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La empresa constructora Calpusa prepara un juicio contra el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y contra la presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Gabriela Fulco. Semanas atrás, solicitó a la Justicia que disponga medidas preparatorias en el marco del proceso previo a iniciar la demanda, con el objetivo de “corroborar” que las obras realizadas por la empresa para la refacción y reparación de un centro de reclusión de menores se hicieron de acuerdo con lo proyectado y fueron aprobadas por las autoridades de los organismos.
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Calpusa tuvo a su cargo las obras en el ex-Batallón 9, ubicado en Belloni y Aparicio Saravia, que tenía por objetivo instalar un centro de reclusión de baja seguridad para adolescentes. Allí se ubicó el centro Colibrí, que fue inaugurado en octubre de 2014, pese a que recién en marzo de 2015 Calpusa entregó a las autoridades el edificio terminado. El centro alberga a unos 70 adolescentes que tienen entre 14 y 19 años.
La empresa realizó el pedido de medidas preparatorias debido a que en distintos medios de prensa la presidenta Fulco y autoridades del INAU y del Mides afirmaron que la “obra es inadecuada”. De esta manera, la empresa se prepara para iniciar un juicio a los organismos y a Fulco.
El representante legal de la empresa, José Botta, solicitó una inspección judicial de la construcción para “cotejar las obras realizadas por Calpusa con el proyecto”. Calpusa adjuntó, además, actas sobre el estado de las obras en las que no surgen quejas desde la administración.
En el documento presentado ante la Justicia, la empresa afirma que la obra “se ejecutó con riguroso apego” a las especificaciones proyectadas. Todo el proyecto, agregan, fue aprobado por el INAU.
Desde marzo de 2015 hasta octubre de ese año, la empresa permaneció en la obra “realizando trabajos posteriores que pretendieron atender los requerimientos de las nuevas autoridades del Sirpa (Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, hoy Inisa) y del INAU a su costo”, aclararon.
Pero en el escrito se afirma que con el cambio de autoridades en el Mides, INAU y en especial el Inisa, se comenzó a percibir “un ambiente extrañamente hostil con la obra y con Calpusa S.A.”. En 2016, las autoridades del Inisa plantearon problemas en varios centros recién construidos, entre ellos el del ex-Batallón 9. Los responsables del Inisa señalaron en el Parlamento que parte de las obras se hicieron con materiales defectuosos. La empresa adjuntó asimismo una serie de notas periodísticas en las que se critican las obras realizadas en el ex-Batallón.
Además, la empresa sostiene que “se dejó de pagar el saldo de precio acordado” para realizar la obra, que ronda los US$ 100.000.
La constructora cuenta con el informe de un perito designado por la jueza de Paz que lleva el tema. En el documento del arquitecto Jorge Laprovitera se detalla la recorrida por las instalaciones del ex-Batallón. “Realizado el relevamiento ocular y fotográfico, examen de planos y planillas, el reconocimiento de construcciones al cotejar con la realidad y las fotos aéreas de los años 2007 y 2015, puedo aseverar que las obras realizadas por Calpusa según proyecto, fueron construidas en su totalidad, existiendo algunas diferencias menores y modificaciones o agregados en el proceso de obra o a posteriori”, relató el especialista.
El perito sostuvo que las obras realizadas por Calpusa “coinciden en un 99%” con el proyecto. Advierte que existen “pequeñas diferencias en planos recibidos con la realidad, de importancia menor”.
Denuncias.
Las obras en el centro Colibrí son una de las construcciones cuestionadas por las autoridades. A comienzos de junio, el Inisa presentó una denuncia en el Juzgado de Crimen Organizado por entender que en las obras realizadas durante la anterior administración del Inisa hubo un “apartamiento grosero de la legalidad” y varias “irregularidades en la ejecución de contratos”.
Informes internos de la división de Arquitectura del Inisa señalaron defectos en la obra relacionados con materiales, áreas inundables y fallas eléctricas. Un informe de julio de 2015 aconsejaba a las autoridades del Inisa que realizaran una auditoría y retuvieran el pago de las facturas. Se fundamentó esta decisión en que se registraron “dificultades operativas” como consecuencia de un “mal diseño y construcción, utilización de materiales, artefactos y dispositivos inapropiados”.
Calpusa respondió en su momento a los cuestionamientos, y presentó soluciones a las fallas planteadas.
Además de las obras del centro Colibrí, el Inisa quiere que se investiguen las obras en el Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación (CIEDD) y en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili) ubicados en Bulevar Artigas y Cufré. En este caso las obras fueron realizadas por el consorcio Tesor-Fedal.