Esta cifra y declaración fueron modificadas posteriormente el 30 de agosto por “Uruguay (…) alberga alguno de los puertos más transitados del mundo, Montevideo recibe más de 300 visitas de buques pesqueros extranjeros al año”. Aunque esta última cifra se acerca más a la realidad, es importante destacar el concepto de visitas, que no es equivalente a buques. La modificación se presenta como una “actualización” para reflejar únicamente el número de pesqueros extranjeros en Montevideo.
Aunque tenemos constancia de que la autora envió una disculpa por su error a la Dinara, esta disculpa no fue pública, como creemos que debería haber sido. En lugar de eso, se limitó a enviar un correo electrónico al director de ese organismo. Es relevante mencionar que el director estuvo en una misión financiada por esa misma fundación, según consta en una resolución de la Prosecretaría de la Presidencia de la República con fecha del 10 de agosto de 2023, que detalla su viaje del 14 al 17 de agosto a Ecuador para la firma de un memorando de entendimiento.
Los ataques a Uruguay: varias personas y organizaciones han elegido a nuestro país como blanco de sus ataques. Principalmente, son actores extranjeros, como los señores César Lerena o Milko Schvartzman, y organizaciones como Oceanosanos. Lamentablemente, también se suman personajes nacionales como Rodrigo García Píngaro, Andrés Milessi y aquellas organizaciones de las que son miembros. Estas entidades repiten un relato que, lejos de combatir (como afirman) la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (Indnr), perjudica a una actividad altamente regulada y controlada en nuestro país. Es interesante analizar sus relatos y rastrear sus fuentes, que a menudo son autorreferenciales o mutuamente alimentadas. Incluso hemos observado la utilización de informes serios que son reinterpretados para distorsionar la realidad. Es fundamental identificar sus fuentes de financiación para desvelar las verdaderas agendas que se esconden bajo el relato de la defensa del medio ambiente y los derechos humanos.
Además de la supuesta pesca ilegal que, según estas personas y organizaciones, nuestro principal puerto apoya, afirman denunciar trabajo forzoso y otros abusos. Un detalle importante es que, hasta la fecha, no han presentado una sola denuncia formal ante los organismos competentes, limitándose únicamente a utilizar medios de comunicación y redes sociales.
Contrariamente a lo que afirman, Uruguay es un referente en materia de derechos humanos y lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr).
En primer lugar, es importante destacar que la pesca realizada en aguas internacionales no es ilegal.
La Convención del Derecho del Mar (Convemar) establece que, en la alta mar, es el Estado del pabellón de cada buque el que regula su actividad. Por lo tanto, la pesca en el Atlántico Sudoccidental (ASW), más allá de la zona económica exclusiva (ZEE) Argentina o Uruguaya, es legal siempre que sea llevada a cabo por buques debidamente autorizados por su país de bandera.
Entonces, ¿qué falta en el ASW? Falta una Organización Regional de Ordenamiento Pesquero (OROP) que, mediante un acuerdo entre los países ribereños y aquellos con presencia histórica en la zona, establezca una reglamentación y fiscalización común para todos los actores, en lugar de depender de las normas de cada bandera.
Uno de los desafíos en el ASW es la falta de documentación de especies capturadas y sus volúmenes por parte de buques que, incluso operando legalmente, llevan sus capturas directamente a puertos finales. A pesar de las afirmaciones erróneas constantes, Uruguay aborda activamente este problema.
Somos el único país de la región que forma parte del acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (AMERP). A través de la promulgación de la Ley 19.017/012, que fue reglamentada por el Decreto 323/017, Uruguay adoptó las medidas del acuerdo de la FAO, estableciendo controles y procesos para minimizar los riesgos de actividad de pesca ilegal o no reglamentada y documentar adecuadamente la pesca resultante de la actividad en el ASW.
Ni el Puerto de Montevideo ni otro puerto nacional operan con buques ilegales, y a pesar de las afirmaciones infundadas, nuestro país es el único referente de la región en cuanto al cumplimiento de las normas internacionales relacionadas con la pesca Indnr.
Siendo reconocido como uno de los países con mejor nivel de democracia en el mundo, con
instituciones estables y transparentes, se intenta difamar al Estado uruguayo utilizando sus propias herramientas de transparencia. Individuos como Lerena y otros manipulan el error de Tahiana Fajardo Vargas y lo combinan con una burda interpretación de un informe público de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) de una manera que ni el propio Discépolo podría haber imaginado cuando escribió: “Vivimos revolca’os en un merengue y, en el mismo lodo, todos manosea’os”.
La AIN evaluó exclusivamente “el proceso de emisión y renovación de los permisos de pesca comercial industrial, así como las actividades de control implementadas sobre el aprovechamiento responsable y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos, declarado legalmente de interés general”. El informe no menciona buques extranjeros ni pesca ilegal, y el impacto negativo de las irregularidades detalladas recae sobre quienes viven de la pesca, tanto a nivel artesanal como industrial.
Seamos claros. La Dinara funciona mal, es un organismo burocrático y vetusto, tal vez, el único del Estado que reúne todos los poderes de la Administración Pública. Es regulador, juez y ejecutor. Es promotor y recaudador, etc. La administración del Dr. Jaime Coronel es, posiblemente, de las peores que se recuerden, ya no solo por la ineficiencia a la que ha llegado (y que refleja el informe de la AIN), sino por una postura autoritaria sin capacidad de negociar, razonar o aceptar una opinión que no sea la propia. A contramano de un Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que, como pocos, ha puesto un real interés en el desarrollo del sector pesquero, la administración Coronel ha afectado negativamente a todos los subsectores pesqueros (artesanal, industrial, servicios a extranjeros) y el acuícola.
Si lo informado por la AIN no es suficiente ejemplo, podríamos agregar que, tras un año de reuniones de trabajo, se consiguió modificar el artículo 8 de la Ley 19.175 cambiando la definición de embarcación de pesca artesanal de 10 TRB a 13,8 metros de eslora, lo que quedó aprobado por Ley 20.075 de 20/10/22. Con fecha 30/12/22, a solo dos meses de aprobada la ley, una resolución del director (428/2022) limitó, discrecionalmente y contraviniendo la ley, esa eslora a 8 metros y, en algunas excepciones, hasta 9,5 metros. Este “escaso apego a la palabra dada” es lo que expresa la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros (CAPE) en un expediente en el que, junto con otros argumentos, retiraron su confianza en la Dinara y solicitaron la destitución de su director.
Que la Dinara haya quedado obsoleta y no pueda cumplir con muchos de sus roles no es algo actual, es un proceso que lleva años; no obstante, el Estado es mucho más que un organismo. Decir “Puerto de Montevideo: puente para pesca ilegal y narcotráfico” no es más que una falta de respeto hacia nuestro país. Cuando el Sr. Carlos Peláez escribe y habla de la forma en que lo hace en sus columnas, no solo está atacando a un gobierno (como parece querer hacerlo), sino que también está atacando al Estado, y cuando lo hace sin argumentos, difama, y cuando difama, miente. Duele cuando este tipo de calumnias provienen del exterior, pero duele aún más cuando provienen de dentro.
El Sr. Peláez olvida que, en 2016, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) otorgó un reconocimiento a Uruguay por ser pionero en el cumplimiento de las normas contra la pesca ilegal. Además, ningún organismo oficial internacional ha señalado a Uruguay como un país que no cumple con sus acuerdos, sino que, por el contrario, el mundo celebra su estabilidad institucional, incluso cuando cambian los colores de sus gobiernos.
Ya es hora de que nuestro Estado establezca una postura clara. En este sentido, esta nota es un llamado a las autoridades competentes de Uruguay, como el MGAP, MDN, MEF, MI, MTOP, MSP y MRREE, para que expresen de manera enérgica su rechazo a las afirmaciones difamatorias perpetradas por personas y organizaciones que atentan contra la soberanía y el buen nombre de nuestro país.
Además, los instamos a adoptar una postura proactiva en la protección de la integridad de nuestras instituciones, autoridades y empresas.
Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros
