El Quijote y Cambalache

Hay quienes separan a ultranza la vida privada de la pública, en este caso porque de algo se tienen que agarrar para defender lo indefendible. El presunto título no integra su vida privada porque lo hizo público y su rúbrica la estampó en documentos y comunicados oficiales.

Cuando Peña fue designado ministro, en agosto de 2020 su compañero de Ciudadanos, el diputado Ope Pasquet, lo elogió: “Es expresión auténtica del batllismo canario. Hijo de una familia de chacareros del noreste de Canelones, llega a ministro de Estado por su capacidad y por su esfuerzo. El Partido Colorado y Ciudadanos están muy bien representados. ¡Arriba Adrián!”. Mucho entusiasmo en Twitter y poca averiguación, porque cuando llegó a ministro ya hacía rato que mentía. Pasquet, destacado por su ética, ahora insiste en que Peña se mantenga en el Senado. Muy raro.

El senador blanco Gustavo Penadés admitió que esto le hace mal al sistema político. Seguramente lo piensan todos los honestos. De cualquier manera, poco puede aportar el exministro al deteriorado Partido Colorado. Sus votantes —si le queda alguno— serán amigos y familiares que ya pasaron suficiente vergüenza. Lo mejor para todos es que deje el Senado y se recluya en la chacra familiar. Pero claro, como senador mantiene no solo el salario sino también la inmunidad frente a su violación a la ley.

El artículo 167 del Código Penal, sobre la “usurpación de título”, expresa que quien se arrogue títulos académicos o ejerza profesiones para cuyo desempeño se requiere una habilitación especial, será castigado con 20 UR a 900 UR de multa. El diccionario es claro: arrogarse es “atribuirse la facultad o cosa que se expresa de forma despótica o con desprecio hacia los demás”.

Algunos intentarán que para las próximas elecciones integre la lista al Senado, aunque haya que desplazar a varios honestos. Es complicada la situación de Ciudadanos, su exlíder Ernesto Talvi los abandonó cuando vio que no le daba el cuero, la inepta exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache renunció tras ocultar información sobre el narcotraficante Sebastián Marset y el diputado Felipe Schipani señaló a Jorge Díaz, abogado de Ache, como “sicario político”. Lo acusó de pasarle información de la Universidad Católica al periodista para “matar políticamente” al exministro. Y si lo hizo, ¿qué? ¿Qué se lo impedía? Este no es un asunto político sino ético, moral y legal. Lo indiscutible es que a Peña no lo mataron, se suicidó políticamente después de violar la ley.

Pero Schipani ahora pretende ensuciar a Draper metiéndolo lateralmente en una presunta conspiración. ¡Infame y repugnante! Los enanos morales con delirios de grandeza cada vez son más.

Peña no es el único violador de la ley. Antes una amplia mayoría de tramposos frenteamplistas rescataron en mi memoria las referencias que menciono al comienzo: “Traidor, descompuesto, villano, infacundo, deslenguado, atrevido, desdichado, maldiciente, canalla, rústico, patán, malmirado, bellaco, socarrón, mentecato y hediondo”, le enrostra Don Qujote a Sancho.

Discépolo plasmó en Cambalache una contundente denuncia de desesperanza e indignación ante la corrupción que no solo consiste en meterse plata ajena en el bolsillo: “¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón…”.

Entre los predecesores de Peña, el corrupto más notorio fue en 2016 el vicepresidente Raúl Sendic al descubrirse que se había atribuido el título de licenciado en Genética Humana. Solo estudió esa asignatura durante un año. Ese hecho y otras ilicitudes legales condujeron a su renuncia. Cuando se debatía sobre ese falso título de Sendic, el entonces diputado por Canelones fue un duro crítico del vicepresidente frenteamplista.

Hubo otros: el secretario político del Frente Amplio Gonzalo Reboledo se atribuyó ser licenciado en Sociología; la diputada Susana Pereyra (MPP) dijo ser maestra, aunque recibida en Argentina; el subdirector del Instituto Nacional de Rehabilitación Gustavo Belarra, durante la gestión de Eduardo Bonomi, se atribuyó ser sociólogo; el director de Asuntos Sociales del mismo Ministerio del Interior Leonardo Anzalone en 2016 contrató a su hermana Laura como psicóloga sin que esta tuviese el título; Lourdes Galván Lasarte, asesora del exministro de Salud Pública Jorge Basso, se atribuyó ser licenciada en Economía… la lista es más larga pero resultaría tediosa.

El mal ejemplo lo sembró hace décadas el Estado a través de la Universidad de la República (Udelar). Generosamente distinguió a miles de egresados de Abogacía, Medicina, Veterinaria y Odontología con el título de “Doctor”. Cursaron carreras de grado, pero no el posgrado, como en casi todo el mundo. La Udelar acaba de dar un primer paso para adecuarse a estándares internacionales al distinguir en la abogacía estudios de grado y posgrado, vale decir maestría y doctorado. A partir de ahora los abogados de la Udelar serán licenciados y si pretenden el doctorado deberán cursar otros tres años. Ignoro qué camino toman las universidades privadas con respecto a las carreras de Abogacía, Medicina, Veterinaria y Odontología. Por ahora tratan de no hacer ruido.

Así nos va.