La columna vertebral de un gobierno democrático-republicano es el Estado de derecho. Régimen fundado en el contrato social, que reconoce, respeta y garantiza los derechos fundamentales del ciudadano, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección jurídica frente a cualquier uso arbitrario del poder.
En efecto, la fortaleza del Estado de derecho reside en desconfiar de sí mismo, previendo actos de abuso y eventualmente de corrupción del poder en todas sus formas. Y su única defensa para enfrentarlos es la institucionalización de un método de control, ejercido por un sistema judicial cualificado, probo e independiente, que garantice su eficacia en el accionar y sobre todo limite y controle el ejercicio del poder.
En nuestro país, a partir del año 2006, conceptos tales como: “Las mayorías no siempre tienen razón”, expresado por el Dr. Tabaré Vázquez en ocasión de la votación de ley “interpretativa” que dejara sin efecto la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado; “lo político está por encima de lo jurídico”, declarado por el presidente tupamaro José Mujica Cordano, al justificar el ingreso de Venezuela al Mercosur, o el “como te digo una cosa, te digo la otra” fueron sembrando las bases “doctrinarias” y masajeando las mentes ciudadanas, que luego vendrían a tolerar las violaciones a la Constitución y a la ley, con que a la postre, el socialismo del siglo XXI golpearía a todo el ser nacional. Es así que, con el terreno despejado y sin ningún obstáculo a la vista, la guerra pasaría al campo de la “psicopolítica”. Arte, desafortunadamente desconocida por los gobernantes y el común de los políticos. El objetivo inicial sería desquitarse con sus enemigos de antaño. Había que capturar y hacer prisioneros a la mayor cantidad de militares que en la década del 70 combatieron en primera línea, y aniquilaron militarmente al terrorismo marxista, en la figura de: tupamaros, comunistas revolucionarios y grupúsculos sediciosos de igual tenor. De paso, se mellaba la moral de las FFAA, y particularmente la del Ejército.
Con ese propósito, magistrados “militantes”, con la colaboración de “políticos compañeros” y la anuencia de otros que, sin serlo, no fueron capaces de oponerse a la obscenidad jurídica que encarna el “derecho penal del enemigo”, pusieron en ejecución un plan de venganza, tan siniestro como exitoso. En consecuencia, valiéndose de retorcidos e inicuos procesos judiciales, a la fecha lograron sentenciar casi que a muerte –por sus edades–, a un total de 57 prisioneros políticos (27 fallecidos en prisión), entre policías, civiles y militares. Así pues, a modo de desemboque, en el 2006 son extraditados a Chile –léase entregados a la “justicia compañera”– tres oficiales del ejército nacional en situación de actividad, por una causa que luego de años de llevada en tribunales de nuestro país, en 1992 fue archivada por falta de pruebas. A lo largo de los años, prosiguieron en su ofensiva, hasta que en 2011 logran dejar sin efecto la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Ahora no solo estaba despejado el camino, sino que lo habían alfombrado.
A propósito, resulta innegable que esta situación, salvo a sus familiares, camaradas y abogados defensores, no le interesa a nadie. Aunque ciertamente existen profesionales del derecho ideológicamente independientes y ciudadanos intelectualmente honestos que desde siempre advirtieron las sordideces y perversidades jurídicas consumadas en estos casos. Pero es un tema que no les atañe, por tanto, les es indiferente. La cosa no es con ellos, “es con los milicos”…
Es más, su fondo esencialmente político-ideológico ha llevado a que quienes deberían velar por la rectitud en la administración de justicia y por la preservación de un vigoroso Estado de derecho, es decir: gobernantes, legisladores y jerarcas tanto del Poder Judicial, como de la Fiscalía General de la Nación, ya sea por interés, por “corrección política” o sencillamente por incompetencia, se mostraran omisos.
Ahora bien, en el transcurso de estos años han surgido otros casos, no relacionados con los militares y los derechos humanos (DDHH), donde reaparecen “magistrados militantes y prevaricadores”, obviamente que movidos por otros propósitos. En octubre del 2009 aparece el “arsenal de Feldman”, caso que adquirió relevancia por su connotación política, dado que el armamento y material de guerra fue encontrado días antes del acto eleccionario nacional, en que un tupamaro era candidato a la presidencia de la República, por su pésima conducción táctico-policial y por su aberrante manejo jurídico, casualmente a cargo del fiscal Ricardo Perciballe y del juez Jorge Díaz. El caso finalmente fue archivado por falta de pruebas, y a Feldman se le diagnosticó “post mortem”: síndrome de Diógenes… Así pues, se ocultaba un grave delito, y se encubría a quienes lo cometieron. Un acto jurídico ignominioso por donde se lo mire, y una burda ofensa a la inteligencia de los uruguayos. Lo siguió en 2022, el “caso Charles Carrera”, senador frenteamplista y exdirector de secretaría del Ministerio del Interior (MI), acusado de haber hecho –por lo bajo– un mal uso del hospital policial, en un gran enredo con la atención sanitaria de un civil, que fuera lesionado por un disparo proveniente de la casa de un policía en La Paloma. Otro inadmisible bochorno jurídico-administrativo estatal, que a la fecha aún no tiene resolución judicial...
El año 2022 fue fructífero en materia de corrupción, pues sobrevino el caso del “pasaporte del narcotraficante Marset”. El diligenciamiento diplomático-político-jurídico del documento resulta ser muy poco claro, dejando en evidencia más de un “error” de funcionamiento en MI y Ministerio de Relaciones Exteriores, que lleva a que se diluyan las responsabilidades y quede todo por eso…
Y en 2023 impacta el “caso Astesiano”, figura que pese a contar con algunas “anotaciones policiales”, inconcebiblemente se desempeñaba como jefe de seguridad del señor presidente de la Republica. Se trata de un caso que tuvo múltiples e importantes derivaciones y que si bien el acusado ya cumple sentencia firme, deja más dudas que certezas…
La fiscal de la causa, hasta hace muy pocos días, fue la Dra. Gabriela Fossati, quien amén de contar con meritorias credenciales profesionales, dio muestras de ser una mujer inteligente, de carácter fuerte y por sobre todo, de poseer el valor necesario para actuar con decisión y firmeza a la hora de enfrentar determinados “obstáculos” en el ejercicio de su función.
En consecuencia, Fossati vino a complicarle la vida a algún superior jerárquico, movido por propósitos –o instrucciones recibidas– no del todo ceñidas a la función. Y claro está que, en coloquios personales o de la clase, el jerarca no pierde oportunidad de propagar juicios tales como: “es una mujer difícil” o “es una persona complicada”. Tarea preparatoria para, mediante la búsqueda de renuncia, un discrecional cambio de destino, librarse del problema.
La fiscal indagaba al ciudadano Ruben Gustavo Leal Fuentes –exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del MI en los pasados gobiernos frenteamplistas–, por el motivo de su visita a los padres de Astesiano. Pero en una ausencia circunstancial, por motivos médicos, la fiscal subrogante archivó la causa, fundamentando: “Fue una conversación de dos personas adultas, y lo ampara la ley”. Otra burda ofensa a la inteligencia de sus conciudadanos…
También se supo de una información confidencial, obtenida durante una conversación entre el fiscal, un auxiliar y Astesiano –tres personas–, que intencionalmente se filtrara a los medios de prensa. Al respecto, hasta el momento ha sido imposible identificar quién la filtró… Es imposible no preguntarnos: ¡¿qué es esto?!, ¡¿en qué país estamos?!
La fiscal Fossati optó por dejar el servicio público, expresando en más de un medio de prensa que no estaba dispuesta a que nadie le dirigiera su trabajo. Más claro, imposible...
Sabido es que cuando en un organismo público se constata prácticas en que el funcionario utiliza, indebida o ilícitamente, la función en provecho propio o de intereses que representa, se incurre lisa y llanamente en un acto de corrupción. Así pues, hasta hace un tiempo solo hedían los procesos judiciales a que eran sometidos los militares por causas de DDHH, conducidos –no casualmente– por magistrados ostensiblemente comunistas, que los acusan, imputan y sentencian. Ahora los casos mencionados anteriormente, el “caso Astesiano” en particular, así como otros horrores jurídicos –sin connotación político-ideológica alguna– que han aflorado en los últimos días, son una clara evidencia de que en la Fiscalía General de la Nación y en el Poder Judicial existen funcionarios que desvergonzadamente se sirven de la función, en beneficio propio o de los intereses que representan, y otros sumamente incompetentes para el cargo que ocupan. No obstante, es de orden señalar que, desde hace un tiempo, en otros ámbitos de la administración pública, también se perciben indicios de corrupción.
La corrupción hoy representa una de las peores amenazas para el desarrollo de una nación. Porque todo lo que toca lo descompone, porque es contagiosa y porque genera descrédito afuera y desconfianza adentro. Este mal se previene con una sociedad educada y con firmes valores éticos y morales. Y se cura con jerarcas probos y competentes en su materia, donde cada uno, desde el cargo que ocupa en la pirámide, ejerza y haga ejercer el debido control del Estado. Ahora la cosa ya no son solo los milicos, van por más… ¡Y hay que curar!, de lo contrario mañana nos sorprenderemos con las indeseables consecuencias de la indiferencia y la cobardía de ayer.
Cnel. Luis Eduardo Maciel Baraibar
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