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La confianza en el Poder Judicial es amplia, en especial cuando se observa ese concepto en otras instituciones. Los jueces gozan de 61% de credibilidad y van en tercer lugar detrás de la policía (73%) y las organizaciones sociales (62%), según una encuesta de abril de Equipos Consultores. Aunque fue entre mayores de edad, todos los habitantes están comprendidos porque en diferentes materias se involucran menores, aunque quienes litiguen sean los adultos.
Parece interesante hacer notar que el Poder Judicial no alcanzó esa posición de confianza mediante campañas publicitarias. Por el contrario, ha tenido que cargar mochilas de políticos o sindicalistas que sacan la pata del lazo para no asumir responsabilidades. Para ello judicializan y que se arreglen los jueces mientras bombardean desde las redes sociales.
Pese a esas maniobras, quedan mal parados: los partidos políticos exhiben un balance negativo con 45% de confianza, mientras que los sindicatos registran un 35%. Por algo aumenta el desinterés en la actividad política y los sindicatos pierden afiliados.
La confianza en el Poder Judicial no se debe solo a eficiencia o transparencia, es también el resultado de sanciones que aplica la Suprema Corte de Justicia para castigar o eliminar definitivamente a jueces venales, haraganes o abusivos. La tarea de control no es sencilla, salvo denuncias concretas, porque se trata de alrededor de 500 jueces en todo el país susceptibles de errores y horrores. Además, por falta de una decisión interna o temor a reacciones gremiales, la Corte evita someter a los jueces a pericias psicológicas durante sus carreras. Solo someten a una pericia al ingresar pese a que el ejercicio del poder como directores del proceso puede provocar sentimientos de impunidad y facilitar desbordes.
La responsabilidad fue uno de los temas del discurso del 19 de diciembre del presidente de la Corte, John Pérez, al conmemorar el Día del Poder Judicial. Admitió que “la Justicia no es perfecta, es más, muchas veces dista de serlo, pero lo que no se puede discutir es que existe independencia técnica en todos los órdenes y que hay remedios procesales para corregir los posibles errores jurídicos cometidos”. Advirtió que aunque la destacada posición en esa encuesta responde a la confianza “debemos esforzarnos y trabajar todos juntos no solo para mantenerla sino también para incrementar aún más la confianza de la población”.
Las expresiones de Pérez tuvieron lugar varios días después de que la corporación destituyera a la jueza de 5º turno de Tacuarembó, Carla Gómez. La mujer incurrió en graves infracciones en perjuicio de la administración y los justiciables: “No solo violó normas legales y constitucionales, destrató a funcionarios y profesionales, todo lo que la hace indigna de desempeñar un cargo de magistrada en cualquier orden de la judicatura”.
En un asunto en el cual tenía Gómez interés personal, intentó torcer el funcionamiento del servicio y en connivencia con una abogada trató de canalizar un asunto civil a través de la vía penal. Como una broma hacia una funcionaria, ordenó que la policía simulara un arresto y la trasladara al juzgado en un vehículo policial para celebrar su jubilación. También se comprobó que incurrió en actos irrespetuosos y propinó malos tratos a funcionarios, otros jueces, defensores y justiciables.
Gómez parece vivir en el limbo: pretende que la Corte revoque su destitución e incluso advirtió a través de su abogada, Ana Irabedra, que puede recurrir a organismos internacionales. Vana esperanza. Según la exjueza, no existen pruebas suficientes para una destitución. Destacó que desde que se le inició un sumario tiene una certificación médica por una depresión severa sin que la Corte lo considerara. “Le arruinaron la vida a una mujer trabajadora”, dijo, según El País. Un rostro de piedra.
Otro antecedente de inusual gravedad ocurrió en octubre del año pasado con la destitución de la jueza de Rivera de 6º turno María Noelia Sánchez, quien unos meses antes fue imputada por varios delitos. El impulso para investigarla surgió de una denuncia del Colegio de Abogados de Rivera. La destitución tomó en consideración “la gravedad de las faltas cometidas” y en la investigación quedó demostrado que dictó fuera del plazo legal y falseó constancias en varias ocasiones alegando licencias que no se le habían concedido y pretendiendo así extender plazos.
El amor y la pasión todo lo pueden. La Corte comprobó que la pareja de la jueza con varios antecedentes penales tenía llave del juzgado en el que se produjeron hurtos de equipamiento informático pese a lo cual Sánchez, aun en conocimiento, asumió conductas pasivas. Como no le bastó surgieron indicios de que la exjueza “intimidó” a damnificadas por conductas delictivas en las que estaba implicada su pareja.
Pero además de pasional, naba. La dejó en evidencia una llamada telefónica de 71 segundos durante la cual intentó proteger a su pareja, que había robado a un hombre en la frontera con Brasil. Se hizo pasar por la madre del delincuente y amenazó a una víctima de robo para que retirara la denuncia. Lo hizo advirtiendo que estaba conectada con la Policía y con el Juzgado de Rivera, el suyo. Además de destitución, rejas.
Se trata de dos antecedentes de una decena de destituciones en la última década y de otras sanciones de menores. Pese a ello la Corte teme plantear pericias psicológicas a los jueces y de esa forma saber quién es quién y evitarles perjuicios a los justiciables.
