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Sin perjuicio de ser —de acuerdo a estándares globales— la mejor de la región, la democracia uruguaya no carece de defectos. Algunos de ellos son muy preocupantes. La crisis de legitimidad que atraviesa la Fiscalía General de la Nación es uno de los problemas más serios de nuestras instituciones políticas. Se dice, un día sí y al siguiente también, que está “partidizada” o “politizada”. Remito a los lectores, solo a modo de ejemplo, a las manifestaciones de los exfiscales Gabriela Fossati y Gustavo Zubía o a las numerosas declaraciones sobre este punto de Cabildo Abierto.
Antes de seguir quiero insistir en un punto clave. No estoy afirmando que la Fiscalía está partidizada. Para hacer una aseveración de este tipo tendría que ser un experto en el tema. En realidad, si tuviera que arriesgar una opinión, diría que la inmensa mayoría de los fiscales actúan de acuerdo a su interpretación del derecho y sin tomar en cuenta simpatías o antipatías políticas. Lo que digo es otra cosa: es evidente que hay actores muy relevantes desde el punto de vista político que consideran que demasiadas decisiones de la Fiscalía responden a presiones o intereses electorales de los partidos. No hace falta ser un especialista en el tema para saber que la imagen de la Fiscalía está muy dañada y que esto compromete seriamente la autoridad de nuestro sistema judicial.
Dada la importancia de esta institución urge encontrar una solución para recomponer su prestigio. Es necesario blindar políticamente a la Fiscalía sin debilitar su funcionamiento cotidiano ni menguar su capacidad para cumplir sus cometidos. En este momento, los partidos manejan dos alternativas: la primera, encontrar un fiscal de Corte que conforme a todos; la segunda, designar un triunvirato en el que convivan profesionales que merezcan la confianza del gobierno y de la oposición. La solución del triunvirato es liderada por el diputado colorado Gustavo Zubía y cuenta con un amplio apoyo en el gobierno. Zubía ya presentó un proyecto de ley en ese sentido, que empezará a ser discutido en el Parlamento en febrero. El Frente Amplio, el Partido Independiente y algunos legisladores de la coalición de gobierno (como Jorge Gandini) se oponen al triunvirato. Argumentan que esta solución profundizará la partidización. En estas líneas quiero explicar por qué considero que el triunvirato, pese a sus problemas y riesgos, es la mejor solución posible.
La Fiscalía es una institución fundamental en el funcionamiento de nuestro sistema judicial y, por tanto, una pieza clave dentro del esquema republicano. Su importancia aumentó sensiblemente a partir del cambio de paradigma introducido por el nuevo Código de Proceso Penal (me refiero al pasaje del modelo inquisitivo al sistema acusatorio). La Fiscalía tiene una responsabilidad inmensa: nada más ni nada menos que dirigir la investigación de los delitos. Corresponde a los fiscales la delicadísima tarea de reunir las pruebas y presentarlas ante el juez. Dado que es cada vez más frecuente que una parte de la lucha por el poder entre los partidos se tramite en los tribunales judiciales, la Fiscalía puede jugar un papel político clave. Si está partidizada, puede proteger a los amigos: alcanza con no reunir suficientes elementos probatorios. Si está partidizada, puede perseguir a los enemigos: extremando los esfuerzos por obtener evidencia incriminatoria. En síntesis: la partidización de la Fiscalía en tiempos de judicialización de la política puede generar un problema mayúsculo desde el punto de vista de la calidad de la democracia.
Aunque los fiscales tienen autonomía técnica, a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código de Proceso Penal en 2017 el fiscal de Corte tiene un papel central. Es designado por 10 años por 3/5 de los votos de la Cámara de Senadores (19 votos). El cargo de fiscal de Corte implica una enorme responsabilidad. Su titular tiene que ofrecer las máximas garantías tanto en el plano técnico como en el político. En un país, como el nuestro, en el que todos sospechan de todos, en el que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en la fecha de fundación de Montevideo (dijo Bruno Gilli en su cuenta en X: “Si sos de izquierda Montevideo se creó en 1724. Si sos de derecha, en 1726”), es normal que sea prácticamente imposible encontrar un fiscal capaz de conformar a tirios y troyanos. En el caso de que gobierno y oposición coincidan en un nombre, es altamente probable que, más temprano que tarde, aparezcan las suspicacias y regresen las acusaciones de estar llevando agua para el molino de algún partido.
Uruguay es así. Los partidos nacieron antes que el Estado. Las identidades partidarias son muy fuertes. La competencia política es muy intensa. La potencia de las divisas y de la competencia entre ellas ayuda a entender el vigor de nuestra democracia. Pero tiene un costo alto. Costó, y sigue costando muchísimo, construir periodismo independiente. Costó, y sigue costando muchísimo, que los partidos y la ciudadanía acepten que es posible hacer análisis político independiente. La partidización, lejos de retroceder, viene avanzando. Acaba de dar un paso más. Ahora, ni siquiera se considera creíble que pueda haber fiscales haciendo su trabajo profesionalmente, es decir, tomando decisiones despojadas de eventuales simpatías políticas.
Ojalá los partidos sigan vibrando y despertando pasiones en la ciudadanía. Pero este país será un poco mejor el día en que la sociedad acepte más naturalmente la existencia de actores independientes de los partidos. Mientras esto siga siendo así, la solución más realista para la Fiscalía es regresar a la vieja práctica de la coparticipación. A veces, también en la política, menos por menos es más. La mejor solución, la más viable, para atenuar las denuncias de partidización y reparar la imagen de la Fiscalía, es el control muto entre partidos en la cúpula de la institución. Desde este punto de vista, el colegiado de tres miembros es una buena salida. Puede seguir existiendo el cargo de fiscal de Corte. Podría ser el fiscal penal con más antigüedad (por ejemplo). Pero que esté acompañado en el triunvirato de otros dos fiscales que ofrezcan garantías políticas a los dos grandes bandos en los que se divide la opinión pública. Desde luego, tomar decisiones entre tres puede no ser sencillo. Pero con una gobernanza de este tipo todos los partidos tendrían garantías. Y los fiscales también.
