Críticas políticas y diferencias en su directorio ponen en juego credibilidad de la Jutep; su presidenta pide “tiempo”

En una declaración del directorio blanco se acusó al oficialismo en la Jutep de hacer “un sistemático uso partidizado de un organismo que, por su naturaleza institucional, debe actuar con estricto apego a criterios técnicos y jurídicos”. “Exigimos a la Jutep que, en el ejercicio de sus competencias, actúe con estricto apego al derecho, garantizando criterios jurídicos objetivos y evitando cualquier utilización del organismo con fines políticos, en resguardo de la credibilidad institucional que debe caracterizar a los órganos de control del Estado”, reclamó el Partido Nacional.

En una entrevista con Búsqueda, en diciembre del 2022, declaró que el organismo tenía una “crisis institucional” provocada por un “modelo de gestión bastante caótico” que aplicaba la mayoría oficialista. Y reprochó que “por momentos” ese modelo no era “ajustado a derecho”. “Por lo menos, a nivel interno tengo una sensación —y lo digo con tristeza— de que el organismo ha perdido credibilidad. Y eso básicamente tiene que ver con las resoluciones que se han adoptado, con las situaciones que se han dado”, dijo en esa entrevista.

Hoy, desde otro lado del mostrador, Ferraris se defiende de las críticas que ahora hace el antiguo oficialismo. Reivindica la resolución en el caso Danza, aun cuando había un informe de la asesoría letrada que advertía incompatibilidad e irregularidades en su situación. “Históricamente han existido dos posiciones doctrinarias sobre este tema”, dijo. Y lo comparó con el caso del expresidente Tabaré Vázquez, cuando en su primera presidencia reservaba horas de la semana para atender a sus pacientes en la Asociación Española. “Siempre hubo dos posiciones con las mismas normas en juego”, señaló. Y puntualizó que los informes jurídicos de la Asesoría Letrada “no son vinculantes”, sino que hay una “valoración del directorio” que es la que termina pesando.

Luis Calabria durante la entrevista con Búsqueda. Fotos: Javier Calvelo / adhocFOTOS

En noviembre de 2025, el diputado blanco Amin Niffouri presentó un pedido de acceso a la información pública para determinar en qué casos el directorio de la Jutep había adoptado resoluciones en sentido contrario a los pronunciamientos emitidos por sus asesores jurídicos. El legislador acotó el pedido al período comprendido entre junio y setiembre de 2025. La respuesta le llegó el 11 de diciembre. Y entre otros expedientes, figura una denuncia anónima fechada en 2023 contra el actual prosecretario de Presidencia y exfiscal de Corte, Jorge Díaz, por presuntas incompatibilidades y conflictos de intereses establecidos en el artículo 31 de la Ley 19.823, que prohíbe a los funcionarios públicos ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentren vinculados.

Según la respuesta de la Jutep a Niffouri, el caso fue archivado en julio de 2025 pese a recomendaciones jurídicas de verificar la naturaleza de esa incompatibilidad. La resolución fue tomada únicamente por los dos directores del oficialismo —la presidenta Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti—, ya que por esa fecha aún no había asumido el representante por la oposición, el blanco Luis Calabria. Las actas con el tratamiento de este expediente y los argumentos para su archivo todavía no han sido publicados. Ante la pregunta de Búsqueda, Ferraris dijo que “no se coincidió con el informe (de Jurídica) porque tenía errores conceptuales”.

Rodrigo Arim, OPP

El cortocircuito por el caso Arim

Ferraris insistió en que la gran mayoría de las resoluciones se definen por “consenso” entre los tres directores y que después se “hace foco” en “dos o tres casos rimbombantes” en donde hubo discordia.

La presidenta de la Jutep puso como ejemplo de consenso y de resolución contraria a informes técnicos al archivo de una denuncia contra el senador Da Silva referida a declaraciones públicas en donde admitía explícitamente que conduce por encima de los límites de velocidad establecidos.

Además del voto discorde en los casos de Danza y Arbeleche, Calabria ha cuestionado irregularidades en algunos de los procedimientos internos. Por ejemplo, en el análisis de la declaración jurada e incremento patrimonial del senador colorado, Andres Ojeda. Según las actas, el director de la oposición marcó “errores procedimentales” que “podrían impactar” en el análisis del caso, como un informe escrito por Asti que no figuraba en el expediente.

Azucena Arbeleche

También hubo un cortocircuito entre el director de la oposición y Asti en el tratamiento de la mediática denuncia contra el exrector de la Universidad de República y actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) por presunta omisión de información en el contenido de sus declaraciones juradas de bienes e ingresos y la no regularización de obras en su casa de veraneo en Solís. El director de la oposición acusó al vicepresidente de la Jutep de “ignorar algo resuelto” en directorio y de “avanzar en forma paralela y fuera de expediente”, según consta en el acta 1117, a la que tuvo acceso Búsqueda.

En la sesión del 5 de febrero, se resolvió dar vista del expediente a Arim y una vez evacuada se informó a la oficina de Declaraciones Juradas y Asesoría Letrada.

Y cuatro días más tarde, el 9 de febrero, a través de un mail remitido a la presidenta Ferraris, a Calabria y a la casilla de los asesores legales, Asti citó el informe realizado por Asesoría Jurídica sobre el caso y pidió una ampliación del análisis. El 11 de febrero, Asti remitió un nuevo mail, esta vez dirigido a Ferraris y Calabria donde se adjunta un archivo Word con un informe sobre la situación del exrector, firmado la funcionaria Nerena Barcena.

Alfredo Asti.jpg

Según el acta, de ese correo electrónico se desprende que el informe Ie fue enviado a Asti. “No surge quién solicitó ese informe a la funcionaria, ni que haya pasado por la supervisora del Área de Declaraciones Juradas, y tampoco está subido al expediente”, puntualizó Calabria. “Entiendo que avanzar en ese sentido, de continuar con los análisis cuando Io resuelto fue otra cosa —dar vista y recién luego continuar con los análisis—, supone una reconsideración del asunto que amerita nueva votación. En los hechos se ignoró algo resuelto en Directorio y se avanzo en forma paralela y fuera de expediente”, añadió.

El miércoles 11, en declaraciones a Aire Rico (Del Sol FM), Asti cuestionó “filtraciones” internas que “han afectado las decisiones de la Jutep. Se refirió en especial al informe jurídico en el caso Danza.

Ferraris admitió que, en general, existe un “clima difícil” entre oposición y oficialismo cuando se habla de la Jutep. “Hay muchos adjetivos descalificativos, y yo trato de no entrar en eso”, dijo. Y señaló que a la interna del organismo se sesiona con “normalidad”, “discutiendo los temas” y “basados en la buena fe”.