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No cabe ninguna duda que la actual coyuntura económica se presenta crecientemente complicada para el gobierno, que tarde o temprano se verá enfrentado a tomar decisiones nada fáciles.
Por un lado, ya es evidente que el ritmo de crecimiento de la economía se está enlenteciendo, fundamentalmente por el cambio negativo que se viene observando en el contexto regional. A eso se agrega el impacto del fuerte incremento de los costos internos de producción, lo que reduce todavía más la competitividad de la producción local. En un contexto que ya venía mostrando señales de moderación, la disparada que ha tenido el dólar en el mercado paralelo en Argentina (más allá del retroceso que el dólar “blue” ha mostrado en los últimos días) es un nuevo factor negativo para el nivel de actividad en Uruguay, especialmente para el comercio, el turismo y también para la construcción.
Un menor nivel de gasto agregado de los argentinos en nuestro país y un mayor nivel de gasto de los uruguayos en la vecina orilla (y en todo el resto del mundo, dado que Uruguay se ha transformado en una especie de “isla” muy cara en dólares respecto a prácticamente todo el resto del planeta), no sólo repercutirá negativamente en el nivel de actividad sino que también lo hará en la recaudación impositiva, complicando la gestión de las cuentas públicas, más allá del auxilio que este año brindará el menor costo de generación de electricidad. La merma de la recaudación, a su vez, limita las posibilidades de utilizar la política fiscal como herramienta para mejorar la competitividad, sea por la vía de mayores devoluciones de impuestos, reducción de los aportes a la seguridad social o rebajas de las tarifas públicas, especialmente cuando el déficit fiscal estructural es elevado. Claramente, y por el mismo motivo, no hay márgenes por el lado de la política fiscal para ayudar en la lucha contra la inflación, como se hizo en el pasado a través de desgravaciones de impuestos para determinados productos y rebajas o congelamientos de las tarifas públicas.
En sentido positivo, el menor nivel de demanda agregada neto proveniente de la región, junto a la baja que están mostrando los precios de las materias primas en el resto del mundo, debería contribuir a mitigar las presiones inflacionarias de origen externo, ayudando al gobierno en el objetivo de contener la inflación, que desde hace muchos meses se mantiene muy por encima de las metas oficiales. Salvo un desborde significativo en la próxima ronda de negociación colectiva de salarios, el riesgo de que la inflación vuelva a ubicarse en niveles cercanos al 10% ha disminuido de manera notoria ante el cambio negativo en el contexto externo, más allá que de todas formas la misma se mantendrá muy por encima del techo del rango meta de las autoridades (4% a 6%).
Parece claro que en los próximos meses tendremos un contexto de menor nivel de actividad y también menores presiones inflacionarias, básicamente como consecuencia del cambio negativo en el contexto regional e internacional. Dada esta realidad, sería altamente deseable que el gobierno modificara la actual combinación de políticas económicas para volver mucho más eficiente el “trade-off” nivel de actividad/inflación/competitividad, habida cuenta del contexto externo más negativo. Un significativo recorte del gasto público que libere recursos para bajar impuestos y tarifas públicas así como para comprar dólares con recursos genuinos, una fuerte baja de las tasas de interés por parte del Banco Central que desaliente la entrada de capitales y una política salarial donde los aumentos nominales de salarios estén topeados por el centro del rango meta de inflación más la mejora de la productividad, ayudarían muchísimo a minimizar los impactos negativos sobre el nivel de actividad y de empleo del shock externo negativo, así como a encauzar la inflación hacia los objetivos definidos por las autoridades.
Dados los tiempos electorales que se avecinan, se trata sin duda de decisiones muy complicadas que difícilmente se vayan a adoptar, salvo que aparezca un “chivo expiatorio” al cual echarle la culpa, que bien podría ser un sinceramiento de la situación cambiaria en Argentina luego de las elecciones legislativas de fines de este año.
