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A pocos meses de la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal, que ha generado controversia debido a las dificultades en su implementación, la empresa Opción Consultores realizó una encuesta para analizar el nivel de confianza que tiene la población en la Justicia uruguaya.
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El estudio, contratado por Montecarlo Televisión y actores políticos, concluyó que “Uruguay está experimentando un incremento en la desconfianza hacia el Poder Judicial en materia de sanción de delitos”, algo que sucede hoy en la mayoría de los países latinoamericanos.
Según el relevamiento realizado en diciembre de 2017, predomina en la sociedad uruguaya una evaluación crítica en torno a la capacidad del sistema judicial de sancionar eficazmente robos o asaltos. En ese sentido, 39% de los encuestados dijeron no confiar “nada” en que el sistema judicial castigará a los culpables de tales delitos, mientras 29% dijo confiar “poco”, 17% “algo” y 12% “mucho”.
Se observa una valoración muy diferente sobre el sistema judicial según el nivel socioeconómico de la población. Entre aquellas personas que proceden de estratos bajos, 48% no confía “nada” en que el sistema judicial sería capaz de castigar al culpable en caso de robo o asalto, frente a un 40% en sectores medios y un 30% en sectores altos. Por el contrario, entre la población de nivel socioeconómico bajo, solo 12% confía “mucho” en que la Justicia tendría esa capacidad, mientras que en los sectores medios el porcentaje es 11% y en los altos 13%.
Asimismo, al analizar las respuestas de las 600 personas encuestadas según el voto efectuado en las últimas elecciones, el estudio reveló que los frenteamplistas tienen mayor confianza con relación a los votantes de partidos tradicionales.