“Desde mandarlos presos, para abajo, analizamos todo”, ironizó un integrante del gobierno consultado por Búsqueda, para ejemplificar el ánimo de varios miembros del Poder Ejecutivo que esta semana analizaron cómo responder ante el conflicto iniciado por un grupo de 60 cirujanos generales que renunciaron a cargos de emergencia y urgencia en hospitales de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). La medida fue tomada por las Sociedades Anestésico Quirúrgicas (SAQ), que reclaman el pago de la “nocturnidad” para algunos profesionales.
“El gobierno ayer decidió poner un límite. Del otro lado hay un poder grande, que abusa de la concentración del saber. Y si no se toman medidas se va a terminar consolidando este otro modelo corporativo que vela sólo por sus propios intereses”, explicó a Búsqueda el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta.
Por eso, en una escueta declaración de cuatro minutos, varios jerarcas apuntaron no sólo a los cirujanos en conflicto, sino a todos los especialistas médicos al presentar una serie de medidas, para “asegurar la asistencia médica de todos” y “velar” por “el acceso integral a la salud”. Así, anunciaron que se comenzó a elaborar “un proyecto de ley” que le dará al Poder Ejecutivo la “facultad de declarar la emergencia sanitaria” que asegure el trabajo de los médicos especialistas cada vez que se entienda que sea necesario, y faculte a aplicar “medidas disciplinarias” que “pueden incluir la inhabilitación parcial o total del ejercicio profesional”.
En vez de disuadir o apagar el conflicto, la reacción inicial fue la contraria, explicaron a Búsqueda diversas fuentes médicas. Al “poner sobre la mesa los títulos”, el anuncio generó la “alarma general” de varios colectivos médicos, que aunque no respaldan en sí el reclamo de los cirujanos, sí se distanciaron del Poder Ejecutivo por considerar su posición “desmedida”, como “tirarle a un mosquito con una escopeta”.
Sin embargo, en el gobierno consideran que se trata de “un elefante”, que “hoy son los cirujanos”, pero mañana pueden ser “otras corporaciones”.
“Derecho fundamental”.
Más de dos horas después de anunciada la conferencia en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva, aparecieron los ministros de Salud Pública, Jorge Venegas, y de Trabajo, Eduardo Brenta, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, el prosecretario Diego Cánepa y la presidenta de ASSE, Beatriz Silva.
No aceptaron preguntas, y en apenas cuatro minutos explicaron las medidas del gobierno, que fueron debatidas en reunión por más de cinco horas ese día.
“Para este gobierno la salud es un derecho humano fundamental y los Estados se encuentran obligados a asegurar la asistencia médica de todos. En especial garantizando la disponibilidad y accesibilidad de personal médico y profesional a los grupos socialmente desfavorecidos”, leyó Breccia.
Luego, agregó que el gobierno “debe” resolver “cuando está en conflicto el derecho fundamental de toda la población (...) frente al interés de grupos corporativos que detentan saberes que le han sido conferidos por la sociedad toda y afectan dicho derecho fundamental de la población con medidas que aparecen, en todo caso, absolutamente desproporcionadas”.
Por su parte, Venegas transmitió que la ley que se está elaborando incluirá la posibilidad de “inhabilitación parcial o total del ejercicio profesional” de los médicos. El antecedente es la ley de emergencia sanitaria votada en 2010 por un conflicto con anestesistas, en la cual se alude a la facultad de la Comisión de Salud Pública del MSP de aplicar medidas disciplinarias en los casos que los considere necesarios.
En el caso de los cirujanos, “ASSE realizará una convocatoria a nuevos cargos, para ocupar los puestos que han quedado sin cobertura”. Según anunció, “quedarán excluidos los profesionales que se desvincularon por su propia voluntad”.
Según explicaron fuentes del gobierno, se analizará si las renuncias pueden ser consideradas “un demérito” en la carrera funcional de aquellos cirujanos que trabajen en otros prestadores públicos, como el sanatorio del Banco de Seguros del Estado, el Hospital Militar o Policial.
Para llegar a estas medidas se analizaron incluso otras más “fuertes”, como por ejemplo la “importación de médicos” de otros países, por ejemplo de profesionales cubanos.
Reclamo.
El conflicto comenzó cuando el 23 de agosto la Sociedad de Cirugía anunció la decisión de 60 cirujanos de guardia de renunciar a sus puestos de trabajo. A partir de allí unos 80 profesionales comenzaron una negociación, entregaron sus renuncias aunque no hicieron efectivas las medidas hasta el viernes 14, cuando el gobierno resolvió aplicar la esencialidad. Desde ese día, y hasta ayer miércoles, 29 cirujanos fueron dejando sus puestos de trabajo de forma progresiva, informó la gerente general de ASSE, Alicia Ferreira.
El reclamo es liderado por un grupo de integrantes de las SAQ que pretenden que se les pague la “nocturnidad”, que equivale a 30% más de lo que cobra el médico. ASSE ya creó un cronograma para el pago progresivo de la nocturnidad, pero para aquellos médicos que son presupuestados, y no para estos profesionales, que fueron contratados por la “Comisión de apoyo” (un sistema de contratos laborales bajo el derecho privado).
ASSE ofrece la presupuestación, pero no todos quieren tener ese vínculo con el Estado, porque según dicen, eso les provocará problemas a la hora de tener otros trabajos. En el gobierno, sin embargo, estiman que esto no es así y que en los hechos lo que no quieren es perder “el vínculo laxo” que tienen hoy.
El conflicto es liderado por un grupo de médicos relacionado con los partidos tradicionales, asesorados por el estudio jurídico del abogado Alejandro Abal.
En el Poder Ejecutivo consideran que la discusión gira, justamente, en torno al “modelo Abal” de salud, dirigido por un “sector médico empresarial que vende servicios y usa su posición dominante”.
“Antidemocrático”.
Diversas fuentes médicas manifestaron su sorpresa ante el planteo del gobierno y hasta consideraron que se trata de un “delirio” que “genera daños colaterales” y con lo que se “retrocede”.
En ese sentido, el SMU emitió un comunicado en el que manifiesta su “preocupación” por “la posible implementación de medidas que amenazan con cercenar las libertades individuales de los médicos”.
El presidente del gremio médico, Martín Rebella, aseguró que “el planteo es preocupante” y por eso solicitó a sus asesores que “analicen” las medidas. “Tenemos la firme convicción de que jurídicamente la inhabilitación de un título es inconstitucional y que puede violar libertades personales. Más allá de diferencias coyunturales, vamos a respaldar para que se respeten las garantías individuales, la libertad y la Constitución”, agregó.
Ayer miércoles las SAQ emitieron un comunicado en que reclaman que “en los hechos (el gobierno) se cerró a cualquier tipo de diálogo dirigido a obtener una solución”.
“En lugar de proponer finalmente cumplir” con la regularización de los beneficios laborales pautados por ley que reclaman, las autoridades presentaron “una batería de amenazas que nada aportan a solucionar en forma razonable y acordada el problema”. Son medidas “contrarias al Estado de derecho, violatorias de los derechos de las personas y en particular de los trabajadores, y peligrosamente indiciarias de un rumbo de autoritarismo antidemocrático”, indicaron.
Ante cualquier “medida” contra quienes renunciaron, el gremio advirtió que no descarta “la presentación de una renuncia colectiva en todo el sistema sanitario”.
