Economía y economistas

El presidente ha manifestado que si se dan ciertas condiciones de crecimiento de la economía, modificará a la baja la presión del IRPF y el IASS sobre aquellos que por el nivel de sus ingresos están alcanzados por estos impuestos. A renglón seguido varios economistas, en especial los más mediáticos, alertan que no hay espacio para cumplir con esta promesa electoral, con argumentos técnicos justifican su ponderación. Son técnicos con maestrías y doctorados, se basan en el devenir histórico de las economías y aplican herramientas de análisis adquiridas en la cátedra. Pero la economía es más que eso, es el diario vivir de las sociedades, presente y futuro de individuos y familias, condicionante esencial para determinar expectativas y calidad de vida. Ver la economía solo a través de una visión técnica es como analizar un partido de futbol solo por la trayectoria de la pelota, sin tener en cuenta al equipo, individualidades, condicionantes y todo lo que 22 jugadores interactúan. Nos dicen que la imposición del IRPF solo alcanza al 30% de los trabajadores y que con respecto al IASS son muy pocos los que están grabados, que por cada persona pobre de la tercera edad hay 9 niños pobres, que antes de aliviar a los jubilados con mayores ingresos se debería invertir más en la primera infancia. Los economistas, en conjunto, conforman una orquesta donde todos, más o menos, tocan la misma canción. No tengo formación en economía, como la gran mayoría, pero en cambio intento tener una percepción abarcativa de la realidad y los años nos dan enfoques, que sin estar respaldados por Harvard, MIT u Oxford, deberían ser tenidos en cuenta al momento de aplicar impuestos, políticas sociales, diseño de estructuras económicas y de producción. Veamos tres aspectos: a) si el alivio fiscal a los alcanzados por IRPF y IASS fuera de, por ejemplo, cien millones de dólares, esta suma que el Estado dejaría de percibir en forma directa, sería destinada al consumo y la inversión por parte de los beneficiados, lo que su vez generaría puestos de trabajo y pago de impuestos indirectos como el IVA y otros. ¿Qué porcentaje de la renuncia fiscal vuelve a las arcas del Estado por otras vías?, ¿cuántos puestos de trabajo y por ende más aportes al BPS y menos pago de prestaciones por desempleo genera cada dólar resignado de estos dos impuestos? Preguntas que sería interesante contestaran los economistas. b) El 30% de los trabajadores que son alcanzados por el IRPF, o sea aquellos con ingresos mayores a unos $ 40.000 aproximadamente, perciben estos sueldos por estar calificados, ya sea por formación y/o experiencia, en muchos casos tienen más de un empleo, realizan horas extras, se capacitan para progresar en su actividad y en general tienen una actitud proactiva con respecto al trabajo y por consiguiente a la venta de su capacidad laboral. En definitiva este 30%, que mencionan con cierto tono peyorativo, es el motor de la economía, quienes cinchan del carro en forma principal. Por ejemplo, quién por sus condiciones y capacidades tiene un ingreso nominal de $ 100.000 luego de aportes e impuestos percibirá en forma líquida unos $ 70.000, prácticamente un tercio de su esfuerzo se destina a la bolsa estatal. Para los que ganan $ 200.000 al mes, cosa que solo ocurre si se tiene preparación y dedicación, percibirán en mano unos $ 125.000 destinando casi el 40% al pago de aportes e impuestos directos. Pregunta: ¿si las condiciones de crecimiento y recaudación pueden dar un alivio en la presión fiscal a este 30% de trabajadores, les decimos que la primera infancia ha sido postergada por la planificación de gastos del Estado y no hay espacio para premiar su esfuerzo? Los economistas no nos dicen cuando hablan de la postergación en los gastos en la infancia que uno de los principales motivos es que los niños y niñas no votan, realidad que no sé si se estudia en las clases de Krugman o Varoufakis. c) De todos los análisis sobre los requisitos que un país serio y estable debe asegurar para ser atractivo a las tan buscadas y promovidas inversiones, sin dudas el principal factor es la estabilidad jurídica, que se respeten las reglas. Pues bien, a aquellos ciudadanos que trabajaron 30 años o más, que aportaron a los sistemas previsionales, que planificaron sus retiros y vejez con reglas que creyeron se respetarían y mantendrían, un buen día calificados economistas decidieron que ganan mucho, que deben resignar parte de los derechos que generaron, que los que perciben al día de hoy más de unos $ 42.000 deben aportar a las arcas deficitarias del Estado porque ganan mucho. Qué seguridad tienen los actuales pasivos o los que estamos por jubilarnos de que en alguna Rendición de Cuentas o reforma fiscal nos quiten parte de nuestros derechos, del futuro que creímos construir en años de trabajo. ¿Cambiar las reglas de juego a quienes ya no pueden generar ingresos no les preocupa o genera cuestionamientos a nuestros economistas? Los montos que se perciben por jubilaciones y pensiones, en los casos de prestaciones mayores a esos $ 42.000, seguramente son el resultado topeado de aportes al sistema de solidaridad intergeneracional realizados por décadas, en algunos casos a diferentes cajas, sin contar que contribuyeron durante decenas de años con el pago de otros impuestos que también se destinaron a financiar el sistema. Pregunta: ¿si el Gobierno, entendiéndose por este a gobernantes, asesores técnicos y calificados economistas, diseña una estructura estatal (sueldos, gastos, inversiones y prestaciones sociales) que superan en cuantía los ingresos fiscales, amerita esto cambiar las reglas previsionales a quienes han cumplido con la economía del país por años y accedieron a jubilaciones que en todos los casos (con excepción de algunas de las mínimas) son menores a lo que generaron? La academia a nivel mundial aprueba y promueve que los países, con excepción de algunos en el mundo árabe, mantengan un déficit fiscal, que estiman manejable en el entorno del 3% del PBI. Esto se logra endeudándose en algún momento (hace infinidad de años en algunos casos) y luego en forma periódica emitir bonos (deuda) para cancelar otras emisiones y así sucesivamente. Uruguay debe tener unas 30 emisiones circulando, o sea que por cada una de ellas debemos pagar intereses. A esto se suman los préstamos de los organismos internacionales, a los que les pedimos nuevos préstamos para saldar los que se van venciendo. Bueno, en resumen, pregunta: ¿podemos saber cuánto nos cuesta en forma efectiva pagar por este sistema de déficit permanente?, ¿por qué razón no se tiende a tener un déficit cero y así poder destinar los millones que nos cuesta el pago de intereses a otros fines, la infancia, por ejemplo? Nuestros economistas, tan proclives a rasear los ingresos de asalariados y jubilados deben tener una explicación para esto.