Como el delito se ha globalizado igual que la economía, requirió una respuesta acorde. “Los países más poderosos se juntaron, crearon el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y fueron estableciendo normas para combatir el lavado de activos que terminan regulando el mundo entero”, resumió el secretario uruguayo antilavado.
“Herramienta compulsiva”.
Sufriendo aún por el jet-lag producto del viaje, Bonomi y Díaz Fraga expusieron el 3 de julio ante los ministros del Interior y las autoridades del GAFI que asistieron al foro. “La creciente mundialización económica ha permitido el salto de unas organizaciones criminales confinadas a ámbitos restringidos hacia una actuación a escala mundial —comienza la intervención de los representantes uruguayos—. El avance que este tema ha tenido en el mundo implica que resulte ocioso abordarlo sin tener bien claro que el aspecto económico es lo que le da su razón de ser a la criminalidad organizada y, cada vez más, es el elemento que cohesiona a la organización en perjuicio de los estados. El dinero les da poder y la falta de dinero se los quita”.
Según un informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, presentado en 2012, el crimen organizado transnacional mueve U$S 870.000 millones al año (17,5 veces el Producto Bruto Interno de Uruguay). El negocio más lucrativo es el narcotráfico, en el que se manejan U$S 320.000 millones.
A lo largo de los 14 minutos que duró la exposición, Díaz y Bonomi describieron las medidas que adoptó Uruguay en los últimos 15 años para combatir el delito de lavado de activos. Ese delito se comete mediante el ocultamiento, la conversión o la transferencia de dinero o bienes producidos por ilícitos.
En 1998 Uruguay incluyó en la “ley de estupefacientes” Nº 17.016 una serie de artículos en los que se castigaba el delito de lavado de activos relacionados con el narcotráfico. Eran tiempos en los que “las presiones internacionales eran grandes, pero soportables”, declaró a Búsqueda Raúl Cervini, profesor de Derecho Penal en la Universidad de la República y en la Universidad Católica. “Con el esfuerzo del GAFI, las necesidades tributarias internacionales y los incidentes del 11 de setiembre del 2001, se empiezan a aplicar en Europa y Estados Unidos políticas similares, lo que hace que la capacidad de maniobra sea mucho menor”.
A partir del GAFI, una organización asociada al G20, los “países centrales” encontraron “la herramienta que se hacía impensable en otro momento”, sostuvo Díaz Fraga, que preside la sección sudamericana de la organización (Gafisud).
El GAFI está integrado por 34 países, pero alcanza los 190 si se cuenta a los grupos regionales como el Gafisud. “No es que le digan lo que tiene que hacer, sino que le dicen que si no cumple con sus recomendaciones, que son 40, va a quedar en una lista, lo que va a implicar que ellos tomen determinada conducta hacia uno”, dijo Díaz Fraga cuando recibió a Búsqueda en su despacho ubicado en el piso 9 de la Torre Ejecutiva. Y agregó: “Entonces no le están imponiendo, pero no le dan mucho margen. Esa herramienta es compulsiva de alguna manera, pero usted no puede decir que le está afectando la soberanía”.
Las sanciones del GAFI son casi automáticas una vez que un país ingresa en una lista por incumplimientos. Los castigos pueden implicar sanciones económicas, recargos en las transacciones internacionales y su consecuencia en el aumento de los costos de exportación, entre otras.
Uruguay, sostuvo Díaz Fraga, “no tiene la espalda” para soportar las sanciones.
A partir de esas reglas de juego, el Parlamento uruguayo ha ido adaptando la legislación para cumplir con los requisitos exigidos a nivel internacional. En 2004 aprobó la ley 17.835, con la que se estableció el “sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo”. Al año siguiente se produjo el primer procesamiento por el delito de lavado de activos.
Según datos del gobierno, entre el 2005 y el 2013 hubo 141 procesamientos por ese crimen (ver recuadro).
“En determinadas esferas entrar y salir de la cárcel es algo normal, es un costo que hay que pagar a cambio del dinero y el poder. Lo que sí les duele es hacer todo eso para luego quedarse sin nada”, explicó Graciela Gatti, jueza que estuvo al frente de uno de los dos juzgados especializados en crimen organizado creados en 2008. Gatti es ahora ministra de Apelaciones en lo Civil.
Un policía con más de 20 años de experiencia en perseguir delitos económicos dijo a Búsqueda que lo natural es que “cuanto más especialización” y más normas se aprueben, mayor va a ser la cantidad de procesamientos. “No es que antes” no hubiera lavado, añadió.
Tanto Díaz Fraga como Cervini dijeron que las medidas adoptadas por Uruguay responden a las presiones internacionales, pero también a “la necesidad” y a “la razón”.
“Si nosotros tenemos mucho más cerca de Uruguay las confrontaciones con organizaciones internacionales, como ahora está sucediendo en Paraguay, si nos parecemos un poquito más a México de lo que nos parecíamos antes, entonces tenemos que tomar estas medidas”, dijo Cervini.
En los hechos, la Policía uruguaya ha detectado bandas criminales que dominan la delincuencia en algunas zonas de la ciudad y ha desarticulado organizaciones de narcotraficantes extranjeros que operaban en Uruguay para trasladar droga desde los países de producción hacia Europa.
“Agentes de la CIA”.
Si el combate al lavado de activos supone un dolor de cabeza para el crimen organizado, también lo es para quienes desarrollan algunas actividades profesionales en Uruguay y en otras partes del mundo.
Las leyes y decretos aprobados en el país en los últimos años establecen que las instituciones del sistema financiero, casinos, inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, escribanos, rematadores, personas dedicadas a la comercialización de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas, explotadores de zonas francas y personas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales son “sujetos obligados” a denunciar “operaciones sospechosas” de lavado de activos (aquellas que resulten “inusuales” o no presenten “justificación económica o legal evidente”).
El 27 de junio, durante una reunión en la Asociación de Escribanos, Díaz Fraga escuchó las quejas de varios profesionales porque entienden que esas normas suponen romper con el “ejercicio liberal” de la profesión y les exigen ser “detectives” o “agentes de la CIA” durante su trabajo para conocer los detalles de las transacciones de sus clientes. Eso se vuelve más complicado, sostienen, cuando se trata de extranjeros que quieren invertir en Uruguay.
Consultado al respecto, Cervini afirmó que lo que están viviendo los escribanos hoy es parte de un proceso “natural” que también se da en el resto del mundo. “Es un movimiento universal, se van desplazando las cargas de vigilancia, colocando en la cabeza de particulares cosas que eran de cargo del Estado, porque se decía que están en mejor condición de detectar algo sospechoso”, dijo.
Para Díaz Fraga, los cuestionamientos que esgrimen los escribanos son parecidos “a los que deben haber” planteado los bancos cuando se incrementaron los controles en el sector financiero. “El problema es que en el mundo el único agente que interviene en las transacciones inmobiliarias y que no puede dejar de intervenir según la legislación uruguaya es el escribano”.
Según datos del Banco Central, el año pasado se presentaron 237 reportes de operaciones sospechosas, 18% más que en 2011. Del total, la mayoría son “solicitudes de apertura de cuentas o realización de transacciones que fueron rechazadas por falta o inconsistencia de información”. Las instituciones financieras fueron responsables del 96,7% de los reportes, mientras que solo el 0,9% provino de los escribanos.
El gobierno considera que la cantidad de reportes elaborados por el sector no financiero son pocos y por eso prevé aumentar los controles (Búsqueda Nº 1.720).
“Juego eterno”.
En el 2012 culminó la “tercera ronda” del GAFI, destinada a controlar los avances en materia de normativa, y en los próximos meses comenzará la “cuarta ronda”, cuya finalidad es analizar la eficacia del sistema.
En los últimos meses han surgido presuntos casos de lavado de activos. El de más alto perfil es el que denunció el periodista argentino Jorge Lanata vinculado a la compra de un campo en Maldonado con dinero obtenido mediante coimas.
Si Uruguay ha ido adoptando las “40 recomendaciones” del GAFI, ¿cuál es la situación del combate al lavado de activos?
Díaz Fraga sostuvo que el sistema “está bien” y que eso lo marca el hecho de que hubo 141 procesamientos cuando en otros países de la región “no llegan a los dos dígitos”. Además señaló que Uruguay ocupa el lugar 101 en el Índice de Basilea, que mide el riesgo de lavado de activos en 144 países. Paraguay está 8º, Argentina 12º y Estados Unidos en el puesto 97.
“No podemos decir que no se lave, pero estamos bien”, concluyó el jerarca.
Pese a ello, el gobierno resolvió contratar una auditoría para que analice las fortalezas y debilidades del sistema. En el Poder Ejecutivo opinan que todavía hay que avanzar en algunos puntos y, por eso, prevén mejorar las bases de datos del Ministerio del Interior y la Fiscalía, y así poder cruzar informaciones con otras dependencias.
En la mira de la Secretaría Antilavado están, entre otros sectores, las organizaciones civiles, porque no existe una vigilancia de sus actividades financieras.
“En general los estados han entendido que las actividades que cumplen las asociaciones civiles en general merecen exoneraciones tributarias. Entonces le quitan el ojo más severo que tiene el Estado moderno sobre la actividad económica y financiera de las personas, que es la administración tributaria”, opinó Díaz.
“Son riesgosas las asociaciones civiles porque no tienen control, no por su naturaleza. Es riesgosa la actividad de las inmobiliarias porque no tienen control; si tuvieran control se desplazará a la venta de televisores, no lo sé”, añadió.
En la última reunión del GAFI en Oslo, a la que asistió el secretario antilavado, la organización recomendó a los países que tengan presente en sus estrategias el incremento de los medios de pagos a través de Internet. En este caso el objetivo también es mejorar los controles porque es en las actividades más descuidadas donde busca refugio el crimen.
Con una media sonrisa en su rostro, Díaz Fraga afirmó: “Es un juego eterno que va a acabar el día que se acabe el delito, el día que los delincuentes hagan delitos honorarios. Y el delito no pinta para acabar”.
