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En octubre la elección de diputados y senadores abrirá nuevos caminos. En una de esas rutas estarán las designaciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y de un nuevo fiscal de Corte, ejes de la administración de Justicia.
Los votos que cada partido obtenga determinarán el número de sus legisladores al margen de un eventual balotaje presidencial. Según las encuestas —aunque en esto nada es absoluto y a veces ni aproximado—, es probable que ningún partido obtenga mayorías parlamentarias.
Según el artículo 236 de la Constitución, los cargos a la SCJ y al TCA los decide la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes. Si no hay acuerdo político, transcurridos 90 días del cese, ingresará el ministro más antiguo de los tribunales.
Aun si damos por buenas encuestas que indican que blancos, colorados y otros partidos menores podrían ser mayoría en la Asamblea General, tampoco llegarían a los dos tercios. Quedan dos caminos: a) acuerdan políticamente con sus rivales las designaciones, o b) dejan correr el plazo para que ingresen los ministros de los tribunales de apelaciones más antiguos. En caso de acuerdos, lo razonable sería proyectarlos hasta el fin de 2024 porque parece absurdo hacerlo periódicamente.
El último en ingresar a la Corte por antigüedad fue Luis Tosi en noviembre de 2018. Los partidos habían acordado tres nombres: Bernadette Minvielle (que ingresó en 2017), Nilza Salvo y Luis Simon, según las vacantes que se producirían.
Pero la muerte del ministro del TCA Juan Tobía en 2018, luego de la designación de Minvielle, truncó el acuerdo. Salvo y Simón quedaron afuera y el gobierno rechazó acordar nuevamente. Le servía que Selva Klett ingresara al TCA por antigüedad. La biología puede modificar cualquier acuerdo.
El próximo lunes 9, luego de 10 años en la Corte, cesa Jorge Chediak. Para sucederlo es muy improbable un acuerdo. La nueva legislatura aún no habrá asumido cuando transcurran los 90 días (a comienzos de diciembre). Y debería ingresar el ministro más antiguo que es el civilista Tabaré Sosa.
De cara al futuro, los políticos tendrán que muñirse de computadoras, currículums y algún chisme sobre quién es quién. Un ministro jubilado me comentó con acierto: “Serán las designaciones más complejas de la historia por el elevado número de vacantes y porque se extenderán hasta 2024”.
A partir del 12 de octubre de 2020, cuando cese en la Corte Eduardo Turell, los políticos tendrán que orejear las cartas. A continuación cesarán en el TCA José Echeveste, el 12 de setiembre de 2020, Alfredo Gómez Tedeschi, el 29 de abril de 2021 y Eduardo Vázquez Cruz el 10 de diciembre de 2022. El 27 de octubre de 2021 también termina Tosi en la Corte.
La antigüedad de ministros de los tribunales es la siguiente por su orden: Eduardo Borges, Nilza Salvo, John Pérez, Luis Simon, Ana Maggi, Doris Morales, José Bacaldi, Ángel Cal, Rosina Rossi, Alberto Reyes, Lilian Bendahan, Julio Posada, Nanci Corrales, Juan Carlos Contarín, María Díaz, Alvaro França, Sergio Torres Collazo, Daniel Tapié, Julio Olivera Negrín, María Gradín, Edgardo Ettlin, Eduardo Cavalli y Graciela Gatti.
Cal, Balcaldi y Rossi tienen la misma antigüedad como ministros de tribunal. Según la Constitución, ante esa igualdad quedará designado el ministro con más años en el ejercicio de la judicatura. Balcaldi y Rossi tienen la misma antigüedad como jueces (29/8/86). No hay nada previsto sobre cómo se dirime. Un problema adicional.
En caso de un acuerdo, el orden de las antigüedades es irrelevante. Nada obliga a los legisladores a cumplirlo.
A partir de 2020 vuelve a complicarse. Algunos integrantes de esa lista cesarán al cumplir 70 años, lo que obligará a nuevos conciliábulos políticos. Borges los cumple el 25 de agosto de 2020, Maggi el 9 de enero de 2022 y Salvo el 30 de enero de 2023.
Como si fuera poco, a este intríngulis se debe añadir la vacante del titular de la Fiscalía General a partir del 17 de abril de 2022. Jorge Díaz cesa luego de 10 años en el cargo.
Acá el problema es más complejo. Al candidato lo propone el presidente de la República (artículo 168 de la Carta), pero necesita la venia del Senado “otorgada siempre” por tres quintos de votos del total de sus componentes.
Aunque la propuesta surge del presidente de la República, desde 2015 la fiscalía es un servicio descentralizado por la Ley Nº19.334.
En 2012 Díaz fue propuesto por el expresidente José Mujica y en el Senado obtuvo el aval de todos los partidos.
Eran otros tiempos. Aún se discutía un nuevo Código del Proceso Penal y nadie imaginaba los debates que originaría a partir de 2017 cuando comenzó a aplicarse. Además de cuestionamientos técnicos, como vimos la semana pasada en Búsqueda, en el debate se colaron medidas gremiales de los fiscales, enfrentamientos con Díaz, un presupuesto acotado y una escisión gremial. Se añaden intervenciones del gobierno. Suele atribuirle al código una u otra responsabilidad en la inseguridad, en particular con cifras arbitrarias.
Va a ser muy difícil que los partidos lleguen a un acuerdo, especialmente si el candidato es un juez o un fiscal. Encontrar fuera de esos ámbitos un jurista —abogado en ejercicio o académico, especialmente con especialización en penal o procesal— que conforme a los tres quintos del senado parece extremadamente difícil.
