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En sus dos últimas publicaciones en Búsqueda (en forma de entrevista en la edición N° 2267 y bajo el formato de carta de los lectores en la N° 2268), el Cr. Alfredo Asti acumula una serie desordenada de informaciones parciales, informaciones equivocadas, errores de concepto y cambios de opinión que no se aplican a la realidad del Ferrocarril Central.
Desde mi posición como Gerente General de Grupo Vía Central, al ver afectado mi desempeño profesional, me veo obligado a tratar de aclarar algunos de los conceptos que ha vertido reiteradamente, para evitar que en posteriores lecturas se construya un relato alejado de la realidad.
Informaciones parciales: el Cr. Asti omite (desconozco la razón) en su enumeración de las prórrogas del contrato, que la primera prórroga fue concedida por la administración anterior cuando solo habían pasado seis semanas desde la firma del contrato. Esta prórroga fue concedida en virtud de que la Administración no disponía de un mínimo de terrenos expropiados para hacer la entrega de faja que los acuerdos le mandataban.
Informaciones equivocadas: el Cr. Asti reitera que la señalización no está instalada ni está funcionando el centro de control. Esto no es verdad, al punto de que las pruebas que vienen llevándose a cabo en la vía desde hace tiempo están siendo coordinadas y controladas desde el centro de control (y por el personal debidamente entrenado de la DNTF).
Sobre este tema, además, en la primera nota, opina que el centro de control podría haber estado listo hace dos años, olvidando que no hubiera tenido a donde conectarse.
Errores de concepto: entre las precisiones de la carta a los lectores, el Cr. Asti intercala en una enumeración dispar de conceptos que impedirían un acuerdo, un término de gestión de obra: el camino crítico, que en la forma que se plantea carece de sentido.
Cambios de opinión: entre su nota de prensa y su carta a los lectores notamos varios cambios de posición. Estos cambios de posición (que no se le escapan al lector atento) van desde la necesidad inicial de demostrar la responsabilidad de la empresa a la contundencia de exigir la compensación con multas (esto último basado en que “Mi conocimiento… me llevan a evaluaciones muy distintas”); o el intento inicial de justificar la demora en las expropiaciones por falta de proyecto, que cambia para decir que la solución a las expropiaciones surgió al contratar a la CND (de la que casualmente es director), la que destrabó en poco tiempo el acceso a la faja.
Además de estos temas puntuales que no podía soslayar, hay una una serie de conceptos erróneos introducidos por el Cr. Asti que debo analizar.
En efecto, de acuerdo al Cr. Asti y a este relato, pareciera que el gobierno anterior dejó todo listo para ejecutar la obra, que el contratista (pese a tener todos los elementos disponibles) no supo ejecutar el proyecto ejecutivo provocando atrasos y provocando también la imposibilidad de definir la faja y las expropiaciones, que la supervisión (de una actuación impecable hasta entonces según su opinión) fue cambiada varias veces por “gestiones” del MTOP (el entrecomillado es del Cr. Asti), que el contratista no dedicó los recursos suficientes y que los costos asociados por las demoras y cambios le fueron cobrados al Estado por su “mal gerenciamiento” y por la “desidia y poco apego” del MTOP al controlar la obra y al negociar.
La realidad es que:
La estructura de gestión y supervisión que preparó el gobierno era inadecuada (tanto en el número como en la formación de sus integrantes) y el Órgano de Control, que el Cr. Asti ahora ataca, fue establecido como el máximo mecanismo de control por el gobierno anterior. En nuestra opinión, el Estado debió contratar a una ingeniería internacional con experiencia en contratos PPP para hacer la gestión global y sumarle los recursos adecuados que permitieran la solución de los temas locales.
El anteproyecto y pliego de licitación fueron preparados en la gestión anterior por AFE y su contraparte finesa (VRTrack), que en conjunto no habían proyectado más de 20 km de vía en los últimos 10 años. Nuevamente, en nuestra opinión, debió contratarse el proyecto con un proyectista internacional especializado en vías férreas.
Como resultado de esto, y pese a que el contratista sí integró a proyectistas internacionales en su equipo, no fue posible elaborar un proyecto que cumpliera en todos los detalles con una superposición desatinada y caprichosa de requisitos. Para fijar ideas daremos tres ejemplos de problemas de anteproyecto y de pliego: a) si la vía se colocaba en la posición natural que exigían los requisitos de lluvia, quedaba a un metro por sobre el propio anteproyecto de pliego y sobre la vía actual, de forma que no podrían resolverse los cruces con el tránsito de vehículos; b) se cometió un error garrafal en el cálculo de tiempo de cierre de las barreras, lo que implicó cambiar todo el sistema de control y la ejecución de obras viales alrededor de los pasos a nivel; c) se omitió informar a los licitantes que en el corazón de los taludes existentes había 5 millones de metros cúbicos de material no apto para terraplenes que hubo que remover y sustituir. Para dar una idea de lo que este volumen significa podemos imaginar que llenamos el Estadio Centenario de tierra, desde la cancha al tope de las tribunas. El volumen de tierra adicional que hubo que mover por este error del pliego, permitiría llenar el estadio a tope, cinco veces.
La incapacidad de la estructura de gestión y supervisión existente para resolver estos problemas (entre varios otros) fue el verdadero motivo que llevó a la sustitución de la supervisión.
La dirección de la supervisión fue sustituida finalmente por un profesional idóneo, con experiencia en un número importante de proyectos de gran escala que resultaron exitosos. Entiendo que el Cr. Asti asume una actitud que no corresponde cuando entrecomilla las “gestiones” del ministerio al hacer este cambio, poniendo en duda la ética de todos los involucrados.
Sobre el tema de los recursos aportados por el contratista, hubiera alcanzado una simple consulta del Cr. Asti a la supervisión, para enterarse de que el contratista aportó muchos más recursos que los previstos, tanto en términos de materiales, como de mano de obra y de equipos. Con una simple llamada se hubiera enterado, además, de que el contratista sostuvo con sus propios recursos económicos la continuidad de las obras, haciendo un enorme esfuerzo para no dejar caer el proyecto, ya que las demoras en las decisiones del Estado hicieron que se detuviera el financiamiento bancario por varios meses.
Finalmente, sobre la aseveración de que el gobierno mostró desidia y poco apego al negociar con el contratista, debemos hacer público que la última negociación se realizó por la vía de la mediación (prevista en el contrato original), que el mediador (propuesto por el gobierno y aceptado por el contratista) es un profesional de larga e irreprochable trayectoria, que asesora al propio Cr. Asti en su calidad de director de la CND y que supo conducir a las partes en disputa a un acuerdo (in)satisfactorio para ambas, evitando así que se desencadenara un arbitraje por un monto muy superior al valor acordado. Y que, como lamentablemente hemos visto reiteradamente en el pasado, con el pasar del tiempo el monto a pagar hubiera crecido para terminarle costando al país varias veces el que corresponde de acuerdo con la justicia.
