El Frente Amplio debió anunciar el primer ajuste fiscal desde que gobierna, recortando gastos y subiendo la carga tributaria

El paquete requirió una intensa discusión al interior del Consejo de Ministros, en cuatro reuniones que insumieron 18 horas en total. En la última, efectuada el viernes 20, se zanjó uno de los disensos centrales que fue a partir de qué franja subir las tasas de los impuestos que gravan las rentas personales. Antes de eso ya estaba claro que habría que adoptar medidas “importantes”, impopulares y con un alto costo político para el Frente Amplio (ver Búsqueda Nº 1.867).

Si bien hubo “discrepancias” en algún momento de la discusión, “hoy todo el Poder Ejecutivo está encolumnado atrás de esta propuesta”, sostuvo el ministro, quien fue el único que habló en la conferencia de una hora y media.

En la conferencia Astori presentó el paquete como un conjunto de “medidas para la consolidación fiscal”. Cómo hacer para acotar el costo político de que sea asimilado a los ajustes fiscales aplicados por los gobiernos de partidos tradicionales en décadas recientes fue un tema de debate en el Consejo de Ministros, señalaron los informantes.

El ministro explicó a los periodistas que la economía se enlenteció y anunció una “importante corrección” en la estimación de crecimiento, que en lugar de 2,5% será de 0,5% en 2016. También se corrigieron las proyecciones de aumento del PBI para los años siguientes: 1% en 2017, 2% en 2018% y 3% en 2019. Eso da un 7,7% en promedio del período. “La diferencia es grande y por lo tanto tenemos que partir de esta realidad que cambió mucho en los últimos meses”, reconoció. De todos modos, marcó que “crecer, aunque sea a una tasa baja, es una diferenciación importante” para Uruguay en la región, que el gobierno aspira a mantener.

Astori afirmó que la desaceleración de la economía “pega mucho en los ingresos públicos” y habló de una “situación fiscal preocupante”. Según dijo, un desequilibrio en las finanzas públicas como el actual no es sostenible. “Esta trayectoria fiscal, de no ser corregida, llevaría a un mayor endeudamiento” que “conduciría a un deterioro en la calidad crediticia del país”, advirtió. Esa calificación dentro del grado de inversión no especulativo o investiment grade forma parte de un “conjunto de fortalezas” que aún mantiene Uruguay, dijo, pero acotó que “las fortalezas, si no se toman medidas correctivas, terminan por diluirse. Las fortalezas son importantes para momentos de transición como el que estamos viviendo. Es el tránsito de una etapa de dificultades a otra mejor”.

Ante una pregunta de los periodistas, el jerarca aceptó que la “infalibilidad no existe. Y cuando nos equivocamos hay que aprender de los errores cometidos”. Su autocrítica también pareció aludir a las pérdidas que arrojó Ancap: “Nos faltó en algunos momentos recientes mayor coordinación en algunas inversiones realizadas, nos faltó y nos sigue faltando mayor eficiencia, mejorar la gestión en algunas áreas. Sí, tiene que haber autocrítica”.

De todos modos, para Astori no son necesarias medidas de “shock” con el gasto y los ingresos fiscales, sino una acción “moderada” para abatir el déficit en un punto porcentual del PBI, “cerca de U$S 500 millones”. Un desequilibrio equivalente a 2,5% del Producto se mantiene como meta para 2019, puntualizó el ministro.

Luego explicó las medidas que, según dijo, buscan abatir el gasto público en unos U$S 150 millones y aumentar los ingresos en U$S 350 millones (si bien en la presentación que se divulgó después se indican cifras de U$S 125 y U$S 335 millones, es decir U$S 460 millones en total, sin mayor detalle).

Gasto.

Por el lado del gasto público, el Poder Ejecutivo propone las siguientes medidas, algunas que trascienden a la administración central:

—diferir para 2018 $ 2.964 millones de incremento de gasto que en el Presupuesto estaba previsto para 2016 y 2017 (en los ministerios de Educación y Vivienda, ANEP, Universidad, INAU, ASSE, Utec, Inumet, Fiscalía de la Nación, planes Ceibal e Ibirapitá, ANII, Instituto Pasteur, Cudim, organizaciones sociales, Hospital de Clínicas, dragado del río Uruguay, entre otras áreas). Eso es 11,9% del aumento total previsto en dicha ley;

—el proyecto de Rendición de Cuentas no deberá comprometer gastos adicionales, salvo los previstos por compromisos políticos anteriores (reforzamiento del presupuesto de la Corte Electoral, implementación del Código Aduanero, ajuste salarial en el Poder Judicial y para la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal);

—reducir en 5% los fondos destinados a retribuciones personales en la administración central que no han sido ejecutados;

—salvo excepciones, no se aplicará el ajuste automático por inflación para los rubros de funcionamiento e inversiones (lo que supone una baja en términos reales);

—limitar el ingreso de funcionarios a la administración central a dos por cada tres que se retiren. Esa misma política se propondrá para las empresas públicas y los organismos del artículo 220 de la Constitución (ANEP, ASSE, Universidad de la República, Tribunal de Cuentas, etc.);

—reducción de los costos de distribución de combustibles —que rondan el 16% del precio por litro de nafta— modificando las bonificaciones que cobran las estaciones de servicio y los márgenes de utilidad de las marcas distribuidoras. “Están en juego U$S 50 millones” que serán un “aporte muy importante para el resultado final”, justificó Astori;

—cada Ministerio deberá proponer acciones concretas de mejora en la calidad del gasto;

—creación de un grupo de trabajo con representantes de los ministerios de Economía y Trabajo, demás del Banco de Previsión Social, para revisar el pago de prestaciones sociales. El ministro señaló que en los últimos tiempos se nota un “cierto exceso”, sobre todo en los seguros por enfermedad;

—reformar la “Caja militar”, a la que Rentas Generales le transfirió una asistencia anual de U$S 400 millones en 2015, una cifra que “excede totalmente las posibilidades del país y en particular en esta etapa”, alegó Astori. Se espera que el proyecto sea aprobado por el Parlamento este año y que permita bajar de manera “significativa” el déficit de ese instituto previsional, aunque no en lo inmediato.

Otra medida prevista es ordenar a las empresas públicas una reducción de 3% en el gasto corriente en 2017, informó ayer martes 24 el subsecretario de Economía.

Impuestos.

“Con el margen acotado que tenemos en el gasto, no podemos prescindir del instrumento de los ingresos” para mejorar los números fiscales, planteó el secretario de Estado en la conferencia. Dijo que la propuesta en este sentido —que estará contenida en la próxima Rendición de Cuentas— es incrementar el peso relativo de los impuestos directos por sobre los indirectos, buscando con ello una mayor justicia tributaria.

Las medidas propuestas son las siguientes:

—reducir dos puntos porcentuales en la tasa del Impuesto al Valor Agregado cuando los consumos sean abonados con tarjetas u otros medios electrónicos. Esta medida supone una renuncia fiscal de U$S 50 millones anuales, según estimaciones de Economía;

—elevar las alícuotas del IRPF con el siguiente esquema. Para los ingresos del trabajo, la tasa sube de 15% a 18% para la tercera franja de ingreso de entre $ 33.400 y $ 50.100 mensuales, pasa de 20% a 23% la que va de $ 50.101 a 167.000, de 22% a 26% la de 167.001 a $ 250.500, y de 25% a 29% la de $ 250.501 a $ 384.100. La alícuota para la porción del ingreso del trabajo superior a ese monto aumenta de 30% a 34%.

Además, las deducciones de gasto a los efectos del pago de IRPF dejan de aplicarse por franjas y pasan a hacerlo a una tasa uniforme de 8%.

Si se divide la población en diez partes según su nivel de ingreso, ese cambio no afecta a los siete primeros deciles y tiene un efecto “muy moderado” (aumento de 1,7% en promedio de tasa efectiva) para los tres superiores, comentó Astori. El 80% del efecto de incremento recae sobre el décimo decil.

Según cálculos de Búsqueda, una persona que cobra un sueldo líquido de $ 26.499 mensuales paga actualmente $ 347 de IRPF y pasaría a abonar $ 478 con los cambios propuestos, es decir $ 131 más. El incremento sería de $ 427 si el salario líquido actual es de $ 30.583, de $ 1.229 si asciende a $ 43.282 y de $ 2.140 en caso de que el ingreso sea de $ 55.707. A su vez, la carga sube en $ 3.051 para un sueldo de $ 68.131, en $ 3.962 para uno de $ 80.555 y en $ 5.133 para una remuneración de $ 101.558. Un sueldo que hoy es de $ 209.159 pagará $ 69.493 con las tasas modificadas del IRPF, esto es $ 12.242 más que en la situación actual.

También se plantea incrementar las tasas del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que grava las jubilaciones y pensiones: por la parte que supera los $ 50.101 y hasta los $ 167.000 pasa de 20% a 23%, y lo hace de 25% a 29% para el tramo de pasividad mayor. La tasa efectiva del IASS sube 0,3% en promedio, informó el ministro.

Para las rentas de capital, el Poder Ejecutivo propone mantener exonerado de IRPF (tasa 0%) la ganancia por inversiones en títulos públicos, y subir a 7% la carga a los intereses de depósitos en pesos nominales o reajustables por inflación, a cualquier plazo. La misma alícuota plantea para la ganancia generada por las inversiones en obligaciones negociables o certificados de fideicomisos a más de tres años.

—para el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), el Ejecutivo propone cuatro modificaciones.

Primero, para las firmas que facturen más de cuatro millones de unidades indexadas a la inflación al año se plantea eliminar la posibilidad de establecer sueldos fictos patronales a los efectos de deducir el IRPF.

Segundo, topear la deducción de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores acumuladas en los últimos cinco períodos hasta alcanzar el 50% del resultado fiscal positivo (en lugar del 100% como hasta ahora) al momento de liquidar el IRAE.

Tercero, propone que las utilidades generadas con una antigüedad mayor a tres ejercicios que no sean repartidas entre los accionistas o reinvertidas, sean computadas como distribuidas. Astori explicó que se detectó una “escasez (…) muy importante” de distribución para eludir el IRAE.

Cuarto, plantea eliminar la exoneración de pagar IRPF al 7% por las utilidades de sociedades prestadoras de servicios personales y profesionales con contabilidad suficiente.