Derechos humanos y excusas

La pena máxima de esa Corte con personalidad jurídica internacional es la prisión perpetua y las imputaciones para esos detenidos son tan aberrantes y las pruebas tan contundentes que la mayoría probablemente morirá entre rejas.

Este sistema es la antítesis de las prisiones uruguayas y de nuestra mentalidad. La mayoría de los ciudadanos —lo expresen o no públicamente— desea el mayor padecimiento para todos los reclusos.

Olvidan —o prefieren no saber— que el trato inhumano y la tortura están prohibidos por la ley local y por las Naciones Unidas.

Tortura es todo acto que se le inflija intencionalmente a una persona y que le ocasione dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales. Y los reclusos de las prisiones uruguayas, condenados o en prisión preventiva, los padecen y muchos mueren por falta de atención sanitaria o por acción u omisión de su carcelero: el gobierno.

En las últimas semanas algunos han expresado mediante mails su rechazo a que el Ministerio del Interior construya en Mercedes una cárcel con agua caliente y calefacción de entre 18 y 20 grados en invierno: “cada metro cuadrado de calefacción costará U$S 30 dólares que pagaremos todos para asesinos y rapiñeros”. Pero no se atreven a cuestionarlo públicamente porque sería políticamente incorrecto.

Lo pagaremos y corresponde. Si se concreta será un paso importante como parte de cambios de fondo. A esto se añade el anuncio del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, de más prisiones y un proyecto para que las prisiones pasen a depender de un sistema “desconcentrado e independiente”. Ideal si las promesas no son vanas.

También se ha expresado rechazo a que el asesino serial Pablo Gonçalvez sea liberado, como lo habilita la ley, mientras un estudio del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales indica que un elevado número de ciudadanos justifica que la Policía viole los marcos legales para combatir el delito y que la mayoría admite la justicia por mano propia.

Muchos uruguayos exigen respeto por sus derechos mientras admiten la violación de otros. Optan además por la Ley del Talión antes que por el artículo 26 de la Carta: “En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. ¿Alguna vez vio manifestantes sociales, gremiales o políticos con pancartas con ese texto?

Ocurre lo contrario. Y muchos gobernantes tratan de patear para afuera. Hace unas semanas la bancada de diputados del gobierno impidió que el Comisionado Parlamentario de Cárceles, Álvaro Garcé, ingresara a sala durante la interpelación a Bonomi. El objetivo fue evitar que se desnudara la política carcelaria. ¿Quién la conoce mejor que Garcé?

“Garcé es blanco”, cuestionaron algunos, como si la venia no se la hubieran dado todos en dos ocasiones. ¿Qué dirán cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos —que igual que Garcé depende del Poder Legislativo— exija que se respeten determinados derechos humanos de los uruguayos? ¿Van a cuestionar que Mirtha Guianze y Juan Faroppa son frenteamplistas, o que Juan Raúl Ferreira, aunque blanco, fue apoyado por el gobierno?

Es lamentable que decisiones acertadas como construir una cárcel de esas características en Mercedes, o que las prisiones dependan de un organismo desconcentrado e independiente, se enchastren por vendarse los ojos.

La cárcel de La Haya es una excepción universal y admito que el encierro dorado de esos monstruos rechina y genera rechazo. Sin embargo es un símbolo de lo que debe ser.

Ese edificio fue utilizado por los nazis durante la II Guerra Mundial como centro de torturas y muerte contra la resistencia holandesa. Sobre esa infamia se levanta un testimonio del respeto universal por los mismos derechos humanos que avasallaron estos imputados de brutales crímenes de lesa humanidad. Es un ejemplo de cómo se deben comportar las sociedades civilizadas sin excusas bastardas para justificarse.