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Precisiones ineludibles. En su edición del día 11 cte. “El País” consigna en texto entrecomillado las siguientes expresiones del señor representante nacional Daniel Caggiani, diputado del MPP:
“En 2002 el gobierno de Jorge Batlle miró para el costado cuando se dio el golpe y Chávez estuvo preso tres días. Y se pidió nuevas elecciones”.
Si estas —como asumimos— han sido las referidas declaraciones, cabe desmentirlas de manera categórica. En cualquier caso, las precisiones que detallo servirán al objetivo de nuestra frontal oposición a toda manipulación de la opinión pública en este tema.
En efecto, el día 11 de abril de 2002 se produce un golpe de Estado en Venezuela que incluye la prisión del presidente Chávez y la designación inconstitucional de un nuevo presidente.
En esa misma fecha tenía lugar en San José de Costa Rica la 16ª Cumbre de Presidentes del Grupo de Río, a la que asistía el presidente Dr. Jorge Batlle y su canciller Didier Opertti.
Enterada del golpe contra la democracia, la propia Cumbre, ante tan grave situación, pasó a considerarla como tema prioritario. El presidente Batlle y yo mismo como su canciller, de modo paralelo, planteamos en el respectivo nivel que se aplicara la Carta Democrática Interamericana que habían aprobado los Estados parte de la OEA en la Asamblea General que tuvo lugar en Lima el día 11 de setiembre de 2001.
La posición de Uruguay en la precitada Cumbre de 2002 fue muy clara en el sentido de darle aplicación a la Carta, como efectivamente sucedió, y a partir de la Cumbre de San José tuvo lugar en el marco de ese instrumento una inmediata y vigorosa acción diplomática institucional de la OEA, la que unida a la expresión popular de repudio al golpe, tuvo como resultado la restitución del presidente Chávez, el que luego de estar preso durante tres días retornó al ejercicio de su investidura constitucional como jefe de Estado de Venezuela.
El presidente Batlle, lejos de “mirar para el costado” —como lo reconociera más tarde el propio presidente Chávez—, abogó por el funcionamiento del compromiso regional vigente de defensa institucional del sistema democrático y se opuso a cualquier otra vía ad-hoc para la solución de la crisis venezolana, y de modo particular a nuevas e inconstitucionales elecciones en ese país hermano.
Así los hechos, la Carta Democrática Interamericana tuvo su estreno a favor del depuesto presidente Chávez, la cual, paradojalmente, transcurridos quince años, es rechazada y vituperada hoy día por el autoritario gobierno venezolano. Al negarse su aplicación por el gobierno uruguayo, este abandona así una política de Estado clara y definida sobre la materia.
Y lo más grave —y pienso aquí como ciudadano de mi país—, es que se pretenda enlodar la figura del Presidente Batlle y la política exterior en que tuve el honor de acompañarle.
