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El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) tiene todo pronto para empezar con las auditorías de la gestión anterior y, al mismo tiempo, comenzó a evaluar una serie de programas que hasta ahora se ejecutaban a través de organizaciones de la sociedad civil.
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Algunos de los convenios con estas ONG fueron cerrados porque el servicio que se brindaba no era de calidad, según las autoridades. En otros casos, el Mides entiende que la gestión la debería hacer el propio ministerio, lo que permitiría ahorrar recursos al Estado.
Estos cambios causaron preocupación en organizaciones de la sociedad civil. Ya mantuvieron contactos con integrantes del Frente Amplio y manifestaron que hay “incertidumbre” respecto al futuro de algunos programas implementados básicamente por la sociedad civil.
La realización de auditorías en todo el Estado fue una promesa de campaña de Luis Lacalle Pou, pero la llegada de la pandemia Covid-19 demoró la concreción de esos planes. Cuando asumió Pablo Bartol al frente del Mides el 2 de marzo, ese fue uno de los temas planteados durante la ceremonia oficial. El director general de Secretaría, Nicolás Martinelli, dijo que iban a realizar las auditorías y que trabajarían sobre los programas para que los “recursos lleguen a donde tienen que llegar”.
En las últimas semanas el Mides avanzó en la puesta a punto para poner en marcha las auditorías, dijo Martinelli a Búsqueda.
El Mides tiene un presupuesto anual de unos US$ 270 millones. Una parte de esos recursos se destina a contratar a organizaciones de la sociedad civil para que brinden servicios a la población, desde la atención en refugios hasta el acompañamiento de familias en situación de vulnerabilidad.
Entrevistado en el programa En la mira de VTV el miércoles 29, Bartol dijo que el objetivo es que los servicios que se ofrezcan sean de “buena calidad”. “No puede ser que el Estado vuelque dinero a la sociedad civil para hacer cosas a medio pelo. Estamos decididos a que cambie el eje”, afirmó.
Mencionó como ejemplo la situación en los refugios que atienden a personas que viven en la calle: “Había 35 refugios y algunos (eran) medio esperpento”. El 26 de abril cerraron tres por estar en malas condiciones y a otros cinco les renovaron el contrato por seis meses, bajo “observación”, explicó. Bartol dijo que es una “señal” para los demás refugios.
Al ser consultado sobre si en los primeros meses de trabajo encontró “cosas raras”, Bartol respondió que sí. También respondió afirmativamente cuando le preguntaron si esos hallazgos podían ser denunciados en la Justicia.
Fuentes del Mides dijeron que están investigando varios temas pero evitaron dar detalles sobre los casos específicos.
Cambios
Las medidas que se están tomando en el Mides son observadas con atención por dirigentes del Frente Amplio y organizaciones sociales. Legisladores frenteamplistas ya realizaron pedidos de informes.
La Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (Anong) se reunió el 24 de abril con autoridades del Mides. De acuerdo a un informe interno de Anong sobre la renunión, el gobierno no descartó, pero tampoco aprobó explícitamente, el trabajo con las organizaciones. “Se irá viendo”, dijeron las autoridades.
Dejaron abierta la posibilidad de que las ONG puedan “aportar sobre los programas y reformulaciones”, pero será el Mides el que las convoque, indicaron.
Hay al menos cuatro programas que están siendo revisados por las nuevas autoridades. Uno es el Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (Socat), que ofrece asesoramiento a la población sobre servicios, recursos y acciones de políticas sociales. A un grupo de unas cinco organizaciones vinculadas a él no se les renovarán los convenios. La idea es que el programa siga un año más.
Otro es el programa Cercanías, que se realiza a través de los Equipos Territoriales de Atención Familiar (ETAF) y que desarrolla un trabajo de proximidad con las familias para que accedan a las prestaciones sociales a las que tienen derecho. El Mides pretende contratar técnicos para hacer la tarea, en lugar de las ONG, y así ahorrar dinero para llegar a un número mayor de familias.
El programa Impulsa también está bajo revisión. Promueve distintas formas de participación juvenil con acciones de voluntariado y talleres artísticos, entre otros.
A la reformulación de esos programas se suma la “incertidumbre” que existe en torno a trabajadores de organizaciones que forman parte de la Red de Servicios de Atención a la Violencia basada en Género, según un comunicado divulgado por integrantes del colectivo esta semana.
La red realiza un acompañamiento psico-social y jurídico a las mujeres víctimas de violencia. Los convenios con las organizaciones que realizan esta tarea vencían el 1º de mayo. En 2019 se inició una licitación para que el servicio continuara durante dos años, y se adjudicó a esas organizaciones. Sin embargo, 15 días antes de la entrada en vigencia del nuevo convenio se les notificó que se dejaba sin efecto. El Mides les informó que se iniciará un nuevo proceso con cambios al pliego de la licitación de 2019 y, mientras eso sucede, se prorroga el convenio vigente por siete meses. Los trabajadores dicen que así queda en “suspenso” la continuidad laboral de unas 220 personas.
Asimismo, el Mides planea reformular el programa Uruguay Trabaja, que apunta a dar soluciones laborales transitorias a personas pobres. La idea es duplicar la cantidad de puestos (hoy son 3.000) y trabajar en conjunto con las intendencias, en lugar de las ONG.
