Ejemplaridad o desconfianza

Ejemplaridad es el vocablo en la médula de las relaciones sociales y políticas. Significa “calidad de lo ejemplar”, y cuando los ciudadanos se escandalizan ante hechos de corrupción pública —en el amplio sentido de descomposición—, la ejemplaridad adquiere particular importancia: todos somos ejemplo para todos, razona el filósofo y jurista español Javier Gomá Lanzón en su ensayo Tetralogía de la ejemplaridad.

Hechos recientes se ubican dentro de este marco. El más grave y vergonzante lo protagonizó María Sánchez Ruiz, jueza letrada de Rivera a cargo de juicios de familia, contencioso, laboral y concursal. En abril, ante una denuncia del Colegio de Abogados de Rivera, la Suprema Corte de Justicia la separó del cargo y le suspendió el salario durante seis meses. Designó como sumariante a la ministra Adriana de los Santos, que por sus antecedentes de firmeza y exigencia será lapidario.

El viernes 18 el juez de Rivera, Marcos André Silveyra, le imputó a Sánchez Ruiz un delito de peculado, reiterados delitos de abuso de funciones y un delito de violencia privada. La investigó la fiscal Stella Alciaturi.

Silveyra limitó su libertad ambulatoria por 120 días, le prohibió ausentarse del país y comunicarse con víctimas y testigos. Insuficiente. La prisión preventiva debió aplicarse. La jueza no es cualquier particular, sino a quien la sociedad le confió la seguridad, los bienes y los derechos fundamentales de las personas. Una traición.

Amenazó a una mujer que denunció el robo de un celular y las llaves de su camioneta de una habitación de un hospital donde se encontraba internado el concubino de la magistrada, el autor de los hurtos. Es un delincuente con varios antecedentes que Sánchez Ruiz debía conocer. También robó un celular de un comercio y fue grabado por las cámaras de seguridad. La víctima publicó en las redes sociales un video señalando que el autor era pareja de la jueza. Cuando la fiscal consultó al comisario encargado este le informó que ya “estaba todo arreglado, ya que la esposa (la jueza) del imputado pagaría el celular”. Sánchez Ruiz amenazó a la víctima para que retirara el video y la convenció de aceptar un celular más barato.

También se le imputó peculado: se apropió de una laptop del Poder Judicial que poseía en razón de su cargo y que no fue recuperada.

Con un mínimo de dignidad debió renunciar.

Los jueces corruptos son pocos, pero cada uno significa un golpe para la credibilidad del Poder Judicial. Los actuales controles preventivos no son suficientes. ¿Quién debe controlarlos? ¿Sus jerarcas o un organismo externo para mayor transparencia?

Cuando los abogados se postulan al Centro de Estudios Judiciales para ser jueces son sometidos por primera y única vez a una pericia psiquiátrica. Si la superan podrán estudiar. Ya en el cargo su psiquis puede sufrir alteraciones y el ejercicio del poder puede desnaturalizar sus actuaciones. Pericias psiquiátricas periódicas serían beneficiosas. Sánchez Ruiz era jueza desde hacía 10 años.

Dentro de este marco se ubica lo ocurrido con el ministro de Turismo Germán Cardoso. Le pidió varios favores al corrupto coordinador de la jefatura de Maldonado, comisario mayor Fernando Pereira, imputado de cinco delitos de corrupción. Tuvieron conversaciones grabadas porque el policía estaba siendo investigado por corrupción.

Para el fiscal Jorge Vaz, Cardoso no delinquió porque no intervino como ministro, sino como amigo del policía. ¿Es posible separar un cargo de una intervención personal? ¿El ministro estaba en babia? ¿Nadie le advirtió sobre su “amigo de toda la vida”, que estaba siendo investigado por la Fiscalía y Asuntos Internos?

Lo ocurrido derivó en una pugna entre el oficialismo y la oposición. Para el Frente Amplio Cardoso debe renunciar y el oficialismo, con otras palabras, justificó sus acciones dentro de las piernas o gauchadas que integran la cultura de la mayoría de los uruguayos.

Al ministro lo respaldó su partido, el colorado, y hasta el presidente Luis Lacalle Pou. Mandarlo a su casa hubiera sido sano para el sistema, pero cargaron las tintas sobre el fiscal por haber revelado la actuación de Cardoso, que reivindicó su accionar.

Con otra filosofía surgió el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla. El domingo 20 en una entrevista con Paula Barquet en El País admitió su error al asistir al velatorio del ministro Jorge Larrañaga confiado en que faltaba un día para ser hisopado: “Metí la pata (…). También a mí me gusta ser transparente (…), había dado una charla sobre la transparencia. Entonces (…) al no haber hecho lo que correspondía tengo que dar la cara y decirlo. Por eso el pedido de disculpas (…). Está bien que la gente se haya enojado por lo que hice; lo merecía”. Pese a su error, ejemplaridad final.