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    miércoles 12 de junio de 2024

    Cuando todo vale

    Nº 2240 - 31 de Agosto al 6 de Setiembre de 2023

    No es el primer caso y seguramente no será el último. Este tuvo como patético protagonista al presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Federico Kreimerman, un dirigente de segundo orden que encabeza el llamado Frente de Trabajadores, que se define como “un movimiento revolucionario por y para la clase obrera”. Nada menos.

    Kreimerman recurrió a la violencia con el propósito de interrumpir la licitación del Proyecto Arazatí, que impulsa el organismo. Esa iniciativa propone utilizar el Río de la Plata como fuente de agua para la potabilización y abastecimiento del área metropolitana de Montevideo.

    En una sociedad fortalecida democráticamente, oponerse a decisiones de cualquier gobierno dentro de la legalidad integra las pujas ideológicas que, en la mayoría de los casos, deben ser bienvenidas. Pero en esta, como en otras situaciones, militantes y dirigentes sindicales recurrieron a la violencia para expresar su rechazo en lugar de seguir el camino lícito. Cuando los totalitarios no obtienen por esa vía lo que pretenden, todo les vale. Así ocurrió en la década de los años 60 y con el golpe de Estado de 1973. Nada han aprendido.

    El 13 de junio, al cerrarse la recepción de ofertas para el proyecto, Kreimerman y un grupo de compinches atacaron la sede de OSE y sus alrededores encendiendo varias bombas de humo. Kreimerman fue el líder de los que actuaron por fuera de la ley, que es el único camino para cualquier objetivo.

    El Directorio de OSE dispuso una investigación administrativa sobre lo ocurrido y, tras constatar la violencia, trasladó las conclusiones a la fiscal de Flagrancia Gabriela Fossati. La decisión de investigar y el pase a la fiscal tuvieron la abstención del director frenteamplista de OSE, Edgardo Ortuño, quien así se convirtió en cómplice moral.

    Luego de declaraciones con marchas y contramarchas ante el periodista Leonardo Haberkorn, en Desayunos informales de Canal 12, el sindicalista terminó por admitir que había arrojado esa bomba porque era necesario llamar la atención. Primero lo negó, pero ante la evidencia no tuvo más remedio que admitirlo. Luego este pretencioso pretendió dictar una cátedra periodística sobre qué y cómo deben preguntarle para no incomodarlo y dejarlo en evidencia.

    Fossati no tuvo dudas: solicitó que Kreimerman sea imputado por el delito de atentado especialmente agravado. Para el Código Penal lo comete quien atenta “usando violencia o amenaza contra un funcionario público” para estorbar su libre ejercicio. Son circunstancias agravantes que la violencia o amenaza se ejerza por más de tres personas y menos de 15. La decisión está en manos de la Justicia.

    El iracundo, antidemocrático y tramposo Kreimerman sostuvo que con la decisión de la fiscal se “judicializa la libertad sindical”. ¿Quién le dijo que los sindicatos y sus acciones ilegales tienen inmunidad?

    El sindicalista tuvo el respaldo del PIT-CNT, que valoró como “peligroso” el pedido de la fiscal porque según su razonamiento esa tipificación significa “un claro ataque a las libertades sindicales”. Una vez más, una burda etiqueta para respaldar una militancia partidaria que seguramente hiere a los sindicalistas en serio, que cada vez son menos.

    En los últimos años el uso de la violencia para alcanzar objetivos se ha reiterado. El más notorio ocurrió el 15 de febrero de 2013, cuando una horda de políticos y sindicalistas invadieron el edificio de la Suprema Corte de Justicia con el fin de impedir que el organismo trasladara de materia a la jueza Mariana Mota. La jueza era considerada como una abanderada en la lucha judicial contra las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Amparada por la ley, la Corte decidió su traslado a la materia civil.

    En noviembre de ese mismo año, a pedido del entonces fiscal Gustavo Zubía, la jueza Gabriela Merialdo procesó sin prisión por el delito de asonada a Jorge Zabalza, Irma Leites, Álvaro, Diego y Eduardo Jaume y Aníbal Varela, a quienes consideró como los conductores de esa acción.

    Como es obvio el proceso fue apelado e incluso se produjo un debate en la Corte sobre la constitucionalidad del delito de asonada.

    “Tarda pero llega”, se dice de la Justicia. A fines de 2021 la jueza Ana de Santerain condenó a esos militantes por el delito de atentado. En febrero pasado el Tribunal de Apelaciones de 4º turno confirmó esas condenas y se acabó la discusión jurídica.

    Ninguno de los condenados sufrió prisión pero, como el caso de Kreimerman, el peso del Código Penal sobre sus hombros seguramente les complicó su normal tránsito por la vida. Lo cierto es que ninguno volvió cometer la insensatez de utilizar la violencia para alcanzar un objetivo.