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    domingo 23 de junio de 2024

    Corrupción política del periodismo

    Nº 2223 - 4 al 10 de Mayo de 2023

    En nuestra historia electoral se han producido pocos encontronazos partidarios sobre la licitud de un resultado. Partidos y gobernantes tienen claro que las elecciones son el fundamento de la democracia representativa, de las instituciones y de su propia existencia. Por esa razón y por convicción los cuestionamientos de fondo no existen.

    Como lo demuestran estudios de la estadounidense Vanderbilt University, en Uruguay la confianza ciudadana en los procesos electorales es la mayor entre 20 países de las tres Américas por una distancia considerable. Esas mediciones dividen los países en tres partes. A los primeros seis, que superan 50 puntos de confianza, los encabeza Uruguay con más de 70 puntos. Le siguen a una distancia de más de 10 puntos Costa Rica y Chile.

    Para ese resultado es fundamental la historia de la Corte Electoral, responsable de la organización de las elecciones y del recuento de votos. Aunque integrada por representantes de los partidos, siempre ha actuado con profesionalismo y honor.

    En el fondo del tarro están Paraguay, Haití y Honduras. En Estados Unidos, ubicado a media tabla de la medición, la confianza ciudadana es ambivalente y en ocasiones registra poco más de 50 puntos de fiabilidad. La confianza del ciudadano americano, que por deformación emocional hace gárgaras de democracia, transparencia y solidez institucional, parece fácil de conquistar cuando interviene el interés de poderosos medios de comunicación, que ubican al mundo electoral de la mano del mundo del espectáculo y de sus intereses bastardos.

    Lo acaba de demostrar una intervención de la Justicia de ese país. Eric Davis, juez encargado de una vista preliminar ha revisado miles de hojas de pruebas para determinar que el caso debía avanzar a juicio. Se trata de un striptease de actos corruptos entre el sistema político y el periodismo. El juez desnudó a Fox, la poderosa cadena de TV cuya descomposición la inició desde la cúpula su presidente, el australiano Rupert Murdoch. Sin precedentes en los sistemas democráticos del mundo, este es un hecho que debería convertirse en prólogo de todo curso universitario de periodismo.

    Las elecciones americanas de noviembre de 2020 dieron como ganador al demócrata Joe Biden con 50,8% de los votos sobre el republicano Donald Trump, que tuvo 47,4%. Los ciudadanos votaron mediante máquinas electrónicas de Dominion Voting Systems (DVS), una empresa que vende hardware y software de votación en los Estados Unidos y Canadá.

    Cuando las máquinas todavía estaban calientes, Murdoch a través de Fox armó un adamiaje para sostener que las elecciones habían sido un fraude. Sin medias tintas. Los periodistas de a pie y conductores de programas estelares de la cadena —fieles obedientes de Murdoch— seleccionaban a quienes le atribuían al sistema de DVS haber realizado trampas para robarle las elecciones a Trump. Y como la media de los votantes americanos son, por decir lo menos, ingenua, cuajaba.

    DVS intentó que Fox se rectificara. Como se negó en 2021 la demandó judicialmente por la difamación de propagar mentiras. Exigió una indemnización de 1.600 millones de dólares. Sostuvo que Fox transmitió “de manera intencional” una serie de “mentiras demostrablemente falsas pero devastadoras” que dañaron su reputación y pusieron en riesgo “la seguridad personal de empleados y clientes” y le causaron un “daño económico irreparable”.

    En este asunto Fox y sus televidentes seguidores (tiene 75 millones de abonados) reivindicaron el derecho a la libertad de expresión pero el juez fue contundente para decidir que el caso pasara a juicio y en este se decida si correspondía indemnizar a DVS. Los fundamentos del juez fueron varios, pero los centrales son:

    a) Fox admitió las falsedades pero las defendió con el falso argumento “profesional” de ser de interés informativo. Davis dejó claro que si sabían que las acusaciones eran mentira, como se demostró, ese interés informativo no justificaba divulgar falsedades. El juez descartó el argumento de Murdoch de que imputar un fraude podía ser descabellado, “pero eso es noticia” de interés público porque la audiencia de Fox la consideraba y la valoraba. Una burla sin límites.

    En unas diligencias previas, los abogados de Dominion le preguntaron a Murdoch si creía que las elecciones fueron libres y justas. El pillo respondió que fueron justas y no robadas, pero que los directivos de Fox se dieron cuenta de que lo que quería su audiencia era oír esas mentiras y se apuntaron al carro de propagarlas creando así una “realidad alternativa”, por utilizar el eufemismo de moda.

    b) El juez remarcó que la cadena es responsable de las falsedades de sus invitados a los programas y que no podía desentenderse, aunque no fuera personal contratado.

    c) La presencia de otros invitados con posiciones contrarias no justificaba la presencia de quienes mentían, dijo el juez. Millones de personas tienen derecho a una información veraz y resultaron burlados.

    Sin embargo, aún hoy millones de votantes republicanos creen que existió fraude, lo que de alguna manera explica el asalto al Capitolo el 6 de enero de 2021.

    Ante la irreversible decisión de este juez de dirimir la cuestión en un juicio público, Fox dio marcha atrás y pactó con DVS una indemnización de 787,5 millones de dólares. Quizá muchos crean que esta salida es saludable para el periodismo y el sistema político. Sin embargo, lo cierto es que la corrupta campaña desarrollada por Fox con el respaldo de Trump, sus seguidores y periodistas obsecuentes es más habitual de lo que se conoce. La mayoría queda oculta por falta de pruebas o coraje para denunciar cuándo se les escatima a los ciudadanos información veraz.

    Una semana después del acuerdo indemnizatorio, Tucker Carlson, el principal comentarista de Fox y buque insignia en esta campaña, renunció a su cargo de “mutuo acuerdo” con Murdoch. A los 54 años de edad, este militante ultraconservador del Partido Republicano, si consigue algún trabajo en los medios, probablemente tendrá que desarrollarlo entre bambalinas o respaldado por políticos fascistas.

    Por ahora en Uruguay los ciudadanos respiramos tranquilos.