El estudio describe 2025 como un año atravesado por el debate presupuestal, donde no estuvo en el centro la situación de los derechos humanos. Identifica “vacíos presupuestales en políticas públicas clave” y lo describe como un “un grave error”, porque “los derechos se financian”. En ese sentido, advierte que la niñez y adolescencia, los servicios de salud mental, la lucha contra la violencia de género, el acceso a los cuidados, la libertad de prensa y el acceso a la información, la reforma del sistema penitenciario, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de los organismos de contralor “no cuentan con la asignación presupuestal necesaria y suficiente”.
“Profunda preocupación” por fallas en la protección de niños y adolescentes
La organización no observó cambios alentadores en el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes y expresó su “profunda preocupación por las persistentes fallas”. El informe indica que entre 2020 y 2025 fallecieron 114 personas bajo protección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), 20 de ellos solo en 2025. “Estas cifras reflejan una situación de gravedad que exige una revisión profunda del funcionamiento del sistema”, plantea la organización.
Amnistía destaca como un avance la modificación del Código Civil que aprobó el Parlamento para elevar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, en línea con las recomendaciones de Naciones Unidas, aunque insistió en la necesidad de acompañar el cambio legislativo con políticas públicas efectivas de prevención.
Además, expresa preocupación por la persistencia del embarazo infantil en niñas menores de 15 años. Según información proporcionada por la Administración de los Servicios de Salud del Estado, entre mayo de 2021 y abril de 2024 se registraron 190 embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años. El 48 % había sido víctima de violencia, mayoritariamente sexual. Por otra parte, subraya la organización, el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de la Niñez informó que solo el 18,5 % de las denuncias por explotación sexual infantil y adolescente en entornos digitales culminan en condena.
Amnistía también observó con preocupación la magnitud del fenómeno de la violencia de género en Uruguay. Si bien las cifras de femicidios disminuyeron en el último año, los datos del Ministerio del Interior indican que entre enero y octubre de 2025 se registraron 117 denuncias diarias: una cada 12 minutos.
La organización también advierte que la violencia vicaria se “ha consolidado como una expresión extrema de la violencia basada en género”, sin que se identifiquen “medidas específicas orientadas a su prevención”. En este sentido, insistió en que sigue sin aplicarse de forma efectiva la Ley 19.580, sobre violencia basada en género.
Suicidios en jóvenes registró la tasa más alta
Amnistía advierte que según la Organización Mundial de la Salud, Uruguay presenta la tasa de suicidio más alta de América Latina, “superando por más del doble el promedio regional”. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud Pública, 764 personas se quitaron la vida en 2024 (una tasa de suicidio de 21,35 por cada 100.000 habitantes).
La organización subraya que, si se analizan los suicidios por edad, las tasas más elevadas se registraron entre las personas mayores, primero en el grupo de 85 a 89 años y segundo en el de 90 años y más. Sin embargo, en tercer lugar se ubicó el grupo de 20 a 24 años (con una tasa de 33,2), “la más alta registrada hasta el momento para ese tramo etario”. Amnistía también expresa preocupación por el alto número de suicidios entre funcionarios policiales: en 2025, 15 policías se quitaron la vida.
Por esto, el informe insiste en la necesidad de implementar de forma completa la Ley 19.529 de Salud Mental, que entró en vigencia ocho años atrás. Advierte asimismo que el presupuesto quinquenal no prevé partidas específicas para avanzar en el cronograma de cierre de las instituciones psiquiátricas, “pese a que este constituye un componente central” de la política de salud mental.
Crisis en el sistema penitenciario
Amnistía Internacional reitera su preocupación por el “notorio deterioro” de las condiciones de las cárceles en el país. “Año tras año, se advierte el agravamiento del hacinamiento en los distintos centros de reclusión, lo que debilita seriamente las posibilidades de rehabilitación y, con ello, de reinserción social”.
La población reclusa aumentó más de 30 % desde 2020 y alcanzó el máximo histórico en diciembre de 2025, con 16.496 personas privadas de libertad. Esto implica, advierte Amnistía, una tasa de encarcelamiento de 477 habitantes por cada 100.000, lo que sitúa a Uruguay “en el primer lugar de América del Sur”.
Por otra parte, Amnistía observa con preocupación que hay 69 mujeres cumpliendo condena junto con sus hijos, lo que significa que hay 72 niños menores de 4 años alojados en centros penitenciarios.
La organización destaca que la exposición de motivos del proyecto de Ley de Presupuesto 2025-2029 “reconoce explícitamente la crisis del sistema penitenciario” y prevé medidas, como la incorporación de más funcionarios y de nuevos centros, aunque estas “resultan insuficientes” ante la “magnitud” del problema.
Opacidad del trabajo de la Fiscalía
Amnistía Internacional advierte en su informe que, a 16 años de la aprobación de la Ley 18.381 sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, continúan existiendo problemas para acceder a información. Incluso para la elaboración de su informe la organización tuvo dificultades para acceder a información actualizada.
En particular, Amnistía expresa preocupación por la decisión de la Fiscalía General de la Nación, en abril de 2025, de prohibir la difusión de las solicitudes de formalización en las causas de interés público, lo “que opaca el trabajo de este organismo y restringe el acceso a la información”. La decisión “se aparta del principio de transparencia que está en el espíritu de la reforma del Código del Proceso Penal”.
La organización plantea la necesidad de garantizar la capacidad sancionatoria de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UIAP) ante incumplimientos de los organismos obligados.
Por otra parte, el informe destaca que durante 2024 y 2025 se detectó un descenso de casos de amenazas y restricciones a la libertad de expresión contra periodistas en Uruguay, aunque continuó identificando “limitantes para el ejercicio de la libertad de prensa”, vinculadas a agresiones a periodistas y discursos estigmatizantes.
Deterioro de la calidad del agua y respuestas estatales insuficientes
La calidad del agua se mantiene como un “problema estructural” en Uruguay, advierte el informe de Amnistía. “A la persistencia de altos niveles de contaminación por pesticidas, hidrocarburos y otras sustancias químicas constatadas en distintos cuerpos de agua del país, se suman nuevas alertas sobre alteraciones ecosistémicas severas, como la mortandad masiva de peces en Montevideo atribuida a cambios abruptos en la salinidad del Río de la Plata a inicios de 2026”, describe. Asimismo, “las floraciones de cianobacterias han dejado de presentarse como un fenómeno meramente estacional para consolidarse como una amenaza permanente para los ecosistemas hídricos”, añade.
La organización señala que este deterioro “compromete el abastecimiento de agua potable”, y cuestiona “la falta de información pública confiable, de monitoreo suficiente y de respuestas estatales adecuadas”.
Amnistía consideró positiva la cancelación del Proyecto Neptuno, impulsado en la administración anterior, que preveía la construcción de una planta potabilizadora con una toma de agua del Río de la Plata y que era cuestionado por problemas “de orden legal, técnico, financiero, social y ambiental”. Las nuevas obras proyectadas por el Estado, que prevé una planta potabilizadora sobre el río Santa Lucía, también presentan “incertidumbres”, por lo que Amnistía pide “robustecer la legislación en materia de impacto ambiental y maximizar su función de contralor, asegurando independencia técnica y política en los procesos de otorgamiento de autorización ambiental”.
Un retorno a las “posiciones históricas” en política exterior
En su informe 2025 Amnistía observa como positivo el retorno del gobierno uruguayo a sus “posiciones históricas” en materia de política exterior en derechos humanos y la reanudación de un rol activo en ámbitos multilaterales desde que asumió el nuevo gobierno liderado por Yamandú Orsi en marzo de 2025. Durante la administración de Luis Lacalle Pou la organización había expresado preocupación por un cambio en las posturas y actitud del país.
Destaca, en esa línea, que en 2025 Uruguay apoyó diversas resoluciones en el ámbito de Naciones Unidas sobre la situación de los territorios ocupados en Palestina que establecieron medidas de protección de civiles y exigieron un alto al fuego.
