Con fecha de caducidad

La columna de Mercedes Rosende

7 minutos

Nº 2144 - 14 al 20 de Octubre de 2021

Todos hemos oído hablar de Stanford y de Princeton y de Cornell, tres de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y del mundo. Lo que quizá no supiéramos es que son, además, las que tienen el índice más alto de denuncias por violencia y acoso sexual: esas tres universidades acumulan más de 300 expedientes. Sin embargo, dicen las estadísticas de la Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto (Rainn, en inglés) que dos tercios de las agresiones no se denuncian, y la mayoría de las que sí se denuncian se procesan dentro del mismo ámbito académico en el que se produjeron. Sí, las instituciones universitarias prefieren la vía interna o administrativa antes que la policial, o sea, el viejo y conocido “los trapos se lavan en casa”. De esta forma, no son raros los casos que se laudan con multas, por ejemplo, de 400 dólares o con suspensiones por un semestre.

Y hay dos buenas razones para que estas denuncias sobre hechos ocurridos en los campus universitarios no se procesen o se empantanen o se archiven: primero, el alumnado podría desertar de la institución (ya se sabe que la educación es uno de los negocios más lucrativos, y no se puede matar a la gallina de los huevos de oro) y, segundo, hay que cuidar los apoyos económicos, porque esas instituciones dependen en gran medida de las donaciones. Entonces, frente a las denuncias, es hasta razonable que los centros de estudios busquen silenciar los casos. Ninguna universidad quiere reconocer que, en sus prolijos campus, los nenes de las familias acomodadas se convierten, además de profesionales exitosos, en depredadores sexuales.

Porque en los centros educativos de las élites del país del #MeToo sobrevive un sistema que se basa en el abuso de poder, que está enquistado en las famosas fraternidades, tan conocidas por sus aristocráticos y adinerados integrantes como por el descontrol de las fiestas marcadas por el alcohol, las drogas y el sexo. Pero estas instituciones educativas y formadoras saben de sobra que esas fraternidades son también el caldo en el que se cuece la flor y nata política: según The Atlantic, el 85% de los miembros del Tribunal Supremo y el 69% de los presidentes de EE.UU. han sido miembros de alguna fraternidad. ¿Y quién puede querer enemistarse con los futuros gobernantes, con quienes serán parte del poder?

Se supone que más del 80% de las agredidas en los campus norteamericanos no denuncia porque lo ven como un asunto personal, o por miedo a represalias o porque creen que no pasará nada. “Cuando las universidades presumen de tener tasas muy bajas de violencia sexual, no es creíble; es una señal de que no es muy segura, porque sus estudiantes no se sienten confiadas para denunciar”, dice Jennifer J. Freyd, profesora de Psicología en la Universidad de Oregón. Más allá de las denuncias, la realidad es que una de cada cinco estudiantes va a ser víctima de una agresión sexual o violación en el centro universitario antes de graduarse. Otras alumnas que no han pasado por experiencias traumáticas también describen el ambiente académico como machista y plagado de abusos de los docentes, situaciones de las que no se habla o que se intenta minimizar y que rara vez llegan a instancias de censura.

En Uruguay la realidad es distinta, tal vez porque no está difundido el modelo de los campus universitarios donde los alumnos pasan los años de su vida estudiantil como dentro de una burbuja, con sus compañeros y con sus profesores. Pero en nuestro país, bajo las mismas o distintas formas, los abusos también existen.

El acoso laboral y sexual en el Centro de Matemáticas de la Facultad de Ciencias y el Instituto de Matemática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (Udelar) salió a luz con los tuits de la doctora Jana Rodríguez Hertz, que contó su experiencia. “Desde que empecé mi tesis, mi orientador me tenía ganas. Y todos sabemos lo que pasa cuando uno —una— le dice que no a un profesor poderoso”, escribió en la red. Ella era grado 3, el orientador grado 5 y la matemática dice su nombre: Jorge Lewowicz. Desde entonces y durante 15 años ella, su hermano y su marido fueron acosados por docentes del departamento de Matemática: no los saludaban, les daban el doble de tarea y los amenazaron con hacerles sumarios sin motivo. Todo sin consecuencias institucionales, según Rodríguez Hertz.

En junio de 2019 otra doctora en Matemática, Adriana da Luz, denunció formalmente ante las autoridades de la Udelar a Martín Sambarino, docente grado 5 del Centro de Matemática de la Facultad de Ciencias, por situaciones de acoso sexual y abuso de poder. Asegura que el docente “usó su poder como tutor y académico” y con excusas laborales la colocó “en situaciones claramente no profesionales” en las que “la hizo sentir sumamente incómoda”. También señaló que, debido a su negativa, el docente tomó represalias académicas que dificultaron la finalización de su tesis. Después de dos años de declaraciones de testigos, de pruebas y de deliberaciones, la Dirección General Jurídica de la Udelar concluyó que hay “credibilidad objetiva y verosimilitud” y consideró “probada la existencia de acoso sexual”.

El profesor Sambarino negó las acusaciones, dijo que lo declarado por Da Luz tiene “contradicciones, falsedades y mentiras”, y apuntó contra la Dirección General Jurídica de la Universidad de la República por presionar a los testigos y por no tener en cuenta a quienes dieron información a su favor, según un escrito que su defensor, el abogado Daniel Ochs, presentó ante la institución.

A pesar de los pesares, el panorama parece empezar a cambiar, tal vez debido a que la presión social resulta cada vez más fuerte. En agosto de 2020, bajo el hashtag #MeLoDijeronEnLaFMed, se volcaron centenares de hechos ocurridos en Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y la iniciativa pasó a otras facultades. “Una cosa es denunciar estando sola, sabiendo que la otra persona tiene más poder que vos —más aún en el ámbito académico, donde perfectamente te puede arruinar la carrera—, y otra cosa es denunciar cuando sabés que tenés el hombro de cientos de compañeras donde poder apoyarte”, dijo Florencia Soca, de la agrupación universitaria Brum de la Facultad de Derecho.

En otras latitudes, la película Una joven prometedora (2020), nominada a cinco Oscar y ganadora de uno por el guion de Emerald Fennell, relata abusos y una cultura de la violación. Las víctimas empiezan a hablar: en libros que cuentan sus experiencias, como el de Chanel Miller, y hasta en una performance llamada Carga con esto, de Emma Sulkowicz, que exhibió el colchón donde presuntamente la violaron en la Universidad de Columbia. Las denuncias muestran una luz al final del túnel, una fecha de caducidad para tanto abuso e impunidad.

Hace pocos días, el caso de Da Luz pasó a consideración del Consejo de la Facultad de Ciencias, que trató el tema en régimen de Comisión General y decidió la destitución del doctor Sambarino, aunque todavía queda esperar el fallo del Consejo Directivo Central de la universidad. Pero la decisión ya es histórica porque perfora el manto de silencio que cubrió siempre estas prácticas y anuncia, si no el fin de los abusos, al menos el fin de la impunidad de la que gozaron hasta hoy los abusadores.