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Tras haber encauzado la aprobación de la ley de urgente consideración (LUC), el gobierno de Luis Lacalle Pou puso en marcha la elaboración de la próxima ley presupuestal, partiendo de la base de que la crisis provocada por el Covid-19 hace mucho más profundas las restricciones fiscales.
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Lacalle Pou reunió ayer miércoles a todos sus ministros para transmitirles los lineamientos que tendrá ese proyecto, que el Poder Ejecutivo deberá enviar al Parlamento antes de setiembre. El encuentro en la Torre Ejecutiva se pareció mucho al que el entonces presidente electo tuvo con sus secretarios de Estado en un hotel de Pocitos este verano, antes de que todos asumieran en sus cargos. El mensaje se repitió. “Quiero un presupuesto muy austero, con abatimiento del gasto y con buen manejo de los fondos”, dijo el presidente, según contó a Búsqueda un participante en la reunión.
El presidente reconoció que se trata de un presupuesto con “otro dólar” y con “dificultades extra” con las que se debe lidiar, como el creciente déficit fiscal.
En el Poder Ejecutivo entienden que ya se despejó uno de los principales temas de la agenda de gobierno en el primer semestre —la LUC— y hay un panorama más “controlado” en relación con la pandemia del coronavirus. Eso permite enfocar las energías en esta nueva discusión parlamentaria, aseguró un informante de la Torre Ejecutiva.
Además de Lacalle Pou, en el Consejo de Ministros hablaron la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el director de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie. Los secretarios de Estado se limitaron a escuchar las exposiciones, sin hacer preguntas.
Como dato de contexto, los integrantes del equipo económico recordaron que la situación fiscal era delicada ya antes de la llegada del Covid-19 y que Uruguay es de los países con posición más débil entre los de igual calificación de riesgo. En el equipo económico se entiende que eso pone en peligro la categoría de “investment grade” y hay que revertirlo bajando el déficit fiscal, aunque no podrá hacerse de inmediato. Arbeleche repitió como proyección un desequilibrio en las cuentas públicas equivalente a 6,5% del Producto Bruto Interno para este año.
Lineamientos.
En la conferencia de prensa posterior a la reunión, la ministra informó que se señaló como un lineamiento “principal” el hecho de que corresponderá a cada ministerio “elaborar cómo va a distribuir los recursos (…) en función de la prioridad que cada uno tiene”. Además, para cumplir con los compromisos programáticos definidos en la última campaña electoral habrá que “ver cada peso que se está gastando” y “reasignar” fondos, dejando “de lado la lógica de aumentar el presupuesto en función de los programas que se iban agregando”, añadió. Insistió: “Cada uno va a poder gobernar —y no solamente administrar— lo que es el presupuesto heredado en este momento, en 2020. Cada ministro y ministerio va a ser responsable de su propio presupuesto”.
“Nosotros le ponemos tope, pero el presupuesto es de ustedes”, fue el concepto que enfatizaron los integrantes del equipo económico, relató otra fuente del oficialismo que habló con Búsqueda. Explicó que eso supone que los distintos incisos podrán hacer “reformas internas”, “reorganizaciones” y otras acciones de “gestión, gestión y gestión” que, si producen ahorros, al menos en parte quedarán como refuerzo de fondos. “No queremos un Presupuesto repetitivo”, y si bien ciertos rubros son inamovibles, se debe “reorientar, priorizar” y “no porque se está haciendo hay que seguir así”, añadió.
El equipo económico entiende que el Presupuesto quinquenal en su globalidad deberá ser “muy restrictivo”. En su primer año de vigencia (2021) será, básicamente, el que está rigiendo pero aplicándole el recorte de 15% ya instruido mediante decreto por el Poder Ejecutivo. En los siguientes —hasta el 2025— la intención es que, al menos conceptualmente, el gasto se mantenga “constante”.
