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Cuando se aprobó la Ley de Urgente Consideración (LUC) el Frente Amplio festejó que se hubiera dejado fuera alguno de los cambios previstos para las empresas públicas, en especial para Ancap, y lo que en filas opositoras consideraban como un intento por buscar terminar con el monopolio de los combustibles en la petrolera estatal.
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Sin embargo, la decisión que tomó el 11 de setiembre la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) de modificar la metodología para calcular el precio de paridad de importación (PPI) volvió a instalar la preocupación en la oposición. La LUC determinó que a partir de ahora el Poder Ejecutivo definirá el precio de venta de los diferentes combustibles con “previo informe preceptivo de la Ursea”. Al cambiar la forma de medir, también los valores de referencia para el gobierno serán diferentes a cómo se definen hasta ahora.
Ancap salió al cruce y cuando la Ursea abrió una consulta pública la petrolera envió un extenso informe de 66 páginas en el que señala “diferencias conceptuales”. “No reconocer la totalidad de los costos incurridos por un importador (por ejemplo: infraestructura e instalaciones utilizadas) implica una señal incorrecta de mercado, que llevaría a la reducción o deterioro irreversible de la infraestructura para atender el mercado, en condiciones de seguridad de abastecimiento, operativas y medio ambientales”, indica el documento.
Con base en estas consideraciones, la dirigencia frenteamplista maneja un informe titulado Lo barato sale caro, al que tuvo acceso Búsqueda, donde plantea críticas y duras acusaciones contra las medidas adoptadas por el gobierno. El documento advierte al comienzo que la nueva metodología “supone la libre competencia entre importadores, pero en ningún caso considera la obligación de mantener abastecido en forma permanente al país”, que quedaría librado a “oportunidades de rentabilización del mercado”.
El documento advierte que la Ursea plantea como acorde contar con abastecimiento equivalente a 40 días cuando según los datos de Ancap los “tiempos reales que insumieron las últimas importaciones de gasoil”, por ejemplo, fueron de 54 días. “Seguramente tendríamos desabastecimiento de 14 días con bastante frecuencia”, agrega.
“Esto no es casual: Ursea está funcionando como brazo ejecutor del gobierno para conducir a Ancap a la ruina y lograr la desmonopolización que no se pudo conseguir a través de la LUC”, dice el informe.
Por otra parte, sostiene que el organismo “desconoce leyes nacionales que imponen condiciones comerciales más severas a la adquisición de combustibles”, como la ley de agrocombustibles y ley de bandera a buques. Y agrega que “si realmente hubiera desde el gobierno un interés genuino de reducir los costos en la cadena, y no solo realizar un ataque a Ancap, sería de mayor impacto cualquier acción de reducción que se realizara sobre la porción más grande de la tarifa”. Y propone como alternativa para bajar el costo realizar modificaciones en el margen de ganancia de los distribuidores o una renuncia de la carga impositiva.
Por último, el documento del Frente Amplio afirma que “los nuevos precios de paridad de importación calculados por Ursea para los combustibles son apenas inferiores a las tarifas actuales, pero no garantizan que los uruguayos cuenten con ellos en los surtidores cada vez que los necesiten”.
