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El Ministerio de Economía gestiona ante el BID un programa por US$ 155 millones para mejorar la “internacionalización” del país
Se prevé “modernizar” regulaciones, adoptar una “nueva generación” de políticas e instrumentos y reformar la legislación laboral para atender “las necesidades de empresas globales y posiciones remotas”
En los gobiernos del Frente Amplio, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyó a Uruguay mediante una serie de programas que redundaron en “avances significativos” en el “posicionamiento estratégico internacional” del país. Sin embargo, la “complejidad del contexto global actual requiere de una serie de modernizaciones del marco regulatorio” y una “nueva generación de instrumentos y políticas” en esa dirección, entiende el organismo multilateral.
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Con base en ese análisis es que el BID tiene en preparación un nuevo programa —para la Modernización del Marco Regulatorio para la Internacionalización— solicitado por el Ministerio de Economía. Involucra un préstamo de US$ 155 millones de desembolso diferido y dos operaciones con un cronograma a tres años, con la opción de una renovación única por igual lapso.
Con este programa el gobierno busca consolidar el marco normativo e institucional de políticas relativas a la atracción y facilitación de inversiones “sustentables”, la promoción de las exportaciones, así como un “fortalecimiento del ecosistema de innovación que contribuya a consolidar una inserción internacional más sofisticada”, consta en un documento preparatorio.
Lo usual es que estos informes pasen por distintos comités del banco antes de llegar a su Directorio Ejecutivo para la aprobación, prevista para setiembre. Describen el “contexto económico” —la actividad que “recobró” dinamismo tras el primer año de pandemia y el déficit fiscal se mantienen como “uno de los principales retos macroeconómicos del país”— y plantean el “diagnóstico de la problemática” que se pretende abordar. En torno a ese último aspecto, el BID señala que la “contribución de la productividad total de los factores al crecimiento económico ha sido limitada, impidiendo que Uruguay converja a los países de altos ingresos”, lo que hace “indispensable profundizar y mejorar la inserción internacional del país. Esto cobra mayor relevancia ante los impactos disruptivos generados por la pandemia, las tensiones comerciales y políticas entre países, así como la reconfiguración de las cadenas globales y regionales de valor”. En particular, dice el organismo, es necesario “reducir la incidencia de los obstáculos que limitan su atractivo como destino de inversión sostenible, fortalecer el capital humano y favorecer la diferenciación productiva —mediante la innovación—, que permitan la participación en segmentos más sofisticados” de las cadenas de valor.
El diagnóstico añade que Uruguay enfrenta un escenario internacional de elevada “competencia para la captación de proyectos de inversión de alto valor agregado y orientación a la sustentabilidad. Las medidas de tendencia proteccionista, la valoración de la cercanía y resiliencia en las cadenas globales y regionales de valor se han incrementado”, al tiempo que se redujeron los flujos de inversión directa. En ese marco, para el BID, los costos administrativos (regulatorios y procedimentales) y los “problemas de información aún continúan limitando el potencial de recepción” de inversión foránea por parte de Uruguay. Así, la eficiencia regulatoria, sumada a las acciones de promoción y facilitación de inversiones y del comercio, como factores de mitigación de las fallas de mercado, “cobran mayor trascendencia, ya que pueden generar un efecto positivo y significativo sobre la instalación, expansión y permanencia de empresas extranjeras”.
Por otro lado, el organismo advierte que es bajo el nivel de inversión en investigación y desarrollo ejecutado por empresas —estancada en 0,34% del Producto Bruto Interno en la última década—, así como del capital humano dedicado a la investigación en el sector empresarial. Allí está la “mayor debilidad en la capacidad de innovación del país”, refuerza.
Paralelamente, las “fallas de coordinación en el ecosistema de innovación afectan el nivel de sofisticación tecnológica de las exportaciones, la presencia de sectores de alto valor agregado y el acceso a mercados más grandes y exigentes”.
La “escala reducida de capital humano es uno de los principales obstáculos a la internacionalización y crecimiento” económico del país. Frente a eso, plantea el BID, se requieren reformas para alinear las “capacidades a las necesidades del mercado y adapten las condiciones de empleo y relocalización de recursos que permitan atraer talento altamente calificado”.
Según el documento, Uruguay también precisa seguir fortaleciendo su infraestructura para impulsar la internacionalización, minimizando costos y tiempos de transporte. Del mismo modo, necesita: ampliar la cobertura de los acuerdos con mercados relevantes en materia de protección de inversiones y tributaria; profundizar instrumentos que favorezcan la apertura comercial; y promover una mayor digitalización y eficiencia en los procesos vinculados a trámites de inversión y aduaneros.
Como aspectos positivos, menciona que Uruguay se posicionó a escala regional como “líder en la transición energética de su matriz productiva” y que avanzó en la adopción de estándares internacionales en materia de cuidado del medioambiente.
La “intervención”
El programa con el banco, que en su jerga también se le llama “intervención”, tiene tres propósitos específicos para, por ejemplo, “modernizar el marco general de políticas para la inversión y el comercio” del país; potenciar la inversión en sectores de alto valor agregado —tecnologías de la información y la comunicación, servicios globales de exportación, energías limpias, audiovisual y ciencias de la vida— mediante “herramientas de fomento y fortalecimiento de capacidades”; y reformar la “legislación laboral en línea con las necesidades de empresas globales y posiciones remotas”.
Como potenciales riesgos para el cumplimiento de los objetivos trazados para el programa, el banco multilateral identificó dos: que un deterioro en las condiciones económicas globales reduzca el impacto de las reformas planteadas; y que “se genere una demora en la aprobación de alguna” de estas.
