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Hace un par de días el ministro del Interior propuso expulsar a todos los inmigrantes que hayan delinquido en Uruguay y tengan una sentencia firme. Luis Alberto Heber dijo a la prensa: “Si vienen a hacer redes de prostitución, de explotación de menores, de drogas, de narcotráfico, nada tienen que hacer acá”. Y agregó, contundente: “No los queremos ni en las cárceles”. Entre los argumentos para sus declaraciones, el ministro señaló que el país no tiene por qué asumir los costes del encierro de estos delincuentes extranjeros. Al mismo tiempo, Heber reconoció que Uruguay ya cuenta con herramientas legales para hacerlo, pero que las considera demasiado lentas y que por eso propondrá un proyecto de ley específico.
Leyendo al ministro uno podría pensar que el país se encuentra al borde del abismo delictivo generado por esos extranjeros que deben ser expulsados a toda costa. Pero mirando los números de presos que tiene el país se puede ver que los extranjeros son apenas 350 dentro de un total de casi 12.000 presos. Es decir, menos del 3% del total. Por otro lado, la población carcelaria uruguaya es más o menos el 0,04% de la población total, que son algo menos de 3 millones y medio. Y entre los inmigrantes que viven en el país, unos 82.000, es ese mismo 0,04% el porcentaje que delinque. Es decir, los inmigrantes delinquen en igual proporción que los autóctonos y el costo de tenerlos en prisión no llega al 3% del total.
En definitiva, no parecen números excepcionalmente graves que ameriten una salida a la prensa del ministro, una nueva ley ni, mucho menos, que justifiquen el remolino xenófobo que viene creciendo gracias a esas declaraciones. Un remolino que de momento se reduce a las redes morales y los comentarios de los diarios digitales. Es verdad, tanto Twitter como las zonas de comentarios de los digitales huelen peor que el sistema de drenaje profundo de la Ciudad de México, pero no dejan de ser conciudadanos quienes dejan allí sus deposiciones. Conciudadanos que parecen haberse sentido validados para dar rienda suelta a su xenofobia gracias a las declaraciones de la autoridad responsable.
¿De qué manera expulsar esos presos inmigrantes mejoraría la situación delictiva en el país? ¿Tiene sentido ahorrarse menos del 3% de los costos carcelarios al precio de asociar públicamente y desde la autoridad la idea de delincuencia con la de inmigración? En un momento en que el país está recibiendo, por primera vez en un montón de años, un número relevante de inmigrantes, ¿tiene sentido que ese “ellos” vs. “nosotros” salga de la boca de un ministro? Y ojo que no estoy defendiendo a ningún delincuente, uruguayo o foráneo. Simplemente creo que, como ocurre con los asuntos positivos, es decir, aquellos que tienen que ver con el ejercicio de derechos, con las obligaciones debería ocurrir lo mismo: todos somos iguales ante la ley y su rigor se aplica a todos por igual.
Precisamente sobre asuntos más urgentes que están en la órbita del Ministerio del Interior, en marzo de 2021 el fallecido ministro Jorge Larrañaga comentaba una situación doble: por un lado, decía, el aumento de presos demostraba que su cartera estaba combatiendo mejor el delito. Por otro, esto estaba provocando un hacinamiento inaceptable en las cárceles, llegando al récord desde 2013 del 130%. ¿Qué quiere decir esto? Que donde deberían estar alojados 100 presos se hacinaban 130. El máximo aceptado por la ONU es de 110% y pasado el 120% se lo considera hacinamiento crítico.
Por eso el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, declaraba entonces a Búsqueda: “El hacinamiento crítico es una señal de que el sistema en su conjunto debe ser repensado y revisado. Viene de la mano de falta de tratamiento y condiciones antisociales de convivencia. Se pueden hacer muchas cosas buenas y focalizadas, pero el hacinamiento crítico generalizado condena a que el sistema en conjunto no funcione como un dispositivo de rehabilitación, sino como un archipiélago muy heterogéneo con algunas islas muy alentadoras… No veo posible que exista un sistema rehabilitador si tiene hacinamiento crítico”.
También en marzo el Ministerio del Interior informaba que se estaba llevando a cabo una serie de reformas en distintas cárceles del país con la intención de solventar ese hacinamiento crítico. Sin embargo, el mes pasado Petit señalaba que según los resultados del Informe sobre la situación carcelaria y del sistema de medidas alternativas y contando con datos actualizados a mayo de 2021 “no se preveía la necesidad de más personal técnico, más operadores penitenciarios y rubros para infraestructura y funcionamiento”. Y agregaba: “Si se compara este informe con el publicado el año pasado, se puede advertir que las condiciones de privación de libertad en el sistema penitenciario empeoraron”.
En 2019, “el 73% de la población penitenciaria estaba alojada en lugares que no ofrecen las posibilidades de rehabilitación necesarias para facilitar su reinserción social” mientras que el más reciente informe estima que actualmente es el 89%. Esto es, que nueve de cada 10 presos no tienen la menor chance de rehabilitarse. El documento señala además que “en el 33% de los establecimientos se detecta trato cruel, inhumano o degradante (26% en 2019); insuficientes condiciones para la integración social y rehabilitación en el 56% (47%); y apenas en el 11% (27%) se apreciaron buenas condiciones y oportunidades de integración social”. Parece que no faltan temas enormes y complejos que requieren un tratamiento urgente de parte del Ministerio del Interior.
Es obvio que la situación estructural del sistema carcelario uruguayo no puede ser atribuida a la presente administración ni, mucho menos, al actual ministro del Interior. Pero lo que sí se le puede (y se le debe) exigir a las autoridades es que sean capaces de colocar el foco de su acción en aquellos problemas y áreas de mayor impacto y que están urgidas de mejoras. Esto es, en esos problemas estructurales que se arrastran y que, según los números más recientes, no paran de empeorar. Poner el foco en los inmigrantes que delinquen en el país como si fuera una hecatombe en ciernes se parece más a un atajo ideológico destinado a llenarle el ojo a los sectores más punitivistas de la población que a un intento serio de empezar a solucionar los graves problemas de seguridad y carcelarios que tiene Uruguay. Que es precisamente lo que se prometió en la campaña electoral.
No hay que ser un genio para darse cuenta del riesgo social que implica poner en un mismo enunciado las palabras inmigrante, delincuente y expulsión, especialmente cuando quien dice la frase es el máximo responsable de la seguridad en el país. Tampoco que siendo la autoridad conviene ser especialmente cauto, más siendo el encargado de gestionar nuestra seguridad, la de todos, incluida esa muy inmensa mayoría de inmigrantes que no delinquen ni van a hacerlo. Lo peor que le puede pasar a un cuerpo de bomberos es tener un pirómano entre los suyos y que además resulte ser el jefe.
