El enfrentamiento entre los jueces y el Poder Ejecutivo por un tema salarial creció esta semana luego de que los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia rechazaran una serie de recursos que presentó el gobierno.
El enfrentamiento entre los jueces y el Poder Ejecutivo por un tema salarial creció esta semana luego de que los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia rechazaran una serie de recursos que presentó el gobierno.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEl Poder Ejecutivo había recusado a los magistrados designados para integrar la Corte y resolver sobre una acción de inconstitucionalidad que presentaron más de 400 jueces. Sin embargo, los magistrados rechazaron la recusación.
Ante ello, el Ejecutivo planteó un recurso de reposición para que los jueces revean su postura y otro de nulidad, pero los magistrados volvieron a rechazar los recursos esta semana.
El contrapunto entre los jueces y el Ejecutivo se originó luego de que la última ley de Presupuesto equiparara la remuneración de los ministros de Estado con la de los legisladores. Ese incremento trajo aparejado una serie de inesperados aumentos —entre ellos a los jueces—, ya que el salario de los ministros se utiliza como base de cálculo de otras remuneraciones. Una ley interpretativa aprobada en el Parlamento aclaró que los jueces quedan excluidos del aumento, lo que motivó la acción de inconstitucionalidad.
En la sentencia en la que los magistrados rechazan los recursos del Poder Ejecutivo, fechada el 29 de agosto, se expresa que la petición “no se ajusta a la Constitución ni a la ley” y “persigue que no se apliquen las normas que prevén la integración” de la SCJ.
Según los ministros Luis María Simón, Selva Klett, Jorge Catenaccio, María Esther Gradin y Beatriz Fiorentino existe un aspecto formal para rechazar las petición del Poder Ejecutivo. El artículo 328.6 del Código General del Proceso “expresamente prevé que la sentencia que decide una recusación es irrecurrible”.
Los magistrados expresan que en este caso no se ha violentado el debido proceso. “Se cumple con el principio constitucional del juez natural, según el cual tal juez es aquel llamado a entender en un asunto en virtud de pautas y mecanismos generales y objetivos, determinados por la Constitución y la ley en forma anterior a los hechos a juzgar”.
Según los jueces, el hecho de tener que decidir sobre su propio salario y el de sus colegas no afecta su imparcialidad. Más aún, sostienen que ese argumento manejado por el Poder Ejecutivo es “simplista”.