Brasil, Venezuela o Argentina, saldrán cangrejos, sapos y culebras de abajo de las piedras y habrá que estar prevenidos. O buscar justificaciones y juntar dinero para pagar la defensa de los mafiosos.
