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Los populistas suelen impulsar reformas de fondo sin considerar la armónica vida institucional. Primero está su objetivo político. Rara vez toman en cuenta que nada puede concretarse sin lo que un buen amigo llama “estilo agrario”: preparar la tierra, sembrar en el tiempo adecuado con semillas de calidad y cuidar y regar con disciplina para que la cosecha sea útil para todos.
El Frente Amplio pretende introducir modificaciones en el Poder Judicial disfrazando su rechazo a la independencia judicial y sembrando dudas sobre un sistema transparente y honesto y, consecuentemente, sombras sobre sus integrantes.
A fines de junio, el Movimiento de Participación Popular (MPP), la lista 711 (la del “licenciado”), el Partido Comunista, la Vertiente Artiguista y el Nuevo Espacio, entre otros, impusieron plantear una reforma constitucional de diez puntos. El que refiere al Poder Judicial lo justifican diciendo que quieren “mejorar el funcionamiento al efecto de contribuir al acceso de la población a la Justicia”. Pretenden “garantizar un Poder Judicial independiente, imparcial, eficiente, eficaz y oportuno que sea último garante de los derechos”. También, modificar el sistema de selección, designación, ascenso y capacitación de los jueces. Un solo objetivo: que lo político impere sobre lo jurídico.
El derrumbe de los populismos regionales, el ajuste fiscal, la desaceleración de la economía, los reclamos sindicales y la falta de credibilidad en el gobierno debilitan esas propuestas. A quienes adhieren al partido de gobierno debería preocuparles que, sin embargo, este pretenda venderles gato por libre mientras hace la vista gorda ante la destrucción del país.
Valen algunas precisiones para distraídos. La designación constitucional en los máximos organismos jurisdiccionales, la Corte y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, está sometida al escrutinio legislativo como los cargos inmediatamente inferiores: los de ministros de los Tribunales de Apelaciones.
La Carta es sabia. Según el artículo 236, esos magistrados requieren los dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General. Si luego de 90 días no hay acuerdo ingresa el ministro del Tribunal de Apelaciones más antiguo.
Históricamente, la independencia judicial ha sido respetada aunque en los últimos años se produjo un fuerte quiebre caracterizado por sucesivas embestidas del populismo autoritario. La historia todo lo recoge y cada uno cargará con su mochila.
En Uruguay, los políticos no votan a los ministros en función de la adhesión partidaria presunta o real de los jueces; una indudable ventaja para el sistema. La otra ventaja es que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, el abanico para esas designaciones se abre en la Asamblea General a todos los partidos que, hasta ahora, han decidido con mesura y sensatez.
El punto de partida de los mayores conflictos se remonta a 2008. Fue cuando el gobierno montó en cólera porque la Corte votó una inconstitucionalidad (luego modificada con otra integración) contra el IRPF. Siguió en 2009 con la inconstitucionalidad de un artículo de la “ley de caducidad”. Más tarde, en 2013, se declararon inconstitucionales tres artículos de la ley que creó el fideicomiso de Pluna y luego otra, y otra, y otra, para ponerles coto a los bestialismos.
En ese lapso irrumpieron los procesamientos del ex director de Casinos, Juan Carlos Bengoa, del ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del ex presidente del BROU, Fernando Calloia. Todos confirmados pese a que antes fueron defendidos por los gobernantes. Una flagrante contradicción con el argumento de los reformistas que dicen buscar una Justicia independiente como último garante de los derechos.
Los principales objetivos de la reforma son dos: desacreditar al Poder Judicial y movilizar a los abúlicos militantes. Probablemente incluirá la pretensión de crear un Tribunal Constitucional para retacearle poderes a la Corte. La senadora Lucía Topolansky ha sido una de sus abanderadas y consideró “obsoleto” el sistema judicial dentro del marco del Estado.
Es conveniente refrescarle la memoria: en 1977 el Acto Institucional Nº 8 del dictador Aparicio Méndez utilizó un fundamento análogo: “El Estado es un todo”. Por esa vía, eliminó al Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia pasó a ser Corte de Justicia.
Un denominado “documento-borrador” titulado “Relaciones entre los poderes del Estado” que se puso a consideración de la Comisión de Programa del Frente Amplio, dice: “Es necesario analizar el Estado como un todo más allá de la mencionada división de poderes, con la concepción de un Estado que desarrolle políticas democratizadoras hacia la población, con una línea única y no disociada por actuaciones con diferentes objetivos de cada uno de los tres poderes”. Nunca se discutió y mucho menos se aprobó, pero revela su filosofía: “Las ideologías dominantes en el país, que gobernaron en las últimas décadas del siglo XX, mantuvieron institucionalidades desfasadas de la evolución de los problemas sociales y económicos del Uruguay”. Muy cerca de Aparicio Méndez y de otros argumentos de la dictadura.
Al comparar a Uruguay con otros países en los que sus sistemas constitucionales habilitan a texto expreso la incidencia partidaria, si alguien pretende aquí cambios de fondo deberá hacerlo con el asesoramiento de Julio Bocca y con zapatillas de ballet. Sobre la Constitución, hay que transitar grácil y en puntas de pie para no romper nada.
Es ineludible que se requiere un amplio debate de toda la sociedad y no “de un partido o dos”, como advirtió el presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique. La sociedad se enfrenta a un horizonte con negros nubarrones y la prioridad es otra: sortearlos y sobrevivir.
