Doble o nada: así parece ser la propuesta que el Ejército le transmitió en los últimos días al gobierno, que está en apuros por frenar el estallido del sistema carcelario. En síntesis, lo que los militares comunicaron es que hacerse cargo sólo del “control de acceso” a los centros de reclusión sería contraproducente, y que en lugar de ello están dispuestos a asumir la responsabilidad total de algunos presidios, anunciaron a Búsqueda fuentes del área de Defensa.
En un escenario de agudizada desconfianza entre policías y militares y de “emergencia carcelaria”, el Ejército advirtió que considera riesgoso e inútil el envío de soldados a los centros de reclusión para que se encarguen de revisar personas, si estos quedan a las órdenes de oficiales de la Policía. Si los soldados recibirán órdenes de policías en un esquema de seguridad diseñado por policías, entonces lo que se le pide al Ejército no es su capacidad ni su disciplina, sino que simplemente se le demanda mano de obra y punto: ese es uno de los argumentos centrales que expone la institución armada.
Antes que eso es mejor que el Ejército se haga cargo de la totalidad de una cárcel o que, de lo contrario, no participe más allá de su actual función como custodia de sus perímetros, plantearon los mandos militares.
“Al preso hay que garantizarle que va a tener seguridad, que no lo van a violar el primer día que pise la cárcel, que todos van a tener comida, una cama y un techo, y que se respetará la dignidad de sus familiares, que no serán revisados, manoseados; eso es lo que plantea el Ejército”, resumió una de las fuentes consultadas por Búsqueda.
Esa misma fuente acotó que desde el punto de vista jurídico, la habilitación para semejante cambio no sería más complicada que la aprobación de una ley que autorice al Ejército a cumplir la nueva función.
Del resto —según los militares— se encargan ellos: tienen la disciplina imprescindible y ya estudiaron el terreno.
Ayer miércoles 2, el presidente José Mujica confirmó a Búsqueda que tiene a estudio el planteo del Ejército para hacerse cargo de la totalidad de las cárceles más complicadas, pero de inmediato remarcó: “Tenemos poderosos enemigos en esto, y por lo tanto no vamos a hacer anuncios, sino que iremos actuando”.
En este contexto resurge entre sonrisas, en algunas conversaciones informales entre militares en actividad y mandos políticos tupamaros, una ironía de la historia: el Ejército, antiguo carcelero de cientos de tupamaros durante la dictadura (1973-1985), se ofrece ahora ante ellos, convertidos en máximas autoridades políticas, para hacerse cargo otra vez de esos institutos, y entre sus argumentos recuerda que en aquellos años tuvo “cero fuga” (los escapes masivos que protagonizó el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros a inicios de la década de los 1970 se produjeron en institutos a cargo de policías).
Por la distancia del tiempo, y por el hecho de que los actuales mandos militares eran oficiales muy jóvenes en aquel momento, el asunto es recordado en la actualidad de manera anecdótica y a veces jocosa, relató un ex guerrillero tupamaro que ejerce una alta responsabilidad de gobierno.
“¿No tienen balanzas?”
El Ejército analizó, con fotografías y planos, los predios de las cárceles más complicadas, así como la forma y los horarios en que se desarrollan las visitas, entre otros aspectos.
Sobre esa base elaboró planes para la seguridad de cada complejo, no sólo para su “control de acceso”, que es la función que le atribuyó la ley 18.717, de diciembre del 2010. “Facúltase al Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2012 para encomendar al personal militar dependiente del Ministerio de Defensa Nacional el control de acceso y egreso, revisación e inspección de personas, vehículos y objetos que ingresen a las cárceles, penitenciarías y centros de recuperación, siempre que cumplan la función de guardia perimetral externa”, se dispuso por esa ley, que al menos hasta ayer miércoles 2 —a menos de un año de que venza su vigencia— no había sido cumplida.
El martes 1º, consultado por periodistas, el presidente Mujica sostuvo que el “error” por la demora en la aplicación de la ley es suyo: “Es culpa del presidente, que no puso la pata en el acelerador”.
Sin perjuicio de ello, algunas fuentes coincidieron en que los propios mandos militares y políticos de Defensa, alineados, incidieron en la demora debido a las dificultades para aplicar la ley.
Incluso varios de los comentarios que formuló el presidente tienen puntos de similitud con el diagnóstico que hizo el Ejército. “Hace más de 25 años que el Estado, como Estado, no sabe dónde está parado. ¿A quién se le ocurre hacer una cárcel de bloques, que con la uña se rompen? ¡Y sin locutorio! Donde termina llevando la visita poco menos que a la celda... ¡No! Acá hay disparates de hace veinte y pico de años”, remarcó.
Precisamente, el Ejército criticó lo que percibió como una forma caótica de recibir las visitas. Lo que sugiere la institución es que los familiares de los reclusos no sean revisados, sino que el control se aplique de manera exclusiva a los presos antes y después de las visitas.
En sus comentarios públicos, Mujica también aludió a que “hay un factor que antes no existía: la plata de la droga que anda caminando”; sobre ese punto, según las fuentes que consultó Búsqueda, el Ejército sugirió que quienes efectúen el control de acceso lo hagan con sus rostros cubiertos, para evitar que sean sobornados.
Muchos militares desconfían del ambiente policial en torno a las cárceles, y por ejemplo, algunos consideran que la constatación de que no hay balanzas en el Compen —algo que sorprendió a los oficiales— es apenas uno entre muchos indicios de falta de transparencia. “¿No hay balanzas para pesar la comida que los familiares dejan para los presos? ¿Y entonces cómo se puede tener certeza de que lo que un familiar deja es lo mismo que recibe el preso?”, cuestionó una fuente. De hecho, una de las sugerencias que planteó el Ejército es adquirir balanzas para las cárceles.
“Ni profesionales ni morales”.
En menos de dos semanas, los disparos de un preso dentro del penal de Libertad el viernes 20, uno de los cuales mató a un guardia, provocaron otra vez una “emergencia carcelaria”. En las horas siguientes se sucedieron anuncios confusos, acusaciones de injerencia política y contragolpes (ver recuadro), motines —con incendio y destrucción de dos módulos del Compen incluidos— y reuniones de alto nivel.
Solo emergieron dos certezas: primero, que las principales cárceles, donde miles de presos viven en condiciones pésimas, están siempre al borde del estallido y, segundo, que —como dijo el propio Mujica días después— no fue el “Espíritu Santo” quien le entregó el revólver al preso.
Entre suspicacias, una intensa controversia política y el anuncio de que efectivamente pasarían a ser militares los encargados del control de acceso a las cárceles, el Círculo Policial divulgó el sábado 28 un áspero comunicado.
“Rechaza los comentarios tendenciosos, gratuitos y sin fundamentos de connotadas autoridades políticas, sobre la corrupción policial, con respecto al ingreso de armas en las cárceles, cuando todos sabemos que hay varias formas de ingreso y la realidad demuestra que hasta han sido procesados abogados defensores por ingresar las mismas. La corrupción no es patrimonio de la Policía, está extendida a toda la vida social, política y económica del país”, señaló la institución.
Y en el siguiente punto advirtió: “Se opone enfáticamente a que personal militar controle el ingreso de civiles que visitan a los reclusos y mucho menos que controle al personal policial, ya que no les reconoce méritos ni profesionales ni morales para ello y hace responsable al sistema político que aprobó dicha ley por los perjuicios de cualquier índole que pudieran ocurrir con motivo de esta lamentable situación”.
