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La muerte del teniente coronel retirado José Nino Gavazzo estableció el final físico del mayor símbolo de torturas, desapariciones y asesinatos en la historia de la dictadura. No fue el único responsable, pero en esa etapa ningún otro militar o civil tiene un estigma tan perverso e infamante, aunque todos son igualmente despreciables.
Paulo Coelho razona: “No es fácil ni importante volver al pasado y reabrir las cicatrices”. Pero admite: “La única justificación es saber que ese conocimiento me ayudará a entender mejor el presente”. Para reafirmarlo y no repetir nubarrones del pasado, muchos luchan para desvelar su historia, aunque noticias minúsculas puedan empujarla al olvido. Para evitarlo es necesario rememorar lo ocurrido en torno a Gavazzo luego de la minúscula noticia de su muerte, el 26 de junio. Hay que recordar sus antecedentes y crímenes, pero también y fundamental el papel de la Justicia, que se suele relegar. En 2006 un señor juez intervino para procesarlo y estableció un hecho histórico en la historia judicial. Gavazzo se topó con un horcón del medio, el juez Luis Charles.
Con Gavazzo cayeron sus compañeros Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ricardo Arab y Ernesto Ramas, como él, condenados a 25 años. Otro militar, Luis Maurente, y los expolicías José Sande y Ricardo Medina fueron condenados a 20 años. Todos como autores de 28 homicidios especialmente agravados cometidos en el marco del llamado segundo vuelo, cuya existencia los investigados negaron.
En la investigación intervino la fiscal Mirtha Guianze. En una entrevista de 2019 con Paula Barquet, en El País, consideró clave la declaración del exjefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, Enrique Bonelli, porque admitió la existencia de ese segundo vuelo el 5 de octubre de 1976: “Es el que dio mejor información (…). Lo vi realmente conmovido (…) casi a punto del llanto…”.
Charles describe en la condena de 2009 la filosofía de ese grupo: “Los unía el desprecio por la vida de aquellos que consideraban sus enemigos y entonces, como manos ejecutoras del terrorismo de Estado, vulneraron no solo manuales de procedimientos, lo que poco importaría, sino fundamentalmente derechos inherentes a la persona humana, utilizando para ello métodos degradantes”.
Hasta los 81 años, cuando murió, Gavazzo exhibió una desafiante sonrisa. Muchos celebraron su muerte. Otros se ubican en la acera opuesta. El general retirado, senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, desde hace tres años le ha imputado a jueces y fiscales una conspiración delictiva. Hace dos semanas, cuestionó al sistema judicial la directora de la Oficina del Adulto Mayor y Discapacidad de la Intendencia Departamental de Rocha, la ignorante cabildante Susana Núñez, luego obligada a renunciar. La semana pasada en Búsqueda en una entrevista de Sergio Israel y Juan Pablo Mosteiro se sumó el integrante militar de la Suprema Corte de Justicia cercano a Manini Ríos, el abogado y coronel retirado Eduardo Aranco Gil: “No hay seguridad jurídica” para los militares procesados injustamente, dijo. Su cargo es de cinco años reelegible. Aranco obtuvo la primera venia en 2009, la segunda en 2015 y la tercera en 2021 a solicitud del actual gobierno.
Esas imputaciones sobre el denunciado contubernio judicial comprenden a unos 20 jueces y fiscales y a los ministros de la Corte que intervinieron en alguno de esos procesos.
Comienzo tienen las cosas de un acontecimiento histórico que no debe limitarse a los delincuentes.
En 1973, cuando el golpe de Estado, Charles tenía 11 años. En bicicleta repartía pastas en los alrededores de camino Mendoza donde vivía con su familia de escasos recursos. Se daba algunos gustos, pero la mayor parte quedaba en su casa. Al año siguiente ingresó al liceo con la pretensión de ser abogado.
En esa misma época Gavazzo, de 34 años, revistaba en inteligencia militar de la División I del Ejército. La dictadura le vino como anillo al dedo para reafirmar abusos anteriores. En 1974 integró el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). En 1976 pasó a ser segundo jefe del Departamento III del Servicio de Información y Defensa (SID) junto con la OCOA, uno de los organismos de represión de opositores. Gavazzo y sus secuaces coordinaron acciones con otras dictaduras regionales a través del Plan Cóndor. Como la del segundo vuelo.
Charles se recibió de abogado con la vocación de ser juez. Integró la segunda generación del Centro de Estudios Judiciales y en 1989 ingresó como juez de Paz de San José. Tras varios destinos, en 1997 fue designado juez penal en Montevideo y en 2014 ascendió a ministro del Tribunal de Apelaciones Penal de cuarto turno.
En 1997 Gavazzo ignoraba la existencia de Charles y este solo conocía la del militar a través de algunas notas periodísticas.
A partir de 2004 el juez y el militar estuvieron varias veces frente a frente en el despacho de Charles, en el tercer piso de la calle Misiones 1469. Algunos interrogatorios fueron ríspidos y el juez se impuso a la impertinencia del militar.
Gavazzo fue más tarde responsabilizado de otras muertes, las de Julio Castro, Roberto Gomensoro y María Claudia García de Gelman. Otros asesinatos quedaron por el camino. Pero los comprobados lo convirtieron en el primer y mayor asesino serial de la historia uruguaya.
Cumplidos 60 años Charles lleva como siempre una vida recoleta lejos de las candilejas y de las redes sociales. Desde que comenzó en la estatal Facultad de Derecho, cuando luego fue designado juez penal en Montevideo y hasta ahora como ministro, diariamente se ha trasladado a estudiar o a trabajar en el ómnibus de Cutcsa de recorrido 149. Su parada está cerca de su casa paterna en camino Mendoza. Aún vive allí y en los ratos libres cultiva una pequeña quinta.
