Efecto placebo

En estos tiempos en donde el principal partido de la oposición, el Frente Amplio (FA), el PIT-CNT y otras organizaciones se encuentran juntando firmas para intentar derogar la llamada Ley de Urgente Consideración (que incluye cientos de artículos aprobados por el FA en el Parlamento) es inevitable preguntarse hasta qué punto no estamos cayendo en el efecto placebo: creer que alcanza con votar o con rechazar una ley. Y, en una variante de lo anterior, qué tan sensato es que un asunto obtenga la aprobación de una de las cámaras para luego ser bloqueado hasta diluirse, aunque se trate de un problema totalmente vigente. Empecemos por un caso de estos últimos.

Tras ese más bien insólito parate, que entonces no recibió demasiada explicación pública, el tema volvió a ser planteado en 2016 por la diputada nacionalista María Pía Biestro, pero tampoco llegó a buen puerto. Así, el tema fue retomado en 2020 por la propia sociedad civil, de la mano de un grupo de diseñadoras uruguayas, quienes actualmente intentan llamar la atención de algún representante para que lo lleve nuevamente al Parlamento. Por traer un ejemplo cercano, en España una norma similar a la que viene siendo rebotada por el sistema político (para alegría de los lobistas del sistema político) se encuentra vigente desde 2018, tras haber sido planteada, como en Uruguay, en 2007.

Tomando en cuenta el alto valor que tiene la hora legislador, al menos respecto a un sueldo medio en Uruguay, y a la cantidad de horas que las dos cámaras llevan invertidas, resulta bastante insólito que el tema lleve casi tres lustros sin ser resuelto. No hay que olvidarlo, la tarea del legislador no es simplemente aprobar leyes sino intentar construir todos los consensos que resulten posibles (o por lo menos juntar el máximo posible de voluntades) a los efectos de, ahí sí, aprobar leyes que mejoren la vida de los ciudadanos.

Otro caso, si se quiere más sangrante porque lleva más de un año vigente, es el de la Ley de Teatro Independiente. Aprobada en octubre de 2019 con la entonces mayoría absoluta del FA en ambas cámaras, la norma declara “de interés general la actividad teatral independiente y tiene como objetivo amparar su ejercicio, como impulsor del desarrollo cultural de nuestro país. La ley crea además el Consejo Nacional Honorario del Teatro Independiente, que tendrá entre sus cometidos fomentar la conservación, el funcionamiento y la sustentabilidad de los espacios destinados a la actividad teatral; apoyar la difusión, favorecer la más alta calidad artística y posibilitar el acceso de la comunidad a esta manifestación artística”.

Viendo el impacto brutal que la pandemia ha tenido en la economía del sector de las artes escénicas, que incluye al teatro, la danza y la música, llama la atención que una ley aprobada hace más de 15 meses siga esperando por su reglamentación. Bueno, quizá no tanto viendo la salva de tortazos con que los principales beneficiarios de la ley, entre ellos FUTI, ATI y SUA, recibieron al nuevo ministro al comienzo de la pandemia. En todo caso y más allá de las eventuales vendettas ideológicas que pueden existir entre el MEC y unas organizaciones poco acostumbradas a lidiar con las opiniones divergentes (remember Franklin Rodríguez), el caso muestra cómo aprobar una ley no implica que esta ley termine sirviendo para algo en el mundo real, dentro de un plazo razonable. Especialmente cuando las leyes se aprueban sin saber cómo van a ser instrumentadas, financiadas y ejecutadas. O sin los suficientes acuerdos detrás. Las mayorías absolutas también se pierden y el mundo sigue siempre girando después de que eso ocurre.

En una de sus habituales frases ingeniosas, Eduardo Galeano decía que actualmente no se necesitan barcos negreros porque los negreros ya ocupan las secretarías de trabajo en el Estado. “Salarios africanos y precios europeos” apuntaba con ironía el escritor. Respecto a este tema, esa idea se podría parafrasear así: en Uruguay tenemos una legislación europea (o con pretensiones de serlo) pero con plazos de instrumentación africanos. Peor aún, a veces una idea buena y necesaria, una que nos acercaría a los países que decimos admirar, puede estar casi 15 años rebotando porque unos legisladores (y otros, los que están en este período) no son capaces de ponerse de acuerdo.

No es tan loco entonces preguntarse si apostar todo a la aprobación o el rechazo de una ley o de muchas no tiene algo de trampa al solitario. Obviamente, no para los partidos, que necesitan vendernos su esencialidad en estos asuntos. Pero sí para los ciudadanos, que quizá deberíamos controlar más de cerca qué tan real es la voluntad pactista de nuestros legisladores, esa que necesariamente les viene (o debería venir) con el sueldo de parlamentario. Quizá sea esa una forma de evitar el efecto placebo y dejar de pensar que estamos salvados o perdidos porque así lo dice una ley.