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El predio del antiguo Abasto Municipal es una piedra en el zapato para las autoridades riverenses desde hace más de 10 años. Se convocó a una licitación para su renovación en 2009, y en 2013 el frigorífico debía estar funcionando. Sin embargo, cuando en 2017 se rescindió el contrato, las obras no habían comenzado y la intendencia, dirigida por el colorado Marne Osorio, no cobró las garantías que le correspondían.
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Ediles frenteamplistas intentaron en múltiples ocasiones que la Junta Departamental investigue el tema, y ante la negativa de la mayoría colorada procuraron que el asunto sea elevado a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Frustradas ambas vías, resolvieron que en los próximas días presentarán ellos mismos la denuncia ante el organismo de contralor.
La convocatoria a licitación se debió hacer dos veces, porque la primera resultó desierta. En el segundo intento, cuando se abrieron los sobres, había un solo oferente: Coral Safiro S.A. No tenía antecedentes en emprendimientos similares ni capacidad económica para hacer frente a la inversión, pero ofrecía como fiadora solidaria a la empresa Ramón C. Álvarez S.A. Esto fue observado por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) en dos oportunidades, porque contraviene una disposición del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), según la cual de no existir antecedentes en el mismo rubro, la empresa debe demostrar solvencia, pero la comuna siguió adelante.
En febrero de 2011, a pedido de la empresa, se renegociaron los plazos del proyecto original con la exigencia de que la obra comenzara en 30 días. Sin embargo, en un acta de inspección de la intendencia de setiembre de 2012 se deja constancia de que un año y medio después las obras aún no habían empezado.
Una nueva prórroga de un año y medio fue solicitada en 2014. La intendencia remitió el pedido a la Junta y fue aprobado al día siguiente. En junio del mismo año, el TCR observó la prórroga de la concesión por “apartamientos insubsanables a normas legales y a los pliegos que rigieran el llamado”.
Una auditoría del TCR de noviembre de 2014 reveló que, entre otras irregularidades, la compañía no pagó el canon durante tres años pero la comuna nunca cobró la garantía que tenía a su disposición.
Con las obras aún sin comenzar, la concesión fue rescindida en el segundo semestre de 2017. En el contrato de rescisión, al que accedió Búsqueda, la intendencia renunció a los haberes que le correspondían por los incumplimientos de Coral Safiro, y le cobró $ 4 millones solo por los daños que había causado en el predio. Como forma de pago, la empresa arregló el terreno y se comprometió a entregar pedregullo por $ 3 millones.
En la actualidad, en el predio del antiguo Abasto se está construyendo un Polo de Desarrollo Agropecuario con fondos de la intendencia y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
El edil frenteamplista Gabriel Morales, que en mayo de 2017 propuso una comisión preinvestigadora en la junta que fue rechazada con los votos del Partido Colorado, afirmó a Búsqueda que en el Abasto “nunca hubo una inversión de absolutamente nada” y cuestionó que “la empresa nunca pagó multas” por sus múltiples incumplimientos contractuales.
Consultado por Búsqueda, el secretario general de la Intendencia de Rivera, Richard Sander, consideró que el proyecto fracasó debido a que fue “trancado” por distintos organismos públicos. Declaró además que el acuerdo final alcanzado “fue beneficioso para la intendencia”, dado que usan mucho pedregullo en la pavimentación de vías públicas y que el Polo de Desarrollo será “un pequeño INIA” (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) para “apoyar a los pequeños productores en medio de esta crisis del agro”.
Este caso es similar a la situación del Autódromo Municipal, cuya licitación para ser renovado ganó Ramón C. Álvarez, en un proyecto que también incluyó sendas observaciones por parte del TCR. Un juicio por este tema está actualmente en curso.
Asimismo, Brecha reportó en noviembre de 2014 que Ramón C. Álvarez donó $ 200.000 a la campaña del Partido Colorado de 2009, contraviniendo la ley de financiamiento de los partidos políticos.
