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La Mesa Coordinadora de Sindicatos de Presidencia (MCSP) continúa manifestando su preocupación ante la eminente pérdida de fuentes de trabajo de compañeras y compañeros en la órbita de la Presidencia de República.
En el día de ayer se entregó al presidente de la República Oriental del Uruguay, Dr. Luis Lacalle Pou, una nota firmada por trabajadores y trabajadoras de todo el Inciso donde se manifestó la defensa de los puestos laborales y el rechazo a la desvinculación de trabajadoras y trabajadores en el marco de la emergencia sanitaria, social y económica que estamos atravesando.
Estos sorpresivos recortes en el personal, inaceptables para nuestros sindicatos, pero sobre todo para las trabajadoras y trabajadores directamente involucrados, no han sido acompañados de una reestructura estudiada en ningún ámbito de la negociación colectiva, que la ley vigente en nuestro país promueve desde hace ya más de diez años. En cambio, la falta de comunicación por parte de las autoridades hacia los sindicatos y, en especial, hacia nuestros compañeros y compañeras contratadas solo generó incertidumbre y angustia.
Desde el 20 de marzo la Asociación de Funcionarios del Inciso de Presidencia (Afinpre), e inmediatamente la MCSP, ha solicitado a las autoridades la apertura con carácter urgente del diálogo bipartito. Luego de más de un mes de intentos fallidos, el pasado 22 de abril se logró concretar una reunión con el director general de la Presidencia de la República, Sr. Hebert Paguas, y con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ec. Isaac Alfie. Desde la MCSP se instó a que ningún vínculo laboral sea cesado en el marco de la actual crisis y que se garantice la continuidad laboral de decenas de trabajadores y trabajadoras con años de servicio en la administración pública.
Lo propuesto se expone en los siguientes puntos:
La emergencia sanitaria actual que evidencia que el tema es de alto impacto en lo humano (incidiendo en la salud y en la economía a escala personal, familiar y social) y no debe guardar relación con cuestiones administrativas o político-partidarias (por ello no se admite la renovación con plazos menores a los habituales, es decir un año).
Buscar estrategias presupuestales para regularizar y lograr dar seguridad y permanencia en cuanto a la vinculación laboral a personas que hace años y en algunos casos décadas trabajan en la Presidencia de la República con contratos que lesionan sus derechos como trabajadores/as y pretenden esconder los vínculos reales de dependencia. Estos vínculos representan entre otros a más del 40% de los trabajadores en OPP y superan el 60% en Agesic, así como casi el 100% en ACCE.
Durante ese período de tiempo, negociar a nivel bipartito las restructuras que las autoridades están elaborando. Procurar que todos los casos de quienes se vean afectados directamente en sus fuentes laborales tengan un adecuado estudio caso a caso, a los efectos de lograr reasignar a las personas a puestos de trabajo donde puedan aportar desde su experiencia y disciplinas académicas o técnicas para el Estado y para la ciudadanía (beneficiarios de las políticas públicas).
En la actualidad, todas y todos estos compañeros, por el tipo de vínculo contractual, no tienen cobertura por desempleo, así como ningún tipo de indemnización previsto ante estos ceses sorpresivos. Se trata de personas que trabajan en Presidencia desde hace varios años, ingresaron a través de concurso y desempeñan funciones básicas idénticas a las de cualquier otro funcionario asalariado (no son cargos de confianza ni políticos). A todos estos planteos las autoridades manifestaron su intención de prorrogar algunos de los contratos solo hasta el 30 de junio próximo y otros se comprometieron a llevarlos hasta noviembre-diciembre de 2020. Consideramos que esto es insuficiente, desigual y deja en un proceso de angustia a cientos de familias que ya sufren esta situación desde el decreto del 11 de marzo donde se propone la reducción (o no renovación) de contrataciones por una decisión política unilateral.
Nos preocupa y angustia esta situación y exhortamos a las autoridades del Gobierno y especialmente al presidente de la República a dar cumplimiento a los compromisos asumidos por sus interlocutores de renovación de los contratos con el mayor margen posible. Durante este año, que ya está previsto presupuestalmente, continuar con el diálogo franco y abierto para dar solución definitiva a esta situación.
De concretarse la medida proyectada originalmente por el Gobierno, se dejarán sin fuente laboral en las próximas semanas a más de 40 trabajadores y trabajadoras y sin ingresos a sus familias de un día para otro. Exigimos a las autoridades que realicen los trámites de renovación de los contratos que vencerán próximamente y los que ya han vencido desde el 13 de marzo pasado.
Exhortamos a regularizar todos los vínculos de carácter tercerizados que desde hace años cumplen tareas permanentes y sustanciales en todo el territorio de nuestro país.
Expresamos, nuevamente, nuestra más amplia disposición a integrar espacios de diálogo y trabajo que contribuyan al mejor desarrollo de los objetivos que nuestro país se ha propuesto, salvaguardando, siempre, los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
No aceptamos, ni aceptaremos, reestructuras sorpresivas que afecten las condiciones laborales de nuestros compañeros y compañeras.
¡¡¡No aceptamos, ni aceptaremos la perdida infundada de una sola fuente de trabajo más!!!
