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La pasada semana tomó estado público un acuerdo firmado el 19 de marzo de 2013 por el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el señor Juan Carlos López Mena.
En el mencionado acuerdo se incluyó una cláusula de indemnidad por la cual el Estado se comprometió a “no tener nada que reclamar por el pago del aval” —relacionado con el remate de los aviones de Pluna— a los señores Juan Carlos López Mena (BQB), Hernán Sánchez Calvo (el “caballero de la derecha”), incluyendo en dicho “beneficio” a Cosmo y a la aseguradora Boston.
El acuerdo no se publicó ni en el “Diario Oficial” ni en la página web del gobierno. Consultado sobre el particular, el señor Pedro Apezteguía, ex director general y actual asesor del Ministerio de Economía, manifestó: “Es un acuerdo privado, no es algo que le interese a Doña Tota”. (“El Observador”, 15/07/2014).
El mismo órgano de prensa recoge la opinión del doctor en Derecho Administrativo Daniel Martins, quien señaló que este tipo de negociación con el Estado “es algo fuera de lo común”. A su juicio, se utiliza ese tipo de acuerdo en el Derecho Comercial entre privados, pero “no puede ser algo habitual que se exonere a privados de cumplir con la ley”.
Más allá de la autorizada y terminante opinión del Dr. Daniel Martins, cabe preguntarse: ¿quién es el señor Apezteguía o cualquier otro funcionario, sea del nivel que sea, para resolver qué le interesa y qué no a Doña Tota?
Porque, coincidamos, Doña Tota es toda la ciudadanía, a quien todos los funcionarios deben rendir cuentas de sus actos, muy particularmente cuando en ellos afecten o puedan afectar fondos del Estado.
De la mano de lo anterior y preocupante, es el artículo publicado en Búsqueda bajo el título: “Mides y Tribunal de Cuentas elaboran un sistema de contratación ‘especial’ de organizaciones sociales para evitar observaciones” (10.07.2014).
En el mencionado artículo se establece que para evitar eventuales observaciones del Tribunal de Cuentas, por no cumplir en determinadas contrataciones del Mides (Ministerio de Desarrollo Social) con organizaciones de la sociedad civil con lo establecido en el Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera), se comenzó a trabajar en un procedimiento especial de contratación.
En una palabra, parecería que se está buscando eludir la disposición constitucional que establece que corresponde al Tribunal de Cuentas “determinar e informar respecto a la Rendición de Cuentas de todos los órganos del Estado” (Artículo 211 c). Parecería también que en el Mides hay conciencia de que se están realizando o se realizarán contrataciones que no cumplen o no cumplirán con las disposiciones vigentes y que ellas son o serán pasibles de las observaciones correspondientes.
En definitiva, el acuerdo secreto, la declaración del señor Apezteguía y la búsqueda de soluciones para contrataciones no del todo legales merecen, Sr. Director, un gran título: Preocupante.
