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    El Sunca sugerirá modificar la norma si su aplicación afecta al “pobre empresario que no tiene nada que ver con el accidente”

    Es la tarde del miércoles 19 y Oscar Andrade, secretario general del Sunca (Sindicato Único de la Construcción y Anexos) ha pasado prácticamente todo el día en la central sindical. Reuniones y llamados telefónicos marcan la agenda de un hombre que, para muchos, le torció el brazo a la bancada del Frente Amplio para aprobar el proyecto sobre responsabilidad penal empresarial. 

    El dirigente comunista lo rechaza ya que, sostiene, en el proceso de discusión hubo “múltiples concesiones”, aunque confiesa que esperaba que la votación —concretada el martes 18— fuera “un trámite” en la Cámara de Senadores y que le sorprendió la amplia “exposición mediática” de las diferencias emergidas en ese ámbito.

    Con sus 39 años, más de 20 dedicados al trabajo en la construcción, Andrade afirma que la ley tiene una “enorme fortaleza constitucional”.

    También dice que operará más que nada “en la cabeza de la sociedad”, que de “eficacia penal va a tener muy poca” y que la presentación de demandas sucederá “una vez al año como mucho”. Considera que es “imposible” que un empresario vaya preso sin tener nada que ver con una “barbaridad gigante” y asegura que se movilizará si la ley “agarra al pobre empresario que no tiene nada que ver con el accidente”.

    Mientras muestra una decena de informes jurídicos y legislaciones internacionales que lleva consigo en su bolso, descarta que se vaya a generar un quiebre en la relación con los empleadores y criticó a algunos empresarios que “hablan de una ley que no conocen”.

    Lo que sigue a continuación es una síntesis de la entrevista que Andrade mantuvo con Búsqueda.

    —¿Qué piensa cuando se dice que el Sunca y usted particularmente, le dobló el brazo al Frente Amplio con este proyecto?

    —No es cierto. Nosotros hicimos bien en tener tres años de discusión con el Poder Ejecutivo y la bancada mayoritaria sin mediatizarla.

    El proyecto original era diferente. Todas las bancadas no estaban de acuerdo y fuimos a buscar en la legislación comparada, porque nos decían que se buscaba legislar sobre algo que ya está legislado. 

    En esos tres años de discusión hicimos múltiples concesiones. Si fuera como se decía ayer (por el martes), nos doblaron varias veces el brazo. En el proyecto original el delito no era siempre excarcelable; queríamos reservar una parte de la pena para casos de tal gravedad que pudiera no quedar excarcelable. Hubo un pedido muy fuerte de que si no se sacaba eso no había acuerdo y cedimos a que fuera excarcelable. Sobre la referencia al Banco de Seguros con respecto a la culpa o culpa grave, nosotros decíamos que si tenía culpa el Banco de Seguros podía volver a ir contra la empresa, y nos pidieron que fuera “culpa grave” y que no había que generar un trancazo demasiado fuerte, y lo aceptamos. La condición del tercerizado no la pusimos para evitar responsabilidad objetiva y que se declarara inconstitucional el proyecto. 

    En el transcurso del proceso hubo múltiples concesiones para llegar al acuerdo en noviembre en el que participa el Poder Ejecutivo, la bancada de Diputados y nosotros. 

    Dio la impresión que nosotros arriba de un tablón sin formación jurídica escribimos un gollete, tiramos para arriba y vamo y vamo. No es cierto, se armó un proyecto que tuvo idas y vueltas. ¡Las vueltas que dimos por el tema de la constitucionalidad en dos años y pico! Además teníamos una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de admitir el delito penal en blanco, de admitir la reglamentación como parte del llenado de la ley. 

    Entonces dijimos, no nos complicamos, en vez de votar decenas de leyes para poner en ley los reglamentos —cuando hay experiencia larga de que esto lo admite el derecho nacional—. No es que torcimos brazos, llegamos a un acuerdo de una ley moderada. 

    —El problema surge en el Senado. ¿Lo esperaban?

    —En el Senado tuvimos dificultades. La primera fue de funcionamiento. Con el Senado de noviembre a acá nos reunimos solamente dos veces; la primera es en febrero, 23 o 24, y nos informan que tienen una modificación, la de omisión deliberada. Hicimos consultas a los asesores legales que nos dijeron que era absurdo el cambio. Algunos nos dijeron que era una aberración jurídica. 

    Después que salió de Diputados, después de un proceso tan largo y tan complejo, pensamos que en el Senado iba a ser un trámite. No esperábamos que hubiera tal exposición mediática de la diferencia.

    —La diferencia es por una palabra: “deliberadamente”.

    —Nuestros asesores jurídicos nos dicen que el Código Penal uruguayo es contundente en el sentido de que solamente admite la circunstancia culposa en caso de homicidios o lesiones. Y si bien esta ley se está propagandeando que es de homicidio o lesiones, nosotros decimos que no, que es un delito de peligro que es intencional. En todos los delitos de peligro que son intencionales no existe el término deliberado. Ponerlo no ayuda en nada la ley porque va de suyo que tiene que ser consciente el acto y ponerlo le complica la vida al juez.

    —¿Pero no se entiende por qué ustedes no llevaban ese cambio?

    —Yo no encuentro a nadie que nos diga que es necesario. No recibimos un solo informe jurídico que fundamentara el cambio, y eso se lo reclamamos a los senadores. Nosotros presentamos informes de una decena de asesores jurídicos que nos decían que no era necesario. No fue un capricho. Después se hizo un mundo de la diferencia. Además, no es serio decir que esa palabra le da o le quita constitucionalidad a la cosa. Este proyecto tiene enorme fortaleza constitucional. Una ley no se transforma en inconstitucional porque vos digas muchas veces que es inconstitucional. 

    Te ponen ejemplos de la doméstica que se cae y vas preso, ¡el peluquero, escuché! ¿Qué ley laboral tiene que violar un peluquero para ir preso? La jugada nuestra es difundir los contenidos de la ley, establecer señales para generar condiciones en los empresarios que están asustados producto de una campaña muy equivocada de las cámaras. Si logramos bajar un muerto, valió la pena, y si logramos bajar más, mejor.

    —¿No cree que los juzgados se llenen de demandas?

    —Una vez al año como mucho. Dentro de seis meses le voy a preguntar a los que dijeron que todas las domésticas de un día para el otro van a hacer juicios penales. ¿Juicios penales? ¡Si no convocan al patrón al ministerio! Hay una exageración tremenda. 

    Hay una falta de ponderación de lo que efectivamente se votó a lo que parece que se votó. Y ahí hay una altísima responsabilidad de los empresarios y de algunos operadores de la oposición que son lamentables. El planteo del senador (Aldo) Lamorte da vergüenza ajena. No puede decir que con esta ley el jugador de fútbol que se desgarra manda preso al presidente del club. Es burlarse de un tema que es muy doloroso.

    —¿Qué puede explicar esta reacción, no solo de los empresarios sino también de hasta legisladores oficialistas?

    —Escucho a los empresarios y la mayoría de ellos habla de una ley que no conoce. (El presidente de la Cámara de Industrias, Javier) Carrau sale y dice que a los trabajadores les gusta el porro y entonces va a ser responsable penal. O no conoce o es malintencionado.

    Esta ley no habla del accidente una vez que ocurra sino que lo que pena es la violación de la normativa laboral de tal gravedad, cuando se demuestra que violaste una norma que conocías y pusiste en grave riesgo la vida de un trabajador. 

    Yo sé que la ley, de eficacia penal, va a tener muy poca. No tengo que hacerme autocrítica. Yo siempre dije: “no esperen filas de empresarios procesados”. Esta es una ley que genera enormes dificultades probatorias para generar un juicio penal posible de resultado. Pero da una señal política en una dirección muy correcta. Juega en la cabeza de la sociedad. 

    —¿No cree que haya un quiebre en la relación con las empresas a partir de esto?

    —No, no. Hoy (por ayer) definimos convocar a las cámaras para la semana que viene para discutir en serio todo lo que plantearon. Nosotros estamos de acuerdo en que haya más educación, con generar cursos para miles de trabajadores, generar campañas de sensibilización, armar un registro de las empresas infractoras. 

    Ayer (por el martes) parecía que se caía el Uruguay, que empezó la dictadura del proletariado... es un absurdo. Nosotros hicimos concesiones, si tengo que ceder sobre la base de razones cedo. Pero después se radicalizó absurdamente. 

    Es muy difícil construir argumentos contundentes contra esta iniciativa, salvo que pienses que se aplica en el aire. Si acá fuera que el sistema penal operara distinto, con una rigurosidad diez veces mayor con el tema de accidentes mortales, capaz que algunas preocupaciones tendrían otra atención. Con las dificultades gigantescas que existen para procesar a alguien por delito de homicidio culposo cuando muere un trabajador, pensar que por un delito de peligro va a haber inundación de procesamientos solo sirvió para generar pánico, para movilizar en contra de la ley. 

    —¿No hubo legisladores del oficialismo que quedaron atrapados en ese discurso también?

    —Yo no escuché ese discurso. Fue un gran acierto haber votado la ley, que es lo principal. Después en un segundo plano de valoración, me parece que algunas argumentaciones que se colocaron no fueron muy sensatas. No fue sensato decir que había un solo informe de (José) Korzeniak, cuando todo el mundo sabe que está lleno de informes jurídicos a favor de la ley. Pero ese es un debate que nosotros no vamos a colocarlo como central.

    ¿Alguien piensa que vos querés que injustamente el dueño del tallercito mecánico vaya preso? Yo estoy seguro que eso no va a pasar, estoy convencido, no tengo la más mínima duda de que no va a pasar. A los que dijeron que eso iba a pasar por decenas son los que van a tener que aclarar. ¿Esta es una ley contra el empresariado? De ninguna manera, tenemos claro que esta es una ley contra las prácticas salvajes irresponsables que generan riesgo de muerte inminente de manera innecesaria. Ser empresario no es esa práctica. Ahora, el empresariado solo se pone en ese lugar por la forma radical en que se opone al proyecto.

    Que un empresario vaya preso sin tener nada que ver en una barbaridad gigante es imposible. Esta ley no coloca en riesgo la libertad del empresario si no comete una barbaridad. Si por una hipótesis muy extraordinaria eso pasara somos los primeros en querer cambiar la ley. 

    —¿Estaría dispuesto a cambiarla si se da un caso así?

    —Por supuesto, pero me movilizo para cambiar la ley. Si esta ley agarra al pobre empresario que no tiene nada que ver con el accidente y los jueces empiezan a condenar empresarios.... Pero esa posibilidad, para el que conoce como opera la juridisprudencia uruguaya en materia de accidentes laborales, no es ni remota. Estoy convencido de que esa ley tiene ese margen, va a operar en casos excepcionales extremadamente graves. 

    Los legisladores blancos plantearon como una amenaza el planteo del sindicato de recorrer el país indicando quiénes se opusieran al proyecto de ley. ¿Qué dice al respecto?

    —Ante una norma de estas características, tenemos todo el derecho de informarle a todos los compañeros la aprobación de la norma y con qué respaldo se aprueba. Es más, si había un cortocircuito de tal magnitud que no salía la norma, era necesario ubicar las responsabilidades.

    La Iglesia salió a colocar en todas las iglesias quién votó la ley de despenalización del aborto y quién no. Tiene derecho a informar. ¿Alguien le cuestiona eso? Cualquier organización tiene derecho y es más democracia dar la información sobre qué legisladores votan.