- No se encuentra incluida en el mensaje del Poder Ejecutivo, ni tampoco fue incorporada en la Cámara de Representantes (No confundir con los artículos 284 y 285 relativos a los derechos de los intérpretes).
- Es inconstitucional. Arbitrariamente procura privar —únicamente a los productores audiovisuales— del legítimo derecho —que nos reconocen la Constitución y la Ley de Derechos de Autor— a gestionar nuestros derechos colectivamente (ver consulta Dr. Delpiazzo).
“Incorpórese al artículo 20 de la Ley 17.616 de 10 de enero de 2003 el siguiente inciso:
“Declárese que las entidades de gestión colectiva de productores, sea cual fuere el objeto de su actividad, solo podrán ser autorizadas a funcionar respecto de los derechos de remuneración equitativa que se consagran expresamente en favor de los mismo”.
Esta propuesta además de inconstitucional, perjudica al Estado uruguayo todo y perjudica seriamente a quienes pretende defender, ya que:
• Acarrea y traslada responsabilidad del Estado por Acto Legislativo al Parlamento (anexamos consulta jurídica del Dr. Carlos Delpiazzo).
• Este proyecto de ley tiene “nombre y apellido”, se legisla para un caso concreto, y es inconstitucional.
• Ya se encuentra a estudio de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, considerando lo complejo del tema, los intereses y derechos involucrados, y su proyección nacional y exposición internacional para el país. Egeda Uruguay ya ha propuesto una alternativa legislativa a la Comisión de Educación y Cultura del Senado a través de varios de sus miembros, para consagrar que no se consideran reproducciones ilícitas “las que se llevan a cabo en establecimiento abiertos al público acogidos al régimen de pequeños contribuyentes, siempre y cuando no medie un fin de lucro”.
• La propuesta del senador Gandini beneficia únicamente a los grandes grupos de comunicación de Uruguay, los operadores de TV para abonados de Montevideo, que han sido demandados por Egeda Uruguay en 2014 y aún están en tramitación.
• Implica interferir con la Justicia, el Poder Judicial, y trasladar la responsabilidad al Parlamento.
• No beneficia a quien o quienes el senador Gandini menciona, sino todo lo contrario.
• Fomentará otras modalidades de asociación para la gestión conjunta de derechos, al margen del Estado y al libre arbitrio del mercado (legítimas, pero diferentes de la gestión colectiva, sea bajo la forma de empresas privadas, sociedades anónimas, con fines de lucro, aglutinadores de titulares de derechos u otras (no solo audiovisuales, sino también de música, videojuegos, guiones, etc. ).
• De esta forma, privará a usuarios grandes y pequeños de los beneficios de la gestión colectiva, y los obligará (hoteles, gimnasios, radios, canales de TV, operadores de TV para abonados, otros) a recabar múltiples licencias, a mayor costo y menor seguridad jurídica.
Esta vez el senador Gandini se refiere directamente a Egeda Uruguay, (véase diario El Observador de 13.09.2023, https://www.elobservador.com.uy/nota/impuesto-a-la-tv-viejo-reclamo-de-bares-y-hoteles-por- derechos-de-autor-tendra-nuevo-capitulo-en-rendicion-de-cuentas-2023913101522, también véase acta de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del 6 de setiembre 2023).
- Parte de premisas erróneas o no ajustadas a la realidad.
- El senador Gandini conoce que no existe un “impuesto al televisor”, y que los derechos de autor no son impuestos, sino derechos de propiedad intelectual protegidos por la Constitución y la ley.
- Dice que esta vez se basa en informe del Dr. Pais, informe que contiene errores y es nulo y expone graves irregularidades documentales.
- Egeda Uruguay acaba de responderlo, y de pedir una urgente e inmediata investigación administrativa para esclarecer irregularidades.
- Informe del Dr. Pais tiene unas pocas páginas, y se extraviaron, perdieron o traspapelaron 28 anexos y dos informes integrantes de ese reporte, que nunca fueron entregados a Egeda Uruguay.
- También se perdió, extravió o traspapeló el escrito que el 21 de noviembre de 2019, que presentó Egeda Uruguay levantando todas las observaciones del Consejo de Derechos de Autor.
- Luego de 39 meses, ese escrito no aparece. No lo tomó en cuenta el Dr. Pais en su informe. Afortunadamente, conservamos copia sellada.
- El Dr. País —vicepresidente del Consejo de Derechos de Autor— afirma en su informe que no tuvo acceso a ese levantamiento de observaciones que Egeda Uruguay presentó en 2019. Grave y preocupante.
- Desde entonces —hace más de 39 meses— el Consejo no emitió ningún pronunciamiento de esa presentación de Egeda Uruguay ni impulsó el procedimiento, pese a varios reclamos en ese sentido de Egeda Uruguay.
- De todo esto, Egeda Uruguay ha solicitado urgente investigación administrativa y esclarecimiento de responsabilidades.
Capítulo aparte merece el pedido expreso del Dr. Pais en su informe de no dar vista ni conocimiento de las actuaciones a Egeda Uruguay antes de elevar el expediente al Ministerio de Educación y Cultura en su Dirección de Asuntos Constitucionales y Políticos. Con el fin de no “preparar” a la involucrada, y así “intentar evitar” que pueda ejercer sus garantías constitucionales de contralor y defensa, inherentes al Estado de derecho y la forma republicana de gobierno (Constitución, artículos 72, 332, 309 y ss., 317 y ss.). Grave y preocupante que el regulador piense y actúe de esta manera, y que además así lo manifieste expresamente.
Confiamos en nuestra República Oriental del Uruguay, en nuestro Estado de derecho, en la separación de poderes, en nuestro sistema jurídico, y en la seguridad jurídica, atributos por los cuales nuestro país es procurado a nivel nacional y en todo el mundo para atraer inversiones. Una limitación absurda, legislada para el momento y para un caso con “nombre y apellido”, y violentando un régimen jurídico sólido de tutela de la propiedad intelectual, y contrariando todos los principios y tratados internacionales en esa materia, colocará a Uruguay como una “isla”, en solitario y al margen del mundo. No debería legislarse para satisfacer un reclamo de grupos de presión poderosos o influyentes, en desmedro del Estado de derecho.
Solicitamos no respaldar esta iniciativa inconstitucional y reñida con la normativa nacional e internacional.
Por Egeda Uruguay:
Walter Tournier, presidente
Mariana Secco, secretaria
Lucía Gaviglio, tesorera
