Pero las cosas se complicaron. En mayo de 2013 varios medios argentinos vincularon a las sociedades anónimas HSG, Aldyne Limitada y Eyden Group LLC en la ingeniería que presuntamente utilizaba el kirchnerista Lázaro Báez para lavar dinero de jerarcas del gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández después. “La pista de Helvetic Services Group, la empresa que se quedó con la financiera de Puerto Madero SGI, supuestamente usada para sacar dinero de Lázaro Báez del país, se extiende desde Suiza a Córdoba, pasando por Gran Bretaña, España, Nueva Zelanda, Estados Unidos y las islas Seychelles”, publicó entonces “La Nación”. Damiani casi no aparecía mencionado, pero quedó enfrentado a los empleados de MF encargados de controlar el cumplimiento de los controles de lavado de activos, que a partir de ese momento lo calificaron como un cliente de “riesgo” (Búsqueda Nº 1.861).
A comienzos del 2014 otra sociedad gestionada por Damiani —Jaguar Capital— apareció en una maniobra sospechosa de lavar dinero, esta vez mediante la compra de un predio en Punta del Este, para beneficiar al empresario argentino Carlos Wagner, indagado desde mayo de este año en la causa del dinero K. Para la operación inmobiliaria habían usado a Helvetic y toda la estructura había sido armada por el estudio uruguayo.
El bufete de Damiani era señalado en los medios por su presunto vínculo en el esquema de corrupción. En julio del 2014 el estudio emitió un comunicado de prensa en el que negó cualquier relación con Báez. “En cuanto al Dr. Marcelo Ramos debemos manifestar que fue un prestador de servicios de la firma, por lo que sus actuaciones o trabajos profesionales fuera de la relación que tuviera con el estudio, son de órbita y responsabilidad exclusiva del citado profesional”, añadió.
En octubre de ese año Damiani recibió una carta firmada por Ramos para que la usara como prueba a su favor. En la misiva el titular de Helvetic aseguraba que los uruguayos no habían tenido “control en la gestión” ni “poder de decisión” en su empresa.
Y también en octubre del 2014 el bufete uruguayo le pidió a MF que creara certificados de acciones de la FEC para que Helvetic no apareciera como su titular a partir de julio de 2012.
El lunes 13 de octubre de 2014, la abogada del bufete panameño Sara Montenegro le envió un correo a Juan Fernández Methol, el socio de Damiani. “Como recordarás, durante nuestra última visita me entregaste los originales de los certificados de acción de FEC SA a nombre de HSG SA (Helvetic), con la intención de que los mismos fueran cancelados y nuevos certificados fuesen emitidos en su lugar”, escribió. Además consultó a favor de quién tenían que ser emitidos los nuevos documentos.
Los nuevos certificados debían estar a nombre de la sociedad Hedwing Finance SA, que era “de uso personal de Juan Pedro Damiani” y cuya única actividad era “ser accionista de FEC SA y de FEC NV”, respondió Fernández ese mismo día. FEC NV, una sociedad domiciliada en Curaçao, había sido usada en el pasado para otorgar préstamos a Peñarol.
Además, Fernández dijo que las acciones debían coincidir con la “terminación del mandato” que la FEC había cursado para que Helvetic controlara sus acciones.
La fecha de finalización de ese mandato había sido objeto de controversia entre los dos bufetes en 2013, cuando surgió por primera vez el problema de la “ruta K”. Es que Helvetic figuraba en los archivos de MF como único accionista de la FEC a julio del 2013. El estudio Damiani, en cambio, sostenía que el mandato había terminado el 30 de julio del 2012 pero se había olvidado de comunicarlo a los panameños. Lo informó recién al año siguiente, justo cuando discutía con MF qué hacer con las empresas que estaban siendo denunciadas por presuntos vínculos con la “ruta K”.
Para los empleados de MF esa información era inconsistente. Damiani decía en 2013 que Ramos había dejado de ser el tenedor de las acciones FEC en julio de 2012, pero en los archivos y mails había pruebas de lo contrario, ya que el ítalo-argentino había firmado documentos a nombre de la empresa en setiembre de 2012 a pedido expreso del estudio uruguayo.
El 19 de julio de 2013, una empleada de MF encargada de controlar el cumplimiento de las medidas antilavado escribió al respecto: “Al revisar nuevamente la base de datos para verificar por qué Helvetic aún aparece como accionista de FEC según nuestros registros cuando según la revocación de mandato enviada por el cliente el día de ayer tiene fecha del 30 de julio de 2012, observamos que al tramitar el CAR (Certificado de Agente Residente) hacia MF el año pasado, el cliente nos solicitó en su mensaje del 13 de setiembre de 2012 que, además del CAR, ‘que la junta de accionistas sea realizada en Panamá mediante carta poder de su accionista, Helvetic Services Group’”. Los documentos con la firma de Ramos con fecha de setiembre del 2012 están entre los “Panama Papers”, según constató Búsqueda.
Un balance de la FEC incluido en la base de datos indica que su patrimonio a fines del 2012 era superior a U$S 80 millones.
Las inconsistencias en las fechas discutidas en 2013 no impidieron que MF siguiera adelante con la reemisión de los certificados de acciones solicitados por Damiani en 2014. El 24 de octubre de ese año, a 10 días de iniciados los trámites, estaba todo pronto. MF le envió a Fernández un correo con varios adjuntos. Los “originales están siendo enviados en la valija de hoy a nuestras oficinas de Uruguay”, explicaba el mail. Entre los documentos estaba una resolución de la junta directiva armada en esos días, pero con fecha 2 de marzo de 2006 —ocho años antes del intercambio de correos— en la que se cancelaban los certificados de acciones de la FEC, cuyo titular era Helvetic Services Group SA, y se emitían “nuevos certificados en sustitución de los cancelados” a nombre de Hedwing Finances SA.
Adjuntaba dos documentos más: la copia de los nuevos certificados y el “registro de acciones”. El último indicaba que los certificados que tenía Helvetic habían sido emitidos el 2 de marzo de 2006 y cancelados ese mismo día por una resolución confeccionada ocho años después.
Consultado por Búsqueda, Damiani aseguró que la fecha 2 de marzo de 2006 de los certificados fue un “error” de MF, que debían haber puesto 2012. “Cuando acá reciben la documentación y se observa que tiene fecha 2006, se la devuelve”, añadió.
De los “Panama Papers” surge que el estudio uruguayo hizo gestiones para enmendar el error recién en junio de 2015, ocho meses después de recibirlos, cuando Damiani había resuelto liquidar a la FEC. Necesitaba esos certificados para procesar la disolución.
En julio de 2015, tres semanas después de la solicitud de disolución, Montenegro, la abogada de MF que quedó a cargo de los trámites para Damiani tras los escándalos públicos de la “ruta K”, les escribió a los uruguayos diciéndoles que había problemas. La junta directiva de FEC —provista por otro bufete panameño— se negaba a firmar el acta de disolución “por la responsabilidad que según nuestras leyes esto acarrea, en consideración de los escándalos mediáticos que se dieron en su momento sobre la sociedad”, explicó. Ofreció como alternativas que se nombrara otro directorio —que “lastimosamente” no podía ser previsto por MF—, que el acta fuera firmada por los directores Hedwing (la sociedad de Juan Pedro Damiani) o que estos les dieran un poder a terceros.
Fernández respondió que la mejor opción era la última y que quizás el poder de disolución lo podría recibir alguien de MF. Pero al día siguiente, 15 julio de 2015, Montenegro le informó que habían surgido nuevos inconvenientes. “Estoy atada de manos con este tema. La razón por la que se tercerizó el servicio de directores nominales fue justamente porque nuestro Departamento de Cumplimiento recomendó no dar el servicio por las razones que ya conocemos. Siendo así, no puedo ni cambiar la junta directiva a directores nuestros, así como tampoco puedo apoderar un directorio nuestro”, dijo.
En el marco de ese proceso, el estudio Damiani necesitaba otra vez que se emitieran certificados de acciones con “fecha retroactiva” al 22 de octubre de 2012. Esa fecha coincidía con el día que la junta directiva provista por MF y compuesta por ciudadanos panameños había quedado a cargo de la FEC.
El área Corporaciones de MF tuvo dudas de si acceder al pedido. El 20 de agosto, la jefa de ese departamento les recordó a sus funcionarios en un correo que “los casos de Damiani los atiende Sara Montenegro personalmente” y les pidió que la consultaran sobre el tema. “Definitivamente sin saber quién es el UBO (beneficiario final) no es una opción” acceder al pedido “y también hay que analizar muy bien eso de emitir retroactivo”, añadió.
Montenegro respondió el 24 de agosto. “La razón de la cancelación y emisión de títulos accionarios con fecha retroactiva es para que la misma sea cónsona con la fecha de la terminación del mandato fiduciario que mantenía con el proveedor de Helvetic”, explicó. “El cliente en este caso lo único que necesita es proceder a disolver la sociedad”.
La explicación satisfizo a los restantes integrantes del bufete panameño. Una copia de los documentos con fecha “retroactiva” fue enviada por correo electrónico al estudio Damiani el 25 de agosto, mientras que los originales viajarían poco después a Montevideo.
Al ser consultado sobre la práctica de antedatar documentos, Damiani dijo que “no se trata de un antedatado”. “Muchas veces no se hacen los cambios de acciones, las acciones quedan a nombre de los anteriores y por cuestiones administrativas se nomina a quien corresponde”, dijo. “Siempre puede pasar que queden desfasados, no es ninguna novedad. Puede suceder que termine una relación y las acciones se hagan dos años después porque nunca se hicieron, porque quedaron con el anterior”.
Destrabada esa situación, Damiani firmó un documento con fecha 7 de diciembre de 2015 para que MF pudiera disolver la FEC, según los “Panama Papers”.
En una entrevista con “El Observador” divulgada en mayo, Damiani declaró que la FEC, la sociedad creada por su padre, el contador José Pedro Damiani, en 1962, había sido liquidada hacía “un año y medio, dos años”.
En los hechos, el acta de la reunión en la que, según dice, “estuvieron, presentes o representados, los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas de las acciones” y se resolvió la disolución de la FEC, tiene fecha del 7 de diciembre de 2015. Sin embargo, fue firmada en último lugar por su director y presidente, Diego de Obaldía, en las oficinas de MF el 15 de diciembre.
