Copio y pego

La tecnología arrumbó ese “recorto y pego” y lo convirtió en“copio y pego”. Cuando eso ocurre en forma desaprensiva en sentencias judiciales es grave y esa creciente costumbre despierta el horror de los jueces, fiscales y abogados estudiosos, cada vez más escasos. Ese mecanismo desnuda una deficitaria formación y desinterés o, por lo menos, falta de celo.

Philip Morris pretendía explotar a su favor sentencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que esgrimían argumentos contradictorios y un grave error del TCA en respuesta a un recurso de la tabacalera. El organismo “copió y pegó” en 2011 párrafos de otro caso ajeno a ese; incluyó párrafos referidos a un recurso presentado por la British American Tobacco. Quizá fue un error de los asesores de los ministros o del ministro redactor del fallo, pero lo firmaron (y avalaron) todos, y todos con la misma responsabilidad.

No solo estaban en juego los intereses del Estado sobre sus políticas antitabaco y los US$ 22 millones del reclamo, sino que, además, quedó expuesta la imagen de la Justicia uruguaya frente al mundo.

En los juicios del Ciadi los peritos o testigos expertos son presentados por las partes. El gobierno sumó a su equipo legal al experto holandés Nicolás Jan Schrijver y al abogado uruguayo Santiago Pereira Campos.

Según Philip Morris, Uruguay cometió dos denegaciones de justicia a través de su sistema judicial y violó el estándar de tratamiento justo y equitativo establecido en el Tratado Bilateral de Inversiones Suiza-Uruguay.

Demostrar la denegación de justicia exige pruebas terminantes de que los procesos hayan sido conducidos de manera arbitraria y escandalosa. En definitiva, y para no profundizar en un tema jurídicamente muy complejo y que excede este espacio, el reclamo de Phillip Morris no prosperó y Uruguay terminó con una sentencia a favor.

No es ese el único caso aunque sí el más notorio. Son demasiado frecuentes. Dos jueces me recordaban esta semana el caso de un Tribunal de Apelaciones Civil que integraba el extinto ministro Julio Chalar. Cuando Chalar leyó la sentencia de primera instancia del juez advirtió que este había copiado textualmente argumentos jurídicos de Chalar en otro caso sin citarlo. Una barbaridad además de una imbecilidad.

Algo parecido ocurrió luego en un Tribunal de Apelaciones de Familia que dejó constancia de ese abuso en una sentencia.

Esos casos abundan. En ocasiones algunos jueces no tienen siquiera el cuidado de suprimir en los considerandos de la sentencias nombres de las partes de casos que nada tienen que ver con el que tienen en sus manos.

La alarma reiterada en los últimos tiempos por la formación de los jueces tiene sus raíces en tres deteriorados escalones previos: escuela, liceo y abulia. La universidad debe formar profesionales competentes, responsables y con valores éticos y morales incorporados a su ser. También, naturalmente, debe formar ciudadanos. Poco de eso ocurre. ¿Cómo pueden abogados con una deficitaria formación controlar las sentencias de los jueces (tanto en sus virtudes como en sus errores) y argumentar con seriedad y solidez en defensa de sus clientes? Es difícil cuando se estudia en breviarios o en resúmenes que incluso son recomendados por algunos docentes mientras los libros quedan arrumbados.

Para volver al origen de esta columna, la práctica habitual del “copio y pego” demuestra indolencia, poco respeto por los justiciables y falta de amor por la profesión. Los textos de estudio siguen siendo eso: textos de estudio y no se los puede sustituir con el jactancioso uso del latín o párrafos copiados de sentencias de otros magistrados y aun de juristas extranjeros.

Un juez competente se debe caracterizar por tener amplios conocimientos de Derecho, sentido común y responsabilidad. Todo ello basado en el estudio previo y posterior al asumir su función y en un compromiso inclaudicable con el ejercicio de su cargo, con la sociedad y con ellos mismos.

Los años que se avecinan serán complicados.