Después de La Ternera

Gabriel Valentín, procesalista y docente universitario, aboga por la prudencia. Cree necesario debatir “seriamente”, estudiar el pasado local y los jurados en la región. Parece apoyarse en José Batlle y Ordóñez sobre el riesgo de caer al abismo: “El que se precipita… se precipita”.

Los jurados “vienen cabalgando en América Latina”. Uruguay, “con condiciones socio-educativas y políticas bastante estables, garantiza que el sistema tenga materia prima para establecerse”, razonó Negro. A su juicio, en el sistema acusatorio del CPP un jurado “es la máxima expresión de la independencia y la imparcialidad”.

Díaz está “absolutamente convencido de que es el camino” porque el ciudadano entendería mucho más cómo funcionan las pruebas y se demuestran los delitos.

Mientras rija el proceso abreviado (acuerdos entre fiscales e imputados con penas más leves), quienes vayan a juicio serán pocos. Cambiaría si ese proceso se eliminara o restringiese.

Algunos —sin distinguir países o su demografía— sostienen genéricamente que los jurados democratizan el sistema de Justicia al habilitar la intervención del ciudadano. Para otros, los jurados abonan el riesgo de presiones, sobornos o discriminaciones por género, religión, orientación sexual o etnia. En el caso de Uruguay se señala la poca cantidad de habitantes y recuerdan un viejo aserto popular: “Aquí todos somos parientes, amigos o vecinos”. Ni hablar de las ideologías en un país hiperpartidizado.

Según el artículo 13 de la Constitución, los jurados se podrán establecer por ley. Solo hace falta un proyecto de apenas un párrafo y discutirlo. ¿Por qué entonces nadie lo redacta o convoca a reuniones partidarias y académicas para ese debate? Conjeturo —sin haber accedido a estudios sobre el asunto— que es porque los jurados generan desconfianza y nadie de los que lo pretenden arriesga un rechazo masivo.

En Estados Unidos, el país con más amplia experiencia, se ha sostenido que, además de argumentos legales, para convencer a un jurado se requiere que la fiscalía o la defensa desarrollen una buena “actuación” ante el jurado. En buen romance, tener condiciones para el arte dramático.

Una original serie de TV, Bull (Canal 10), se basa en una empresa con gran capacidad tecnológica dirigida por un psicólogo. Lo contratan para seleccionar o vetar jurados durante el proceso de su selección según el interés del cliente. Es ficción, claro, pero toda ficción se inspira en la realidad.

En Estados Unidos los índices entre condenas y absolución se ubican en 70/30. No contabilizan los errores. Una serie de Netflix del mes pasado, Así nos ven, dramatiza el caso de cuatro adolescentes negros y un latino de entre 14 y 16 años acusados en 1989 de violar y golpear salvajemente a una joven blanca que corría por Central Park y que quedó al borde de la muerte.

La fiscal Linda Fairstein —sin testigos ni pruebas materiales— se basó en confesiones que a su pedido les arrancó la policía. El entonces empresario y hoy presidente, Donald Trump, compró avisos de una página abogando por sus penas de muerte. El jurado los declaró culpables. En 2001 un recluso confesó la violación y los condenados fueron absueltos. Ese mismo año, Fairstein renunció a la fiscalía y luego se convirtió en una exitosa novelista de thrillers. Pero a comienzos de este mes, ante el impacto negativo derivado de la serie de TV, la editorial Dutton, del grupo Penguin Random House, anunció que a la exfiscal le revocará el contrato editorial.

Hasta 1938 hubo en Uruguay jurados que fueron eliminados por la Ley Nº 9.755. Fue el resultado de la escandalosa posición del jurado en el llamado “crimen de La Ternera”, nombre de una estancia de Francisco Saravia, en Treinta y Tres, donde fue asesinada su esposa, Jacinta Correa, mediante una inusual trama criminal1.

Correa fue asesinada por dos peones que la ahorcaron con una bufanda en un patio de la estancia. Aprovecharon la ausencia de Saravia y de los peones, a quienes Saravia se llevó con la excusa de una yerra.

Cuando la comitiva regresó encontraron el cadáver de Correa aún en el suelo. Saravia siguió de largo y dio la orden de avisar a la policía que la mujer había muerto de un infarto. El juez Carlos Muñoz Callorda dedujo que si los ejecutores no actuaron por venganza o robo, el móvil fue otro, probablemente un mandato de terceros. Ordenó el procesamiento con prisión de Saravia y de cuatro involucrados.

En enero de 1930 los presos fueron trasladados a Montevideo. El proceso tuvo varias instancias hasta que el 2 de agosto de 1937 comenzó el juicio con jurados. Las pruebas del fiscal, Luis Enrique Pineyro Chain, fueron contundentes. El jurado admitió que existían “presunciones” sobre la instigación de Saravia al asesinato y la intervención de un tercero, pero “estas presunciones no constituyen a juicio del jurado prueba acabada de la intervención que se les imputa”. Saravia quedó en libertad, dueño de todos sus bienes y casi de inmediato se casó con Rosa Sarli, su amante durante varios años y detonador de la muerte de Correa.

En el sistema político —con reticencia de los colorados, partido del cual Saravia era caudillo— cundió la preocupación por la gran repercusión pública: “El jurado se comió La Ternera”, ironizaba la calle. Un mes después del fallo, un proyecto del diputado herrerista Alfredo Vigliola propuso la derogación de los jurados. Tras intensos debates legislativos se votó la ley y el 27 de diciembre se promulgó.

(1) “Verdugo de Jacinta…y del jurado”, en Las caras del mal, 2014. Ed. Fin de Siglo pgs. 49 a 94.