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A tres años del inicio de un nuevo ciclo electoral, dirigentes de los partidos políticos entienden que es momento de trabajar en modificaciones a la ley que regula su funcionamiento. Mejorar los controles es una de las propuestas, aunque el debate respecto a la publicidad electoral aparece como el punto que mayor diferencias genera.
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El Partido Independiente resolvió esta semana elaborar un documento para presentar a los demás partidos para cambiar la ley que regula el funcionamiento de los partidos políticos y la referida a la publicidad electoral, comentó a Búsqueda el senador Pablo Mieres. Además de esto, Mieres entiende que se debe discutir respecto al financiamiento privado en cuanto a si debe ser “prohibido o regulado de manera más estricta”.
El Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado también vienen analizando cambios a las normas en esta materia.
El politólogo Daniel Chasquetti opinó que los controles establecidos en la ley 18.485 (sobre funcionamiento de los partidos políticos) “son muy débiles”.
“La ley está bien, establece límites a la recaudación, restricciones para las donaciones, no cualquiera puede donar. El problema es que la ley no se cumple, no tiene enforcement; o sea, no tiene capacidad para hacerse cumplir. (…) Presentar la declaración jurada no es suficiente; lo que importa es lo que hay adentro de esa declaración. Y lo que encontramos ahí no tiene nada que ver con la realidad. ¿A quién se le puede ocurrir que el Partido Nacional tenga 18 empresas donantes o el Frente Amplio tenga 13? Eso no es real. Entonces, se necesita un ente regulador y no puede ser la Corte Electoral. La Corte no tiene recursos ni voluntad para eso. Por eso Uruguay debería crear un ente específico para controlar el gasto de campaña. Una pequeña DGI que tenga capacidad de interconexión con otros sectores del Estado y que pueda efectivamente controlar los flujos de dinero”, dijo la semana pasada en una entrevista con Búsqueda (Nº 1.860).
“Debemos reconocer que la normativa vigente es tímida y permite mantener ciertas opacidades o ausencias de control que deberían corregirse”, escribió Mieres en Montevideo Portal. Según el orientador del Partido Independiente, el momento de hacer los cambios es ahora, cuando aún se está lejos de las elecciones.
Mieres anunció que el Partido Independiente preparará un documento con un agenda básica de tres puntos: el contralor de las cuentas y balances de los partidos; las reglas de juego sobre las campañas electorales: y los montos de aportes del Estado a los partidos políticos.
“Resulta evidente que los partidos políticos debemos constituir un ámbito de contralor de nuestra gestión económica y financiera mucho más exigente. Resulta claro que la actual situación implica solo la obligación de presentar una rendición de cuentas de las campañas electorales, sin que estas rendiciones de cuentas sean objeto de una auditoría efectiva sobre su certeza y realidad”, afirmó.
Si bien dijo que comparte la idea de Chasquetti en cuanto a crear una especie de “pequeña DGI”, Mieres entiende que lo mejor es atribuir al Tribunal de Cuentas la competencia para “auditar e informar” sobre las rendiciones de cuentas.
En cuanto a la publicidad electoral, Mieres opinó a favor de un sistema “equitativo de asignación” de espacios gratuitos para los partidos y candidatos, al tiempo que —dijo— deberían existir “límites en los tiempos que puedan ser contratados por cada partido o candidato”.
Mieres propuso que la responsabilidad exclusiva de la impresión de las papeletas de votación sea del Estado. Es el Estado el que “debería garantizar la disposición de las hojas de votación de todas las alternativas electorales en todos los circuitos durante todo el horario de votación”. Una de las alternativas que planteó, además, tiene que ver con el voto electrónico.
Como “contrapartida”, agregó Mieres, la contribución del Estado a las campañas electorales tendría que “disminuir en proporción a la reducción de gastos de los partidos”.
“En la medida que se reducen los gastos de campaña debería reducirse la contribución del Estado”, precisó.
Al voto electrónico.
El senador Pedro Bordaberry (Partido Colorado) entiende que se necesita hacer algunos cambios. Opinó que debería irse al voto electrónico “de una vez” y “terminar con el gasto” que implica imprimir las listas y distribuirlas. El Estado debería asegurar que las listas de todos los candidatos sea impresas y repartidas, comentó.
Según Bordaberry, también se debería modificar lo referido al pago por voto que reciben los partidos. Ese dinero, dijo, debería ser utilizado para comprar publicidad “equitativamente” en los medios a favor de cada partido.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual prevé publicidad gratuita en radio y televisión para los partidos durante el tiempo electoral. Del total de tiempo destinado, el 20% se reparte en partes iguales entre todos los partidos que se presenten en la elección. El restante 80% se distribuye en proporción a los votos obtenidos por cada partido en la elección nacional inmediatamente anterior.
La ley Nº 17.045 estableció que la publicidad electoral comenzará a emitirse 40 días antes de las elecciones internas, 50 días antes que las nacionales (20 antes, en caso de una segunda vuelta) y 40 días antes de las elecciones departamentales. Los medios estatales, Canal 5 y las radios del Sodre asignarán en forma gratuita a los candidatos presidenciales cinco minutos al inicio de la campaña de la elección nacional y 15 minutos en el final. En caso de segunda vuelta se otorgarán 15 minutos gratuitos a cada candidato.
Bajar el costo.
Para el senador Luis Alberto Heber (Partido Nacional), la clave en este tema es “bajar el costo de las campañas”. Opinó que es la mejor forma de evitar problemas. En la última campaña electoral, los partidos gastaron U$S 9,5 millones.
Heber dijo que esto se puede lograr estableciendo que no hay que hacer publicidad electoral para las internas, ya que no son obligatorias.
Heber y el ex presidente y senador del Frente Amplio, José Mujica, han conversado sobre la necesidad de introducir cambios, aunque aún no llegaron a un acuerdo. Las principales motivaciones para plantear los cambios son dos: 1) evitar los “escándalos de corrupción” como consecuencia de esa forma de financiar la política, como los registrados en Brasil y en otros países; 2) impedir que los que tengan más dinero sean los que puedan montar las mejores campañas electorales y obtener los principales cargos electivos.
Mujica distribuyó entre legisladores de la oposición su visión sobre los gastos que genera la campaña, en especial la publicidad. Expresó su preocupación por la “mercantilización de la política”, que le “otorga poder a quienes detentan dinero”.
