Primero se realiza una consulta médica para que la mujer exprese las condiciones que “a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso”. Para el mismo día o para el siguiente se forma un equipo multidisciplinario con al menos tres profesionales: un ginecólogo, un psicólogo o psiquiatra, y un referente del área social. Le sigue el asesoramiento del equipo y después un “período de reflexión” de la gestante, de cinco días como mínimo. Después, si la mujer ratifica su voluntad de abortar y firma un consentimiento informado, se coordina “de inmediato” el procedimiento. Ese término, “inmediato”, se reitera varias veces en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada en Uruguay en diciembre de 2012, y que establece el procedimiento para realizarse un aborto.
Pero desde el 13 de marzo de 2020 en el sistema de salud uruguayo, tanto público como privado, lo inmediato son los casos de Covid-19. El país vive una emergencia sanitaria que afecta al mundo entero y que en el último tiempo se ha llevado 40, 50 o 60 vidas por día. “El Ministerio de Salud Pública (MSP) no responde casi a nada que no sea Covid”, dijo a Búsqueda la directora de la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Lilián Abracinskas, y lamentó que en esa cartera aún no estén procesados los datos de embarazos adolescentes ni de abortos en 2020. También que se haya desactivado la Comisión Asesora en Salud Sexual y Reproductiva que se había creado en 2004 y en la que MYSU tenía participación.
Cuando había transcurrido alrededor de un mes del inicio de la emergencia sanitaria, las autoridades emitieron una circular dirigida a las instituciones de salud que instaba a no suspender la atención en salud reproductiva. Sin embargo, según Abracinskas, la circular “no se difundió a la ciudadanía” y entonces llegaron a MYSU muchas mujeres que no sabían cómo acceder a los servicios de IVE, ya que sus prestadores de salud no les daban respuesta o les brindaban información imprecisa. “Hemos encontrado una suerte de debilitamiento de los servicios”, aseguró.
Según un informe del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai), titulado La salud reproductiva es vital, entre marzo y agosto de 2020 se comprobó una tendencia al alza en los indicadores de mortalidad materna en América Latina con respecto al año anterior. La iniciativa recogió datos de varios países, entre ellos Uruguay, y concluyó que el efecto de la pandemia en la salud reproductiva de las mujeres sería incluso mayor que el número de muertos directos por Covid-19.
El Clacai asegura que Ecuador, Perú, Chile y Uruguay no flexibilizaron ningún requisito para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo durante la pandemia. Estos países registraron un descenso de hasta 86% en la cantidad de procedimientos realizados en 2020.
MYSU registró casos de mujeres que quisieron iniciar sus procesos de IVE y les dieron hora para un mes y medio después. A otras les surgieron demoras para conformar los equipos interdisciplinarios por casos de cuarentenas, infecciones de Covid o simplemente falta de disponibilidad. En total, fueron 150 las mujeres que se acercaron a MYSU durante el 2020 a solicitar ayuda para encontrar esa inmediatez en sus sistemas de salud. Y, según la directora de la organización, hubo casos tanto del sistema privado como del público, el militar y el policial.
“Por las restricciones de la ley hay gente que queda afuera o que se pasa de los plazos”, aseguró la directora de MYSU. Al recibir las consultas de las mujeres, la organización trató de que el sistema las atendiera y, en su mayoría, lo lograron. Lo que no pudieron medir es cuántas de esas 150 pudieron interrumpir sus embarazos dentro de los plazos y en las condiciones establecidas, y cuántas no.
Se presentan demoras, los días corren, se vencen los plazos. Y el aborto, después de las 12 semanas de gestación (o 14 en el caso de que el embarazo haya sido producto de una violación) sigue siendo un delito en Uruguay. La ley es precisa pero los embarazos no. Es difícil medir con exactitud la cantidad de días de embarazo que lleva una mujer. Pero por la aplicación estricta de la regulación, embarazadas con 12 semanas y seis días de gestación han quedado por fuera del sistema, según relató Abracinskas. “Es como una suerte de lavarse las manos y tener muy poca empatía con las mujeres que quedan en una situación de mucha desprotección”, opinó.
“Abuso de celulares”
La telemedicina o las consultas médicas por teléfono se implementaron de manera rápida en los inicios de la pandemia, para evitar contactos y, con ello, riesgos de contagio de Covid-19. La tecnología se puso al servicio de los médicos para no perder el control de sus pacientes. En el caso de las mujeres con embarazos no deseados, “hubiese sido una excelente iniciativa”, dijo la directora de MYSU. Hubiese contribuido a resolver “varios problemas de los servicios de salud sexual, reproductiva y de aborto. Pero a lo que se limitó fue a un abuso de celulares, muchas veces, por los propios profesionales”, lamentó. Es que Uruguay restringió los servicios de telemedicina para acceder al IVE solo a casos de cuarentena obligatoria, o si quien debía brindar asesoramiento se encontraba realizando teletrabajo.
Abracinskas recordó que tras el fallecimiento de una adolescente de 14 años después de un proceso de IVE en el Hospital de Treinta y Tres, la organización Las Lilas, que acompaña a las mujeres en esos procesos, realizó una denuncia y logró que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) estableciera algunos protocolos e indicaciones para la atención domiciliaria de mujeres que quisieran acceder al IVE y tuvieran Covid o estuvieran en cuarentena.
La mayoría de las mujeres que abortan de manera legal lo hacen con medicamentos. En general, se administra mifepristona, que bloquea la acción de la hormona necesaria para la continuidad del embarazo, y luego misoprostol, que actúa sobre el útero y provoca contracciones y dilatación. El procedimiento suele hacerse en el domicilio, y entonces el acompañamiento a través de la telemedicina sería una opción viable, según Abracinskas, sobre todo en el caso de las mujeres que residen en el interior. Es que en estos casos es frecuente, con o sin pandemia, que deban trasladarse a la capital para acceder al IVE, por varios motivos.
En algunas ciudades hay un 100% de objetores de conciencia, es decir, médicos y especialistas que hacen uso de su derecho a no involucrarse en procesos de aborto por razones morales, éticas o religiosas. En otros casos, sobre todo en localidades pequeñas, hay poco personal disponible para conformar el equipo multidisciplinario. En otras, no es sencillo conseguir mifepristona o misoprostol. Y estas dificultades se acentuaron con la pandemia.
La objeción y el estigma.
Ese derecho que la ley de IVE concede a los médicos y posibles integrantes de un equipo interdisciplinario es un obstáculo que MYSU busca derribar desde hace varios años, aunque sin éxito. “Todavía tenemos un fuerte estigma sobre la práctica del aborto”, expresó Abracinskas. “Sigue habiendo una penalización social hacia las mujeres que abortan y muchas veces hacia los profesionales que brindan la atención. Nos falta mucho trabajar en esta dimensión de que el aborto sea un requerimiento más de la salud sexual y reproductiva. No se ha trabajado casi nada. Si no fuera por las organizaciones sociales, diría que desde las instituciones se ha hecho muy poco al respecto”, añadió.
La ley de IVE explicita varios mecanismos para que la mujer que transita un embarazo no deseado reconsidere su decisión de abortar. Que evalúe otras opciones, que reflexione, que esté 100% segura antes de hacerlo. El equipo interdisciplinario informa sobre los riesgos de la intervención, las alternativas al aborto, como programas de apoyo social y económico y la posibilidad de dar a su hijo en adopción. El apoyo psicológico apunta a “contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable”, expresa la ley.
Varios miembros del gobierno que asumió 12 días antes de que la pandemia llegara a Uruguay fueron, en su momento, opositores a la ley de IVE. Incluso en 2013 surgió por parte del Partido Nacional, organizaciones sociales y religiosas, una iniciativa para derogarla. Se juntaron firmas, pero se llegó a menos de 10% del padrón electoral. El presidente, Luis Lacalle Pou, participó de esta iniciativa. También lo hizo el actual director general de la Salud del MSP, Miguel Asqueta.
“Él ha, de alguna manera, indicado a los equipos que tienen que enfatizar la información sobre la decisión”, dijo Abracinskas en referencia a Asqueta, y opinó que esto tiene como punto de partida la suposición de que las mujeres llegan “dudosas” a los servicios de IVE. Sin embargo, datos recavados por un estudio de MYSU en 2019 dan cuenta de lo contrario: 95% de las mujeres que empiezan el proceso lo terminan.
Búsqueda intentó comunicarse con Asqueta para recoger su visión y la posición del MSP, pero este no respondió a las reiteradas consultas. Tampoco desde prensa del ministerio proporcionaron información sobre el tema.
La iniciativa de buscar la derogación de la ley fracasó. No se volvió ni se volverá a intentar, según han afirmado jerarcas del gobierno que se oponen al IVE. Sin embargo, muchos siguen defendiendo y expresando su postura opositora. En mayo, a dos meses de asumir la presidencia, Lacalle Pou y varios ministros de su gabinete realizaron una conferencia de prensa con medios del interior, para informar sobre brotes de Covid-19 en el país. Pero uno de los periodistas decidió consultarle sobre un tema que nada tenía que ver con el motivo de la conferencia: su posición frente a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. “Todos entendemos que Uruguay tiene que tener una fuerte protección a los niños por nacer, que hay que tener una política de desestímulo de los abortos”, afirmó el presidente en su respuesta.
