En América Latina el empleo público representa 10,7% de la fuerza laboral total, en promedio, y considerando ese dato y el gasto estatal, los aparatos gubernamentales en esta región son “pequeños” comparados con los de los países desarrollados o en camino de serlo agrupados en la OCDE. Eso revela un análisis elaborado conjuntamente por dicha organización y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, sin embargo, quedó rengo: Uruguay no dio respuesta a toda la información pedida.
El “Panorama de las administraciones públicas: América Latina y el Caribe 2014” fue presentado el viernes 20. El trabajo, que replica uno difundido el año pasado sobre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se basa en cerca de 30 indicadores relacionados con las finanzas públicas, el empleo y los salarios del servicio civil, los procedimientos presupuestarios y la contratación pública. El informe busca “presentar series confiables e internacionalmente comparables de la actividad de los gobiernos”, se explica en el prefacio a cargo del secretario de esa institución, Ángel Gurría.
La presentación se realizó en Ciudad de México.
“Las buenas prácticas de gobierno son críticas para el desarrollo económico, para resistir los embates y fomentar el bienestar ciudadano”, dijo en el lanzamiento Edwin Lau, jefe del área de reformas del sector público de la OCDE. El trabajo muestra “exactamente en qué aspectos han progresado los gobiernos de América Latina y el Caribe y dónde hay tareas pendientes”.
“Es cierto que la región ha tenido importantes innovaciones en el manejo de las finanzas públicas en la última década, como es la incorporación de presupuestos basados en resultados. Los gobiernos deben enfocarse aún en el espacio fiscal para aumentar los gastos muy necesarios en la reducción de la pobreza, en infraestructura básica y en la mitigación de choques económicos”, señaló Gustavo García, economista de la división de Gestión Fiscal y Municipal del BID.
Estados “pequeños”
El informe abarca a 17 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Perú, Barbados, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Paraguay. Uruguay figura sin datos en varios de los indicadores porque “fue el único país que recibió todas las encuestas y participó en todas las reuniones de trabajo, pero nunca contestó los cuestionarios”, se indica. “Muchos esfuerzos fueron hechos para animar a las autoridades uruguayas a participar en el proceso, pero no fueron recibidas respuestas”, se quejaron la OCDE y el BID.
Según el documento, los gobiernos en América Latina son “relativamente pequeños”. El empleo público representa 10,7% de la fuerza laboral total y el gasto estatal equivale a 27,8% de su Producto Bruto Intero (PBI), cifras que para el promedio de la OCDE son 15,3% y 45,2%, respectivamente.
En promedio, los ingresos fiscales en Latinoamérica representan 25,6% del PBI, lo que “está en marcado contraste con el 41,9% de la OCDE”, se asegura. Otra diferencia es que más de la mitad de las cajas de los gobiernos latinos se nutre de tributos sobre los bienes y servicios, mientras que los de esa organización lo hacen principalmente con impuestos sobre los ingresos, ganancias y contribuciones a la seguridad social.
Uruguay recaudó ingresos per cápita por más de U$S 4.800 en 2011, lo que lo coloca tercero en este indicador en América Latina, se afirma en el estudio.
En cuanto al gasto, los gobiernos de América Latina vuelcan “sustancialmente menos en transferencias y beneficios sociales para sus ciudadanos” que las economías de la OCDE (4% frente a 17% del egreso total). Además, los niveles de inversión pública en la región “son relativamente bajos”.
“Varios países han adoptado prácticas presupuestales para asegurar una disciplina fiscal sustentable en el largo plazo” y 10 usan reglas fiscales que en algunos casos son acompañadas por fondos de estabilización para minimizar fluctuaciones de los ingresos extraordinarios”, se indica en el documento. Y 11 establecieron sistemas de asignación presupuestal atada al cumplimiento de determinados resultados.
En cuanto a la deuda pública, esta equivale a 40,9% del PBI en promedio en la región. Jamaica, Barbados, Brasil y Uruguay tienen los niveles más altos de endeudamiento, y Chile el mínimo.
El servicio civil
El peso del empleo público dentro de la fuerza laboral total de los países latinoamericanos es variado y las situaciones extremas se dan en Colombia (4%) y Argentina (14,8%). El rango es todavía más amplio dentro de la OCDE, ya que en Corea del Sur los funcionarios públicos son 6% del total de ocupados y en Noruega llegan a 30%.
La participación de las mujeres en el servicio civil y el gabinete en Uruguay es menor a la media regional: son 46,7% de los empleados públicos y 7,1% de los ministros (frente a 49,3% y 19,8% en el promedio latinoamericano). Lo mismo se verifica en el Parlamento.
Según la OCDE y el BID, la “mayor diferencia” en el servicio civil de América Latina respecto al de las economías más avanzados está en su falta de profesionalidad, lo que “afecta la continuidad y la eficiencia de las políticas públicas”. En varios países latinoamericanos las burocracias “no están basadas en el mérito” y muchas veces los jerarcas son designados por “afinidades políticas”, cuestionan.
En el informe se comparan las remuneraciones de los funcionarios dentro de los ministerios principales según su nivel jerárquico. Los que siguen a los secretarios de Estado en América Latina cobran el equivalente a 11,3 veces el PBI per cápita, en promedio, frente a 5,9 en la OCDE, si bien en términos monetarios están en desventaja.
Los funcionarios públicos latinoamericanos de menor jerarquía perciben remuneraciones que son 4,4 veces el Producto por habitante, lo que se compara con un 3,2 en los países de la OCDE.
En función de esas disparidades dentro de los gobiernos latinos, en el informe se sostiene que hay “elevadas inequidades” en sus sociedades.
De Uruguay no figuran cifras sobre las compensaciones al personal en el gobierno. Tampoco están disponibles las referidas, por ejemplo, a las contrataciones públicas y transparencia, acerca del tipo de apoyo disponible al Parlamento para su asesoramiento en asuntos presupuestales, la aplicación de reglas fiscales y gasto basado en resultados.
