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Faltaban apenas días para que terminara el gobierno de Tabaré Vázquez cuando el entonces titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alejandro Nario, recibió un correo electrónico con una denuncia. El remitente era Gerardo Evia, director del Programa de Conservación de la Biovidersidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este (Probides), quien le decía que había encontrado algo llamativo en una de sus recorridas.
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“En ocasión de encontrarme prestando apoyo para el combate de incendio en la Estación Biológica Potrerillo de Santa Teresa (en el departamento de Rocha) constaté la presencia de tres plantas de lo que parece ser cannabis (marihuana) en macetas ocultas en un claro de monte cercano a la casa de los guardaparques”, narró Evia en el mail enviado el 21 de febrero, al que accedió Búsqueda.
El director de Probides agrega que el predio es propiedad del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) y que los guardaparques son funcionarios de la organización. Y adjunta fotos de las plantas colocadas en macetas cuadradas que tienen una altura de un metro aproximadamente.
El 27 de febrero Nario elevó a la Asesoría Jurídica de Dinama la denuncia para que se dé inicio a una investigación administrativa. Los guardaparques no se rigen por la órbita pública ya que no trabajan para el ministerio, sino que lo hacen bajo el derecho privado. Sin embargo, Evia sí es funcionario y por eso decidió denunciar en el marco de la Ley Nº 19.121, que establece la responsabilidad que recae sobre todo aquel funcionario que esté en conocimiento de hechos de apariencia delictiva y no los denuncie a sus superiores.
Las plantas de marihuana fueron encontradas cerca de la casa de los guardaparques y se ubicaban en una zona declarada de interés para la biodiversidad.
Las nuevas autoridades tomaron conocimiento de este caso y el 6 de marzo la ministra del MVOTMA, Irene Moreira, emitió una resolución en la que ordenó que se realice una investigación administrativa “con el fin de esclarecer y determinar la existencia de actos irregulares”.