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Las autoridades procuran regular el comportamiento humano mediante normas, y su violación acarrea sanciones. Pueden ser desde leves advertencias, pasando por prohibiciones administrativas y multas, hasta condenas civiles o penales. Ignorarlas no sirve de excusa, especialmente cuando se afecta a terceros. Lo que ocurrió en Australia con el tenista serbio Novak Djokovic es similar a lo de 2011 con el futbolista uruguayo Luis Suárez en Inglaterra. En ambos casos terceros pretendieron justificar las violaciones y descalificar a la autoridad.
Cuando la ley es clara las apelaciones y los argumentos en contra, aunque sean lícitos, se transforman en papel mojado. Djokovic y Suárez cuestionaron sus sanciones con la intervención de terceros influyentes porque integran la élite deportiva y económica en sus respectivas profesiones. No hay otra razón. Otros pasan sin pena ni gloria. Quienes presionaron mezclaron política, chauvinismo, demagogia e intereses económicos y corporativos. Coautores morales.
El teleteatro de Djokovic de rechazar su expulsión de Australia por no cumplir con las exigencias sanitarias sobre el Covid-19 terminó de la peor forma. Lo echaron, pero como un adolescente irracional continuó su batalla en el avión: en parte del trayecto no utilizó la mascarilla. Al llegar a Belgrado fue aclamado como un triunfador. Lo respaldaron gobernantes que atacaron al gobierno australiano pese a que desde diciembre pasado Serbia estableció normas inflexibles para extranjeros. Pueden ingresar si demuestran estar protegidos contra el virus presentando uno de los siguientes documentos: una prueba RT-PCR negativa, un certificado con la pauta completa de vacunación, un documento de recuperación o el certificado digital de la Unión Europea.
No se trata de descalificar a los negacionistas de la vacuna. Cada uno tiene pleno derecho a expresarse y argumentar salvo que, como Djokovic, mienta para demostrar que ha cumplido las normas, sin hacerlo. El tramposo pretendía sacar ventaja y por corrupto se le canceló la visa.
La cuestión se trasladó al terreno político. El presidente serbio, Aleksandar Vucic, conservador de extrema derecha, acusó al primer ministro australiano, el liberal Scott Morrison, de “acosar” al tenista para no perder votos. “¿Necesitas complacer a tu público?”, le dijo. Se refería a que el 21 de mayo habrá elecciones federales para elegir a los miembros del Parlamento australiano: 151 escaños de la Cámara de Representantes, y 40 de los 76 del Senado.
Esto recién empieza. Roland Garros y el US Open, vale decir Estados Unidos y Francia, le cerraron las puertas. Le quedan Wimbledon y Madrid. De repente accede a vacunarse o la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) le tuerce la mano a las restricciones, como intentó en Australia. A la pérdida económica en premios (arriesga el primer lugar en la lista de la ATP, su diferencia con el segundo, el ruso Daniil Medvedev, es de casi dos mil puntos) se añade la fuga de patrocinadores. Lacoste, hasta ahora su principal respaldo comercial, le quita su apoyo. Para las marcas universales la negativa a vacunarse y el culebrón australiano resultan dañinos. De cualquier manera al arrogante serbio le sobra “colchón”: gana unos US$ 40 millones anuales entre premios, patrocinadores y publicidad.
Cada gobierno tiene derecho a decidir. Algunos establecieron la obligatoriedad de vacunarse, otros a inocular al personal sanitario, militar o policial, o fijaron la obligación para mayores de 50 años. En todos y con matices la autogestión tiene límites: está en juego el derecho a la salud de los demás. A nadie se le ocurriría armar una revolución en migración porque se le impida ingresar a Uruguay por no cumplir con los requisitos del gobierno. Tampoco aplaudirían a quien aliente a participar en reuniones sociales, estudiantiles o deportivas si dio positivo… aunque en realidad todo es posible porque la descomposición social, alentada por militantes de todos lados, no tiene límites.
Lo de Suárez, jugador del Liverpool 2011, fue diferente, pero con el mismo espíritu que ahora Djokovic. Fue acusado de utilizar expresiones agraviantes, descalificadoras, contra Patrick Evra, del Manchester United. Durante el juego en enfrentamientos verbales, como agresión, le dijo “negro”. La federación inglesa lo suspendió por ocho partidos y le aplicó una multa equivalente a US$ 52.000 porque consideró probada su mala conducta.
Suárez y la Asociación Uruguaya de Fútbol, el gremio local de jugadores e integrantes de otras mafias que medran del fútbol, combatieron la sanción con el argumento central de que el vocablo “negro” no es ofensivo en Uruguay ni en otros lugares de América Latina. La investigación consideró “insostenible” ese argumento. Suárez y sus defensores “olvidaron” que en Uruguay la Ley Nº 17.817 de 2004 declara de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación y veremos qué pasa si alguien descalifica a otro diciéndole negro y hay una denuncia. Uruguay es una micra en la lucha de décadas contra la discriminación.
A este debate se sumó ahora Edinson Cavani del Manchester United. Un parcial lo felicitó por una victoria y en Instagram le respondió “Gracias, negrito”. Fue sancionado con tres partidos de suspensión y una multa equivalente a casi US$ 135.000. Se disculpó: “Acepto la sanción por saberme ajeno a las costumbres idiomáticas inglesas, pero no la comparto (...) Pido disculpas si ofendí a alguien con una expresión de cariño hacia un amigo, nada más lejano en mi intención”. Imposible que ignorara el antecedente de Suárez, y “las costumbres idiomáticas inglesas” que citan no son costumbres sino principios universales.
La discriminación étnico-racial viene de lejos y la ley es la ley. Contra el Covid-19 hay vacunas, contra la discriminación las normas.
