“La negativa evolución de la situación patrimonial de Fripur ocurrida a partir del ejercicio 2008 pone en evidencia que la empresa incurrió en conductas o prácticas que contribuyeron a causar su insolvencia o provocar su agravamiento”, dice el escrito presentado por el estudio al Juzgado de Concurso de 1er turno. Entre 2008 y 2014, la compañía tuvo un “exponencial aumento” de su pasivo, que pasó de US$ 23 millones a US$ 73,5 millones, y una reducción del patrimonio de US$ 67 millones a US$ 28 millones.
El informe del síndico apuntó también a los “adelantos de caja” que recibió Alberto Fernández, realizados “sin pactar adecuadamente intereses y forma de reintegro”. De hecho, cuando fue a concurso, su vicepresidente le adeudaba a Fripur más de US$ 3 millones y $ 2 millones. Parte de esos retiros se produjeron en momentos en que la compañía aumentaba su endeudamiento con el BROU, según los expedientes y documentos analizados por Búsqueda. Para el estudio Rueda Abadi Pereira, el hecho de que la compañía no intentara cobrarle era una evidencia de la “omisión de deberes de la buena administración” de Fripur.
Los propietarios de Fripur cuestionaron las conclusiones del síndico. En diversos escritos presentados en el juzgado, alegaron que la crisis financiera internacional del 2008 había afectado sus principales mercados y el precio de sus productos cayó, que hubo un “aumento de costos operativos” por el incremento del dólar, del costo de la mano de obra y de la electricidad. “Tan impredecibles eran las pérdidas que el propio BROU financió gran parte de la continuidad de la empresa hasta los meses previos a la presentación del concurso”, argumentó Magdalena Rodríguez, integrante del directorio y esposa de Máximo Fernández, expresidente de Fripur fallecido el 2 de mayo del 2016.
En febrero de 2017, Alberto Fernández comenzó a desplegar su estrategia en los diversos frentes judiciales que se abrieron tras la debacle de Fripur: minimizar su participación en las decisiones de la compañía. Según esa versión, su tarea era vender pescado, firmar las actas de directorio que le llevaban y hacer lobby “en todo el espectro posible” para solucionar los problemas de la empresa.
Profundizaría esa estrategia meses más tarde.
La deuda que crece
Era una de las últimas oportunidades que veían las autoridades para salvar a su empresa. Al menos así se lo transmitieron al BROU en una carta en la que solicitaban un nuevo préstamo, esta vez para financiar la venta de pescado a Angola. Era abril del 2013 y el banco estatal había ampliado sus créditos a Fripur varias veces en los años anteriores, pese a la reticencia de sus técnicos.
Apenas un año antes, en abril del 2012, Fripur le había pedido un préstamo de US$ 12 millones amortizable en 12 años porque la “asistencia financiera anterior” de US$ 5 millones no había sido suficiente para “lograr recomponer la rentabilidad de la empresa”, según documentos que presentó la institución financiera al Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 1er turno que investiga esos préstamos del BROU tras una denuncia del abogado Gustavo Salle.
Un informe, firmado por la gerencia general en 2012, previo a la resolución de ampliar la asistencia financiera a Fripur hasta US$ 22 millones, señalaba que la proyección de crecimiento de la empresa y, por ende, su posibilidad de repagar la deuda era “incierta”. En su resolución, la gerencia incluyó un punto que establecía que: “El banco no considerará nuevas solicitudes de asistencia crediticia por parte de la empresa”. Aunque luego eso no se cumplió, como cuando otorgó el préstamo de más de US$ 2 millones para el posible negocio de Angola.
El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, solicitó estos días al BROU que le informe quiénes integraban la comisión que participó en la aprobación de los créditos investigados, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas al caso. Cuando obtenga una respuesta, decidirá si cita a algún integrante del directorio del banco. Además, citó a un hijo del expresidente de Fripur mientras investiga si parte del dinero del BROU fue “desviado” a la empresa generadora de energía eólica Kentilux, como denunció Salle, algo que la sindicatura no detectó.
Cuando se presentó a concurso, Fripur le debía US$ 39 millones al BROU y casi US$ 5 millones al Banco Santander. El Banco de Previsión Social (BPS) y UTE también eran acreedores de la compañía.
Los adelantos y el apartamento
Los acreedores comenzaron a mover sus fichas para intentar cobrar sus deudas y recibieron reacciones casi opuestas por parte de los Fernández.
La sindicatura logró que un juzgado civil condenara a Alberto Fernández a pagar la deuda por los “adelantos” que retiró de Fripur. El dictamen estableció que el vicepresidente de la compañía debía, contando los intereses, más de US$ 7 millones y casi $ 4,9 millones. Con ese dictamen a favor, la sindicatura embargó al empresario y espera que aparezca patrimonio que reclamarle.
El Santander, a través del estudio Jiménez de Arechaga, Viana & Brause, apuntó a los bienes de Máximo y Alberto Fernández, fiadores solidarios de su empresa ante el banco. Máximo fue el primero en sentarse a la mesa a negociar y alcanzó un acuerdo con la institución financiera meses antes de morir.
Alberto Fernández demoró más tiempo y lo hizo después de que el banco le iniciara varios juicios civiles para obtener inmuebles en Montevideo y Maldonado que estaban a nombre de sociedades anónimas presuntamente vinculadas al empresario.
En su investigación, el Santander detectó que el 31 de julio, un día antes del concurso de Fripur, el vicepresidente de Fripur le vendió a una de sus hijas dos apartamentos de 54 metros cuadrados ubicados en Pocitos por US$ 64.000.
El banco presentó una demanda para que la Justicia revirtiera la venta de uno de los departamentos por considerar que había sido una acción fraudulenta. Fernández alegó que era “absolutamente inconsciente” de que con esa transacción se estaba “insolventando”. Necesitaba “contar con dinero que me solventara mis gastos corrientes durante el tiempo que durara la tramitación del concurso”, explicó en un escrito. Su hija, en tanto, declaró en el juzgado que se enteró de que Fripur iba a concurso “dos o tres días después” de haber firmado la venta y “por boca” de su padre.
El Santander apuntó también contra sociedades anónimas vinculadas a la empresa Frimaral, que son propietarias de casi toda la manzana que está frente al Montevideo Shopping. Alberto Fernández fue accionista y directivo de Frimaral, aunque desde hace décadas es propiedad de sus hijos (ver recuadro).
En noviembre de 2016, Fernández presentó un escrito en el juzgado para desmarcarse de Frimaral y sus empresas. El Santander “actúa con temeridad y abusa de su derecho, y sabe que con ello pretende presionarme para que, por las dudas, si es que soy tan rico como dicen los diarios y no como dicen sus archivos y carpetas, aparece alguna propuesta de pagarle algo. Pretende lograr lo que hizo mi hermano y su familia, pero el banco se equivoca porque no sabe —cuando debió saberlo— de que yo no tengo ni tuve nunca un gran patrimonio inmobiliario”, escribió. Aseguró que el banco debió saber que él “no era solvente” cuando lo hizo firmar la garantía de hasta US$ 10 millones, lo que “evidencia la falta de prudencia y pericia” de la institución.
Meses más tarde, pese a asegurar que no transaría y que era insolvente, Fernández llegó a un acuerdo económico con el Santander.
Lo hizo la primera semana de junio del 2017, meses antes de concurrir al Parlamento para declarar en la Comisión Investigadora de Diputados sobre el financiamiento de las campañas electorales desde 1999 a 2015. Al ser consultado sobre su relación con varias figuras del gobierno en esa instancia, Fernández se refirió al presidente Vázquez. “Con Tabaré Vázquez tengo una relación porque atendió a mi padre en la parte de oncología y fue él el que me llevó al Frente Amplio, en el cual me sentí muy a gusto”, contó. Sobre Mujica dijo que es un “señor carismático, que nunca engañó a nadie”. “Yo me siento amigo de él; no sé si él se siente amigo mío”, acotó (Búsqueda Nº 1.944).
En esa oportunidad, Fernández aseguró que mientras la familia de su hermano estaba “negociando” con el BROU, él estaba “tratando de pagar” su deuda con el banco. Un expediente penal en curso sugiere que no pretende hacerlo.
¿Falsificación o simulación?
A fines del 2015, el BROU presentó una denuncia penal después de constatar que se habían vendido varias toneladas de mercadería que servían como garantía de los préstamos otorgados por el banco en 2012 y 2013. El banco acusó a Alberto Fernández, Magdalena Rodríguez —la viuda de Máximo Fernández— y su hija Adriana del Carmen Fernández.
Después de meses de juicio, la familia de Máximo Fernández siguió el camino que había elegido para los otros reclamos: transar. En febrero del 2018, el BROU anunció en el Juzgado Penal de 22º turno que había llegado a un “acuerdo económico” a cambio de desistir de la denuncia. Esa rama de la familia acordó con el Santander, el BROU, UTE —que había cargado contra Kentilux— y el BPS.
El 10 de diciembre del 2018, Alberto Fernández declaró como indagado en el juicio iniciado por el BROU. Consultado acerca de si pudo acordar con el banco, respondió: “Tengo entendido que el banco arregló con la otra parte, con los hijos de mi hermano. Yo no tengo nada que solucionar porque no participé en ninguno de los hechos que se me imputan”. Insistió en que los que tomaban las decisiones eran su hermano Máximo y las hijas de este, Laura y Adriana del Carmen Fernández.
Incluso, Alberto Fernández dijo en la comparecencia que sus firmas que aparecían en los vales del BROU habían sido falsificadas.
—¿Quién piensa usted que le pudo falsificar las firmas? —preguntó la fiscalía.
—No tengo idea.
—¿Quién podía acceder a los vales?
—Laura Fernández, Adriana Fernández. A mí me traían los vales del BROU, me los traía Adriana Fernández o alguien. Siempre me los traían de apuro, no solo los falsificados (…).
El abogado del empresario presentó una pericia caligráfica para fundamentar su denuncia. El análisis era un estudio de “carácter primario” en el que el perito sostuvo que “es dable anotar la existencia de caracteres de diversidad gráfica” entre las firmas analizadas, según el documento incorporado en el expediente.
El empresario quiso que su denuncia sobre las presuntas firmas falsas también fuera incorporada al expediente de concurso, porque probaría que él no tenía incidencia en el área administrativa de la compañía. Además, insistió en un escrito que nunca iba a acordar con el BROU en el juicio penal, como sí hizo la familia de su hermano, porque “no cometió ningún delito”.
Sus sobrinas contraatacaron en la Justicia penal. En abril de este año, una de ellas declaró en el juzgado que lo que dijo su tío era “absolutamente falso”, y que los vales se firmaban en el BROU. Un mes más tarde, su abogado, el penalista Gonzalo Fernández, presentó una denuncia penal contra Alberto Fernández por simulación de delito y calumnia. En el escrito, argumentó que se trata de una “falsa coartada” para “eludir toda responsabilidad patrimonial”. Añadió además que es una “coartada infantil” porque todos esos documentos donde aparecerían las supuestas firmas falsificadas fueron rubricados en la institución financiera “y sometidos al riguroso control de firmas que practica” el BROU.
Las estrategias de Alberto Fernández habían causado malestar en la familia de su hermano desde hacía tiempo. En un escrito presentado en agosto del 2018 ante el juzgado de concurso, la viuda de Máximo Fernández dijo que no cuestionaba el derecho de su cuñado a defenderse, pero que eso no le daba derecho a desentenderse de las obligaciones que asumió como director de Fripur. Y agregó: “No puede admitirse que el señor Alberto Fernández pretenda desembarazarse de su eventual responsabilidad mediante el artilugio de imputarle su responsabilidad a su hermano, quien ya no está para defenderse, ni a su familia”.
Recuadro de la nota
? Un deudor con antecedentes
