De espaldas al derecho de defensa

De espaldas al derecho de defensa

La columna de Raúl Ronzoni

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Nº 2228 - 8 al 14 de Junio de 2023

Los crecientes enfrentamientos en las redes sociales o mediante declaraciones periodísticas evitan que los contendientes se enfrenten cara a cara y así evadan repreguntas o la exigencia de fundamentar sus dichos. Dejan en el limbo temas fundamentales que se desvanecen sin una conclusión.

Un ejemplo es la advertencia de la Asociación de Abogados Penalistas a la abogada Soledad Suárez del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, asesora de Romina Celeste Papasso, denunciante del senador Gustavo Penadés por abusos sexuales. La abogada reaccionó contra su colega Juan Carlos Fernández Lecchini, defensor de Sebastián Mauvezin, investigado como presunto “gestor” de encuentros sexuales entre el senador y varios menores.

Fernández Lecchini, exjuez penal de larga experiencia, reclamó los nombres de los denunciantes que se mantienen en reserva. “A mí se me prenden todas las alarmas, yo tengo que proteger a las víctimas siempre, pero ahora más que nunca. ¿Por qué quiere acceder al nombre de los menores? Es una pregunta, que cada quien saque sus conclusiones”, reprochó Suárez con una insinuación implícita de que, si se facilita el nombre de los menores, serán presionados.

La abogada justificó la reserva porque es una “causa atravesada por el poder político y económico”, un argumento sin base porque el asunto ha sido investigado sin trabas por la fiscal Alicia Ghione.

Un veterano penalista me comentó que a nadie de ese gremio se le ocurrió desarrollar teorías perversas como las de Suárez, pese a su “inusual y sorprendente” decisión de llevar de la mano a Papasso al salir de la Fiscalía, un acto ajeno a lo profesional que pudo ser objeto de cuestionamientos éticos.

El gremio que preside Juan Fagúndez consideró que los dichos de Suárez afectan la imagen de los defensores y “limitan ilegítimamente la forma como ejercen sus derechos y obligaciones”.

Ese cuestionamiento incluye a Papasso porque con sus características de altivez e iracundia denostó y amenazó a Fernández Lecchini: “¡Ojo con meterte con las víctimas, payaso, que ya me contaron la clase de basura que sos! Metete conmigo, cobarde, no con chicos de 15 años, basura, ya bastante daño le hicieron los denunciados que vos defendés con orgullo”.

Para los penalistas descalificar a un abogado que pretende conocer esos nombres supone “ignorar el deber elemental que tiene cualquier abogado para preparar su defensa. Saber quién es, dónde dice que lo conoció, cómo dice que se comunicaron, dónde dice que se vieron, etcétera. Es información que cualquier abogado y su defendido tienen derecho a saber”.

Tiene toda la razón. Nada tiene que ver el irrenunciable derecho a la defensa sobre los repugnantes delitos denunciados, que parecen destinados a confirmarse con una sanción penal y el destierro político de Penadés.

Debe quedar claro que el principio de legalidad de un Estado de derecho establece desde siempre que nadie puede ser condenado sin un juicio justo, lo que implica el derecho a tener una defensa adecuada. Otra cosa son las turbas, los insultos verbales, las reacciones populacheras y la peligrosa justicia popular.

Esta y otras situaciones similares me recordaron una prédica advertencia de la doctora en Sociología y Psicología de la Personalidad, la estadounidense Sherry Turkle, quien desde 1985 (El segundo yo: los ordenadores y el espíritu humano) ha escrito varios libros sobre la psicología de las relaciones humanas y la tecnología.

El diario español El Mundo recuerda su prédica mediante una nota periodística que la mayoría de los lectores ni siquiera considerarán porque no dudan de la eficiencia de las redes sociales y las colocan por encima de debates personales. “Estamos en un vertiginoso camino que puede terminar en convertirnos en avatares o algo parecido”, razona la psicóloga.

En su más reciente libro (En defensa de la conversación: el poder de la comunicación digital) de 2019, Turkle reflexiona sobre el concepto de la conversación en la era digital y aboga por una comunicación cara a cara, que es donde se forjan las ideas, la reflexión, la introspección, la creatividad y la empatía. Es “el acto humano más humanizador que podemos realizar. Cuando estamos plenamente presentes ante otro, aprendemos a escuchar”. Pero “hoy en día buscamos formas de evitar la conversación. Nos escondemos los unos de los otros a pesar de estar constantemente conectados los unos con los otros”, dice.

Por comodidad, haraganería o cobardía muchos ni siquiera se plantearán dudas sobre el riesgo y el abuso de las redes sociales. Les resulta más cómoda y menos comprometida la comunicación a distancia mediante mensajes por celular o a través de alguna red social antes que arriesgarse con el cara a cara.

Quienes cuestionan el razonamiento de Turkle la ubican entre los detractores de la informática por sus efectos en la psicología humana y social. Pero la psicóloga advierte: “Las computadoras no solo hacen cosas para nosotros, nos hacen cosas a nosotros, incluyendo influir nuestras formas de pensar sobre nosotros mismos y sobre los demás”.

No es la única. La acompañan, entre otros, el alemán Manfred Spitzer y los estadounidenses Nicholas Carr, Howard Rheingold y Clifford Nass, quienes alertan sobre los peligros del uso indiscriminado y permanente de la comunicación digital y denuncian la conexión reiterada a las nuevas tecnologías en detrimento de la comprensión más profunda, del pensamiento crítico y creativo.

Dentro de ese detrimento de una comprensión más profunda calza como anillo al dedo la falta de profundización sobre el derecho de toda persona a una defensa plena, un principio universal indiscutido desde siempre.

Y como el cara a cara no se produce, el camino se va sembrando de malas hierbas. Cada vez con mayor énfasis, porque Papasso se ha dado cuenta de que su pretensión de hacer carrera en el Partido Nacional se desvaneció y que cuando este asunto termine dejará de existir ante la opinión pública.

Tal vez por eso ahora atacó al gobierno a través de una charla virtual: el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro del Interior Luis Alberto Heber han consumido drogas juntos, dijo desafiante.

Argumentó: “Yo creo que Lacalle Pou lo tiene (en su cargo a Heber) por ser de la (Lista) 71 y está desde hace 30 años en la política uruguaya y es amigo del padre y esto y lo otro. Y se han emborrachado y se han merqueado juntos. Han tomado merca juntos. Si no, no estaría más ese tipo como ministro porque es un desastre”.

Cuando vio que esa cuestión estalló dentro del Partido Nacional, intentó justificarse: “Me fui de boca”. Pero es lo que piensa.

De repente supone que su condición de denunciante de Penadés le da patente de corso y puede ignorar el derecho a la defensa, atacar sin pruebas a diestra y siniestra y creer que por ser una víctima nadie se atreverá a someterla a un proceso penal.

Pero olvida el antiguo aserto: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La ley es igual para todos y nadie está libre de ser juzgado, como le ocurrió en enero cuando la jueza Blanca Rieiro la condenó por atentado a siete meses en libertad a prueba por escupir a una funcionaria municipal.  La jueza también dispuso que reciba tratamiento psiquiátrico para sus reacciones violentas. Cinco meses después parece que el tratamiento no da resultado porque su ira es reiterada.

Hacerse trampas al solitario es tan peligroso como jugar a la ruleta rusa.