Demoras, falta de información y objeción de conciencia dificultan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en pandemia

Primero se realiza una consulta médica para que la mujer exprese las condiciones que “a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso”. Para el mismo día o para el siguiente se forma un equipo multidisciplinario con al menos tres profesionales: un ginecólogo, un psicólogo o psiquiatra, y un referente del área social. Le sigue el asesoramiento del equipo y después un “período de reflexión” de la gestante, de cinco días como mínimo. Después, si la mujer ratifica su voluntad de abortar y firma un consentimiento informado, se coordina “de inmediato” el procedimiento. Ese término, “inmediato”, se reitera varias veces en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada en Uruguay en diciembre de 2012, y que establece el procedimiento para realizarse un aborto.